viernes, 31 de enero de 2014

682.- ¿Por qué da tanto miedo la energía solar fotovoltaica?

¿Por qué da tanto miedo la energía solar fotovoltaica?


¿Por qué da tanto miedo la energía solar fotovoltaica?

Artículo de Marta Victoria, integrante del Observatorio Crítico de la Energía
Miércoles, 29 de enero de 2014

Integrado por un grupo de jóvenes físicos e ingenieros, el Observatorio Crítico de la Energía (OCE) se forjó a principios de 2007 con el objetivo de emprender una actividad pública orientada a la "regeneración del sistema democrático". Según explican en su portal, "los principios fundamentales sobre los que se organiza dicha actividad tienen su origen en una crítica a la insostenibilidad ecológica y económica de nuestra sociedad y a la degradación de la cultura democrática". El OCE se define, así, como "un foro de discusión y análisis en el que se intenta generar un discurso riguroso e informado para abordar estas cuestiones desde una postura que combine la solvencia del método científico con la conciencia política y social". Marta Victoria, integrante del OCE y autora de este artículo, reflexiona aquí sobre las campañas político-mediáticas de desprestigio que ha sufrido la fotovoltaica en el último quinquenio y sobre el miedo que la revolución solar está desatando en Unesa, la gran patronal eléctrica española.

¿Por qué da tanto miedo la energía solar fotovoltaica?

La fotovoltaica (FV) da mucho miedo a las grandes empresas eléctricas españolas. Afirmo que les da miedo porque contra ella se han desarrollado algunas de las campañas de desprestigio más elaboradas y persistentes que se recuerdan: ¿quién no ha oído que es una fuente de generación muy cara? ¿Quién no ha escuchado alguna vez que se necesita más energía para fabricar un panel fotovoltaico que la que luego es capaz de generar ese panel a lo largo de su vida útil? ¿O que las centrales fotovoltaicas en España se enriquecieron generando fraudulentamente durante la noche? Por cierto, las tres afirmaciones previas son rotundamente falsas, la demostración de la primera se encuentra unos párrafos más abajo, la segunda y la tercera quedan rebatidas aquí y aquí.

Sobre el autoconsumo

También es una prueba del miedo que produce la fotovoltaica la reciente legislación de autoconsumo, o, mejor dicho, de no-autoconsumo, legislación en la que la influencia de Unesa a la hora de fijar la política energética ha sido más que evidente. La normativa vigente impone el pago de unos peajes excesivos a todo aquel que quiera conectar su sistema fotovoltaico doméstico a la red. Excesivos, porque no gravan solo la energía intercambiada con la red, que funciona a modo de batería, sino que además gravan aquella energía que el sistema instalado produzca y el usuario consuma en ese mismo instante, sin pasar por la red eléctrica. El Ejecutivo impone además medidas retroactivas, como la obligatoriedad de hacerse visible para Red Eléctrica de España, teniendo que instalar para ello un contador con telemedida, y establece multas de hasta varios millones de euros para aquellos que infrinjan la norma. En definitiva, al contrario de lo que está sucediendo en la mayoría de países tanto en Europa como en el resto del mundo, en España se ha publicado una legislación que va, literalmente, a impedir el desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas domésticas.

Dos hipótesis plausibles que justifican el miedo a esta fuente de generación eléctrica

La primera hipótesis es sencilla: la fotovoltaica funciona. Por mucha demagogia que se haga sobre el tema, los datos avalan el funcionamiento a un coste razonable de esta fuente de energía junto con considerables ventajas ambientales asociadas. En 2012, ya había instalados en el mundo más de cien gigavatios (100 GW). El precio del panel solar ha descendido vertiginosamente durante la última década hasta situarse muy por debajo de un euro el vatio pico. Precio de referencia para el que la generación doméstica fotovoltaica empieza a ser más barata que la electricidad comprada a la red en muchos países de Europa.

El asunto del coste merece alguna puntualización

Son muchos los expertos y analistas que asocian el bajo precio de los paneles fotovoltaicos en la actualidad a la entrada en el mercado de las compañías chinas. Sus reducidos costes de fabricación, unidos a la capacidad de endeudamiento que les ofrecían sus bancos o el propio gobierno, han conseguido echar del mercado a la mayoría de fabricantes europeos o estadounidenses. Si bien esto es cierto, la pregunta que debemos hacernos es si este fenómeno, la deslocalización de la producción a países con mano de obra más barata y menor control, ha ocurrido exclusivamente en los paneles fotovoltaicos o si, por el contrario, es representativo del sistema económico capitalista y global que impera actualmente.

La película completa

Quiero decir: ¿no ha hundido la fabricación de juguetes chinos a las empresas jugueteras españolas? ¿No es el precio al que se cosen todo tipo de prendas de ropa y calzado tan bajo que resulta imposible competir en coste si se fabrican en España? En opinión de la autora, si nos quedamos con los grandes rasgos, lo único que diferencia el caso fotovoltaico del resto es que todo el proceso -que incluye la investigación y desarrollo del producto en Europa, su traspaso a las industrias europeas, la posterior transferencia a las industrias chinas y, consecuentemente, la quiebra de las europeas- ha sido tan rápido en el caso fotovoltaico que en apenas 10 años se ha completado permitiéndonos observar la “película completa“ en muy poco tiempo.

De injusticia e hipocresía

Por supuesto, a muchas personas nos parece inaceptable esta situación. Queremos que las empresas tecnológicas y los puestos de trabajo asociados a ellas se mantengan en Europa. Queremos que los paneles fotovoltaicos que producen nuestra electricidad (así como nuestra ropa y nuestros ordenadores) sean fabricados en condiciones de trabajo dignas y que respeten el medio ambiente. Pero resulta hipócrita denunciar la terrible injusticia que supone la deslocalización de la producción fotovoltaica a China e ignorar que lo mismo está ocurriendo para el resto de nuestros productos de consumo. Como es posible que, por lo menos durante los próximos años, muchos de los paneles que se instalen en nuestro país hayan sido fabricados en China, creo que también es necesario que nos planteemos si esta importación nos parece mejor o peor que importar combustibles fósiles. Por ejemplo, más del 35% del gas natural que consumimos en España proviene de Argelia.

La FV, cada vez más y más competitiva

Una vez hechas estas salvedades, recuperemos la premisa inicial: los paneles fotovoltaicos son tan baratos hoy que resultan ya totalmente competitivos para generar energía en nuestras casas a un precio que merezca la pena. Y, puesto que el precio de los paneles no va a aumentar (si acaso permanecerá a un valor constante unos años antes de seguir disminuyendo) y puesto que el resto de fuentes energéticas utilizan recursos cada vez más escasos (gas, carbón, uranio) que sí van a aumentar su coste en un futuro, la energía solar fotovoltaica es ya competitiva y lo va a ser cada vez más. Si en 2012, el 2,9% de la generación eléctrica en España fue fotovoltaica, antes o después este porcentaje llegará a los dobles dígitos, siento su techo difícil de pronosticar. Sin embargo, ¿es esto suficiente para explicar el miedo de las empresas eléctricas a la fotovoltaica?

Segunda hipótesis: al funcionar, la fotovoltaica, permite el cambio social

La característica de la fotovoltaica que asusta a las grandes eléctricas no es su bajo coste sino su modularidad. El hecho de que los consumidores puedan comprar varios paneles y montar una instalación en su tejado que genere tanta electricidad como consumen cambia las reglas del juego. Permite algo tan sencillo, y a la vez tan poderoso, como romper un oligopolio. Y esto les da miedo. Porque, si se aprueba un Real Decreto de autoconsumo razonable y comenzamos a producir electricidad, esta tendrá un precio que compite directamente con el que nos ofrecen las comercializadoras, que está influido por el resultado del mercado mayorista y, en definitiva, por el control que ejercen sobre todo el sistema las grandes empresas eléctricas.

La eólica ha ido perdiendo su potencial de cambio social

Porque, si se instalan centrales fotovoltaicas propiedad de nuevos actores no pertenecientes a Unesa, por ejemplo, consumidores organizados en comunidades de propietarios o cooperativas energéticas, la situación también cambia. A la hora de vender en el mercado mayorista, las centrales fotovoltaicas compiten en coste prácticamente ya con las nucleares y, en unos años, lo harán con el gas. En definitiva, es esta inclusión de nuevos actores lo que realmente preocupa a las grandes eléctricas. Como muestra, se puede citar cómo estas empresas aceptan hoy la energía eólica, que en su día también tuvo costes elevados y problemas técnicos (como la fotovoltaica), pero que, a medida que se ha ido perfeccionando, ha rebajado su coste, sí, pero también ha aumentando el tamaño de los aerogeneradores y de la inversión necesaria y, por ende, ha disminuido su potencial de cambio social.

La ruina fotovoltaica

Los reiterados cambios legislativos retroactivos han obligado a algunas plantas fotovoltaicas, que innovaron e instalaron sus paneles FV a un precio mucho más elevado que los valores citados previamente, a declararse en quiebra. Hace unos meses, leíamos cómo estudiaba el gobierno la posibilidad de que estas plantas en quiebra acabaran en el Sareb, el banco malo creado para absorber los activos inmobiliarios tóxicos. No sería descabellado pensar que, en un futuro próximo, tengamos que contemplar impotentes cómo las mismas compañías eléctricas que han presionado para hundir a las huertas solares las adquieren a precio de saldo y las utilizan para generar energía. Probablemente los beneficios de la fotovoltaica se ensalcen entonces con tanta fuerza como se remarcan ahora sus desventajas.

La cuestión es...

En definitiva, las grandes eléctricas españolas no tienen miedo de la fotovoltaica como tecnología. Tienen miedo a que el cambio que esta puede producir les quite los injustos beneficios que llevan percibiendo desde hace décadas. Por eso, es necesario tener bien claro qué nos estamos jugando como sociedad en estos momentos. La cuestión no es si dentro de unos años un porcentaje considerable de la electricidad en España será generado mediante fotovoltaica. Esto es seguro que va a ocurrir. La cuestión es si las instalaciones FV serán distribuidas y propiedad de los consumidores o si, por el contrario, serán exclusivamente propiedad de las grandes empresas –que se las habrán robado literalmente a las pequeñas empresas y particulares que realizaron todo el trabajo de innovación y se arriesgaron cuando esta tecnología era todavía incipiente- y el esquema del mercado eléctrico permanecerá como el actual. Es decir, la cuestión es si somos capaces de aprovechar la revolución tecnológica que supone la fotovoltaica para generar la revolución social que suponga una democratización de la energía y el final del oligopolio energético. En eso estamos.

martes, 28 de enero de 2014

681.- Médicos y abogados se rebelan contra Gallardón




Médicos y abogados se rebelan contra Gallardón
"Seguiré haciendo abortos aunque acabe en la cárcel"

Por:   vanesa.rodriguez@huffingtonpost.es

Publicado: 27/01/2014 

El anteproyecto de ley del aborto de Gallardón se ha chocado contra un muro que está siendo levantado por muchas manos. Por un lado, desde las filas de su propio partido, donde destacados dirigentes se atreven de manera cada vez más clara a cuestionar la reforma. Por otro, por ciudadanos de a pie que comienzan a organizar protestas masivas. Pero también, por profesionales, como médicos y abogados, que luchan y se organizan para que no salga adelante.

El doctor Josep Lluis Carbonell lo tiene claro. "Es una auténtica vergüenza", asegura este ginecólogo valenciano a El Huffington Post. "Ante leyes como esta, que nos retrotraen 40 o 50 años, como sociedad y como pueblo, la única posición que nos queda a ciudadanos demócratas, mujeres y hombres, es rebelarse contra ella y hacer desobeciencia civil y no acatarla", reivindica.

Carbonell lleva 30 años -"toda la vida"- dedicado a "luchar por este derecho" y asegura que no permitirá "que sea borrado de un plumazo" por lo que no tiene miedo a las consecuencias de seguir practicando abortos cuando una mujer se lo solicite, incluso gratuitos: "Si por ello acabo con mis huesos en la cárcel, así será".

La primera versión del texto mantiene la sanción de uno a tres años de prisión e inhabilitación de uno a seis años para los médicos que practiquen abortos fuera de los parámetros marcados, que se reducen a dos: violación denunciada o riesgo físico o psíquico para la vida de la madre con varios informes que así lo avalen.

El director de la Clínica Mediterránea en Valencia está convencido de que, pese a todas las restricciones, las mujeres que quieran abortar lo seguirán haciendo. "Una mujer que ha decidido abortar es capaz de cualquier cosa, es algo que he aprendido en estos 30 años de profesión", explica.

Por eso Carbonell no ve otra opción que oponerse de manera activa a la ley si esta llega a aprobarse. De momento no descubre todas sus cartas sobre cómo plantarán cara a la reforma, algo que le consta que harán "muchos compañeros de profesión".

UN BARCO EN CADA PUERTO

"Aún falta tiempo para saber cómo va a ser esta campaña de desobediencia civil, si a 'pecho descubierto' o con operativos autónomos en casas", asegura. También contempla la opción de recurrir a la ONG holandesa 'Women on Waves', que fondea barcos en aguas internacionales para que especialistas practiquen abortos en alta mar.

Precisamente colaborar con esta ONG durante los años previos a la ley de Zapatero le valió al ginecólogo numerosas denuncias de grupos provida. "He estado 25 veces en un juzgado y 10 años en libertad provisional. He ganado todas las demandas, pero estar en libertad provisional durante 10 años sin poder salir del país es bastante grave", reconoce.

Sin embargo asegura no "tenerle miedo a a nada". "Después de haber sacrificado toda mi vida a esta causa no estoy dispuesto a jubilarme en retirada", avisa.

DEFENSA GRATUITA

A su lado, estarán abogados como Manuel Huertas, un malagueño que recientemente la liaba en Twitter ofreciendo apoyo a aquellos médicos y mujeres que se puedan ver envueltos en problemas con la futura ley.


  Manuel Huertas @ManuelHuertas75 

ME COMPROMETO!!: Defenderé GRATUITAMENTE a cualquier mujer o médico que fueren acusados practicar un #aborto si éste se considerase delito.


"Fue una locura", recuerda Huertas sobre la repercusión del tuit del que se hizo eco el diario El Sur de Málaga . En respuesta, muchos compañeros se han mostrado dispuestos a participar en la iniciativa, cuyo objetivo es poder formar en el futuro una plataforma a nivel nacional.

"Hay hambre en la sociedad española de que alguien ponga un poco sentido de común", afirma Huertas, que reivindica su compromiso con la sociedad. "Hago esto porque soy abogado, si fuera constructor haría casas para la mujeres que se vieran afectadas", explica.

Huertas denuncia que "todo lo que no sea una ley de plazos establece una serie de criterios que dependerá de los jueces y fiscales de turno" y señala que jurídicamente vuelve a considerar a la mujer como una "menor de edad" que siempre "necesita el consentimiento de otra persona".

Desde su despacho malagueño, Huertas anima a profesionales de toda España a que ofrezcan su respaldo jurídico a médicos y mujeres que puedan enfrentarse a algún problema en el futuro por practicar un aborto.

Por el momento, hasta ocho bufetes en Málaga ya han mostrado su voluntad de colaborar. También hay respuesta desde otras ciudades como Madrid y Barcelona, aunque Huertas señala que todavía no se ha "concretado nada" a la espera de posibles modificaciones en el anteproyecto. "Queremos esperar a ver cómo queda el texto, pero lo que realmente querría es que el ofrecimiento no sea necesario", asegura.

OBJETIVO: ABORTAR LA LEY

José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo), prefiere batallar con la ley antes de que salga adelante, sin querer plantearse todavía acciones en un futurible escenario donde la ley Gallardón esté vigente.

"Vamos a intentar por todos los medios que el proyecto de ley no salga adelante. Si sale la norma, llevarla a los tribunales de derechos humanos, seguir todas las vías legales posibles y agotar todos los recursos para derogarla", explica.

El abogado también denuncia la inseguridad jurídica del texto que "utiliza conceptos sujetos a interpretación" con los que los profesionales "van a estar al albor de la interpretación que luego se haga en los tribunales de la norma por la inconcreción que conlleva".

El asesor jurídico señala que la ley despoja a la mujer de su derecho para decidir sobre su integridad. "La mujer no es imputable porque o es 'tontita' o es menor de edad. Su criterio no tiene valor".

Bosch confía en que la ley no saldrá adelante con la formulación actual pero vaticina que habrá dos frentes en los que el Gobierno no cederá: "Que no lo pague el sistema público de salud y que sean mayores de 18 años".

El abogado de ACAI prevé que el polémico texto se va a "descafeinar mucho", para lo que parafrasea al mismo Vaticano: "Es una ley que va contra 'el signo de los tiempos' e ir contra el signo de los tiempos suele ser complicado".




Aborto en Europa: las restricciones en España hacen temer por los derechos de las mujeres

EL HUFFINGTON POST  |  Por Adrien Oster   |  Publicado: 22/01/14 


En Portugal abortar está autorizado hasta las diez semanas de embarazo, frente a las 24 que permiten en el Reino Unido. En Italia es totalmente gratuito, mientras que en Letonia corre a cargo de la mujer. En Irlanda, Polonia y Malta está casi prohibido. Hay casi tantas leyes diferentes sobre el aborto como países en el Viejo continente.

Actualmente el derecho al aborto corre peligro en España por el nuevo proyecto de ley que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, y en Suiza también se está debatiendo sobre el tema. El próximo 9 de febrero, los helvéticos se pronunciarán mediante referéndum sobre el reembolso de la interrupción voluntaria del embarazo. El texto, elaborado por miembros de varios partidos conservadores, cuestiona el pago de los abortos por parte de la Seguridad Social. Según estos políticos, el aborto es una elección privada que no debe ser financiada por el conjunto de los ciudadanos.

En Francia, no se cuestiona el derecho a abortar, pero sus detractores se están haciendo oír. Al igual que el ministro español de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, “convencido” de que su ley surtirá efectos en Europa, el colectivo “En marche pour la vie” (“En marcha por la vida”) -próximo al colectivo católico contra el matrimonio gay “La Manif pour tous”- desfiló en París el pasado 19 de enero para pedir la abolición del aborto. Por su parte, “Planning Familial” y otras asociaciones organizan el 1 de febrero en París una manifestación en defensa del derecho al aborto en España.

Si la mayoría conservadora del Parlamento español llega a un acuerdo sobre el texto de ley a pesar de los sondeos desfavorables y de las discordias internas (aparentemente tras las elecciones europeas de mayo de 2014), Francia podría convertirse en el destino privilegiado de las mujeres españolas que deseen abortar.

En Francia, las extranjeras y/o no residentes que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo se acogen a las mismas condiciones que las ciudadanas francesas. No obstante, según Danielle Gaudry, ginecóloga y responsable de la comisión de aborto de la organización Planning Familial, los gastos del aborto no corren a cargo del Estado si la intervención practicada en Francia va en contra de la legislación del país de origen de la mujer.

Con la futura ley, una española que desee abortar en un centro público francés, pero cuyo embarazo no sea de riesgo o no sea consecuencia de una violación, deberá pagar la intervención.

LAS FRANCESAS, A REINO UNIDO, EEEUU... Y ESPAÑA 

“Planning Familial” estima que 1.300 extranjeras pasan cada año por sus centros para recibir orientación y consejo en un establecimiento francés. En sentido inverso, la asociación evalúa entre 4.000 y 5.000 el número de francesas que traspasan cada año las fronteras para abortar en un país con plazos legales más flexibles que los franceses. La mayoría viaja a los Países Bajos, pero también a Reino Unido, a los Estados Unidos o… a España. Desde 2010, la ley española autoriza el aborto hasta las 14 semanas de embarazo frente a las 12 semanas de Francia.

En Francia, habrá que esperar a que pasen las elecciones municipales de marzo para que la tímida indignación de algunos responsables políticos surta efecto. A partir de abril, la perspectiva de las elecciones europeas ofrecerá la posibilidad de armonizar la legislación europea y la delicada cuestión del “turismo abortivo”. Danielle Gaudry prevé una campaña europea por parte de “Planning familial” para pedir que el derecho al aborto pase a formar parte de la Carta europea de los derechos fundamentales. 
Cuando le preguntaron sobre el proyecto de ley del Gobierno español, la ministra de los Derechos de la mujeres y portavoz del Gobierno, Najat Vallaud-Belkacem, hizo referencia a ”un número de lobbies muy conservadores que, en toda Europa, intentan hacer tambalear los derechos fundamentales”. En este contexto, “tendremos que tomar la palabra, pues las elecciones europeas también son la ocasión perfecta para tratar estos temas, las libertades fundamentales”, añadió. “Los lobbies antiabortistas en Europa llevan mucho tiempo intentando que se reconozca al feto como una persona humana”, señala Danielle Gaudry. “Pero desde hace tres o cuatro años, sus movimientos han tomado auge y han logrado movilizar a la gente más allá de sus esferas habituales”.

VACÍO LEGAL EN IRLANDA

Si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a varios países por no respetar sus propias leyes sobre el aborto, la Unión Europea se resiste a establecer los principios para una armonización entre los países miembros, a pesar de la resolución adoptada en julio de 2000 en la que se recomendaba a los Estados y a los países candidatos conceder el derecho a abortar. Con la condena a Irlanda en diciembre de 2010 por el vacío legal en torno a la cuestión, el Tribunal incluso estimó que Dublín se beneficiaba de un “amplio margen de apreciación”, a falta de “consenso europeo sobre la definición científica y jurídica del comienzo de la vida”.

El pasado 10 de diciembre, 10 días antes de que el Consejo de Ministros adoptara el proyecto de ley español, el Parlamento europeo rechazó un texto que reclamaba el derecho de las mujeres a abortar y a acceder a métodos anticonceptivos independientemente de cuál fuera su país de residencia en Europa. Presentado por una socialista portuguesa, el informe fue denunciado por la extrema derecha y los movimientos antiabortistas.

El mismo día, los diputados europeos prefirieron votar (334 votos a favor, 327 en contra y 35 abstenciones) un texto que reafirmaba la primacía de los Estados en cuestiones como el aborto y la anticoncepción. El nuevo texto deja así libertad a los Estados miembros para definir las políticas relativas a la salud y a la educación. En Malta, un protocolo anexado al tratado de adhesión de Malta a la Unión Europea (en 2004) garantizaba que la legislación europea actual y futura no podría modificar la ley maltesa sobre la interrupción del embarazo.





Cinco formas de abortar que reaparecerán si se aprueba la ley Gallardón


Daniel.basteiro@huffingtonpost.es       21/01/2014 



Las mujeres que quieran abortar, lo harán. La frase no es un argumento de las clínicas que se dedican a la interrupción del embarazo, sino de la Organización Mundial de la Salud, los ginecólogos y psiquiatras. “Hacer legal, seguro y accesible el aborto no incrementa significativamente la demanda. Al contrario, el principal efecto es convertir las prácticas que antes eran inseguras y clandestinas en seguras y legales”, señala un estudio publicado también por la revista The Lancet.

En 2012, último año del que hay registros oficiales, el número de abortos con la ley elaborada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue en total de 112.390. Según datos del Ministerio de Sanidad, son 5.000 abortos menos que en 2010, último año de vigencia parcial de la ley de 1985, la misma que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende endurecer.

Al eliminar el aborto como un derecho que no requiere justificación, al dejar fuera el supuesto de malformación e incluir requisitos como el doble análisis médico y una semana de reflexión, la nueva ley no sólo restringirá las posibilidades de abortar legalmente, sino que inevitablemente propiciará todo tipo de soluciones alternativas. Como advierte la OMS, esas prácticas pueden ser en muchos casos directamente "inseguras e ilegales", con el riesgo que eso supone para la salud de las mujeres.

Tras haber recabado información de ginecólogos, el Gobierno, clínicas abortistas y otros expertos, analizamos las distintas alternativas a la ley Gallardón:


INFORMES FALSOS




El anteproyecto del Ministerio de Justicia fía toda posibilidad de abortar al daño psíquico o físico de la embarazada. "Es una cuestión que no tiene nada que ver con la salud mental, la mujer que aborta no es una enferma”, en declaraciones de Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), publicadas por El País. Puede ser una situación que derive en problemas psíquicos, pero no se ha establecido que los cause. “A veces intervenimos, pero siempre por iniciativa propia de la mujer, para aliviar, consolar, apoyarla ante la decisión que ha tomado", señala la AEN.

Ante un gran porcentaje de casos que quedan fuera de la ley, los psiquiatras se verán entre dos decisiones muy delicadas: cumplir la ley y abandonar a la mujer en un momento crucial o diagnosticar un problema mental que no existe para permitir que aborte.

"En ese momento va a haber muchos médicos que busquen la manera de que se puedan aplicar abortos", asegura a El Huffington Post Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo (ACAI). Lo mismo opina Modesto Rey Novoa, ginecólogo en el Hospital Universitario de Burgos. "Habrá muchos colegas que ayuden", asegura el facultativo, también presidente de la Sociedad de Contracepción de Castilla y León.

Es lo que se conoce como el "coladero" del daño psíquico o psicológico, que era el supuesto más utilizado antes de que no hiciera falta justificar el porqué del aborto. La posibilidad de que se viole la ley de esa manera es reconocida incluso en círculos del propio PP y ya se producía al amparo de la ley de 1985, inspiradora de la nueva reforma. Además, ese "coladero" ha sido siempre muy criticado por las llamadas asociaciones provida.

Al explicar el anteproyecto, el Ministerio de Justicia rechaza la posibilidad en una comunicación remitida a El HuffPost. "No se trata de violar el espíritu de ley si no de incumplir la ley. La mala praxis médica está regulada en el caso de los psiquiatras así como de cualquier otro facultativo". Las penas de cárcel oscilan entre uno y tres años para los médicos que firmen con los ojos cerrados partes de daños psíquicos.


EL EXTRANJERO: LISBOA O LONDRES




"Estuve abortando en Londres y me acordé de ti". La broma, en forma de camiseta de recuerdo, circula por las redes sociales para describir una realidad casi inconcebible para la España que conoció el aborto y la ley de 1985.

La necesidad de dos informes médicos, la semana de reflexión y, sobre todo, la eliminación del supuesto por malformación harán que muchas mujeres se vayan al extranjero, según coinciden los ginecólogos y clínicas que practican abortos. "Será sobre todo Portugal y Reino Unido, que tienen legislaciones que ofrecen mayores posibilidades", asegura el ginecólogo Javier Martínez Salmeán. También podrá ocurrir en Francia, Holanda y otros países del entorno. En la Unión Europea, sólo está terminantemente prohibido en Malta, donde el asunto no es ni siquiera motivo de debate público.

"El problema es que abortar en el extranjero puede costar hasta 4.000 o 6.000 euros, por lo que sólo las mujeres con recursos podrán permitírselo, dejando a las que no los tienen la única posibilidad de recurrir a métodos clandestinos en España, con los riesgos que eso comportará", asegura de Rey Novoa, del Hospital Universitario de Burgos.

En pleno siglo XXI, cuando los vuelos de bajo coste son una realidad en la vida de muchas jóvenes, el aborto en el extranjero será logísticamente mucho más sencillo siempre que pueda ser costeado. Aunque ya no se trate de una aventura en terreno desconocido, el Gobierno no se ha planteado consultar a los países de la Unión Europea sobre posibles restricciones. "El ámbito de competencia legislativa del Gobierno afecta a leyes que son aplicables dentro de su territorio y, como es lógico, no puede interferir en la legislación de otros países", aseguran las fuentes de Justicia. En otras palabras: si hay dinero, vía libre.


SEGUROS Y EN HOSPITALES, PERO ILEGALES



Una operación menor, la extirpación de un mioma en el útero o cualquier otra excusa podría servir a los médicos de la sanidad pública para realizar abortos tan seguros para la salud de la mujer como ilegales. Aunque a las embarazadas no les acarreará ninguna consecuencia, los médicos se juegan el tipo y se arriesgan hasta a tres años de prisión.

"Esa objeción de conciencia [en este caso, a la ley de Gallardón] no tiene ningún efecto legal, como sí lo estará para quienes no quieran participar en abortos", afirma Rey Novoa. "Hay algunos colegas que ya se han significado a favor y probablemente apliquen los mismos métodos que ante un aborto espontáneo cuando no se expulsa el feto", señala. "Pero además de ilegal, es muy difícil organizativamente y los médicos que acaben registrando una tasa de abortos más alta tendrán que dar explicaciones", lamenta.

"Suena bien desde el punto de vista reivindicativo, pero no es una salida", señala Martínez Salmeán. Demasiada presión para unos médicos que no quieren ser héroes sino "que se trate el aborto como un problema de salud pública", no como una "cuestión moral", tanto desde el punto de vista de la motivación de la mujer como de la ética médica.


LA PELIGROSA CLANDESTINIDAD



La Celestina (en la imagen, por Picasso), personaje clave y protagonista de uno de los libros fundamentales en el siglo XV, practicaba abortos. En el relato de Fernando de Rojas, la alcahueta y apologeta del sexo pretendía proteger el honor de mujeres en una sociedad hipócrita de nobles o cristianos viejos.

No hace falta remontarse a la literatura renacentista para encontrar abortos clandestinos hechos sin ningún tipo de cuidado, sino que ocurrieron con frecuencia antes de la despenalización. La posibilidad de que regresen "existe", reconoce Francisca García, recordando una vez más que la mujer que quiera abortar, lo hará de todos modos. "Una vez que abandonamos en el terreno de la ley, todo es posible, pero muy arriesgado al carecer de seguimiento y control médico", señala.

Si no hay dinero para irse fuera y tampoco contactos con médicos que sigan practicando abortos pese al riesgo para ellos mismos, la peligrosa clandestinidad se puede erigir en opción. "El riesgo son más abortos sépticos [con riesgo de infección], inducidos, hemorragias", señala Rey Novoa. El problema de salud física y psíquica puede ser irreparable.


TRÁFICO DE PASTILLAS ABORTIVAS




Hasta la séptima semana tras la amenorrea o desaparición del flujo menstrual, las mujeres pueden abortar con un tratamiento de pastillas conocido como mifepristona o r-486. Se trata de una forma farmacológica de interrupción del embarazo que está recogida por la ley en igualdad de condiciones que la intervención quirúrgica.

Con la ley Gallardón y los nuevos requisitos que retrasan la autorización, será mucho más difícil que dé tiempo a utilizar este método abortivo de forma legal. Por ese motivo, los expertos no descartan que pese al alto riesgo prolifere el tráfico de pastillas o su venta por internet, como pasa con otros muchos medicamentos. Sin embargo, con la ley actual ya se utiliza muy poco y el Ministerio de Sanidad no facilita datos oficiales sobre las mujeres que abortan por esa vía. "En Francia, el país que la desarrolló, es el 50% de los abortos en esas fechas, pero en España su uso es aún muy reducido, un 1% en Madrid, un 5% en Barcelona", señala el ginecólogo Martínez Salmeán.

Su actual uso limitado se explica por trabas políticas y lo consolidadas que están las intervenciones, según el ginecólogo, que trató de establecer su uso regular en el hospital de Leganés, donde fue responsable del servicio de Ginecología.

Lo que pase tras la aprobación de la ley Gallardón, con las pastillas y algunos métodos que parecían relegados al pasado, es una gran incógnita.



lunes, 27 de enero de 2014

680.- No a la privatización sanitaria en Madrid




No a la privatización sanitaria en Madrid

Madrid da marcha atrás a la privatización sanitaria tras el último revés judicial
El presidente anuncia en rueda de prensa que deja sin efecto la externalización de seis hospitales públicos de Madrid
El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, abandona el cargo por el fracaso del proceso

JOSÉ MARCOS Madrid 27 ENE 2014 - ElPaís

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dejado sin efecto el proceso de externalización  de la gestión de seis hospitales públicos de la región (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo) ante la decisión del TSJM de mantener la suspensión cautelar de la medida.

El presidente ha anunciado también que ha aceptado la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, quien será sustituido por el médico Javier Rodríguez Rodríguez, actual portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid. Rodríguez es catedrático de Patología General y jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Está previsto que mañana mismo tome posesión en la sede del Gobierno regional.

 
El nuevo consejero de Sanidad, Jorge Rodríguez Rodríguez.

Ignacio González ha explicado que la decisión de dar marcha atrás a la privatización sanitaria está directamente relacionada con el rechazo del recurso que la Comunidad planteó a la suspensión judicial del proceso, que se ha comunicado este mediodía por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A juicio de González, la situación generada por la paralización judicial solo produce "incertidumbre y falta de seguridad jurídica". "No parece razonable que llevemos casi ocho meses sin tener definida esa medida cautelar generando una incertidumbre y falta de seguridad que no podemos seguir manteniendo", ha argumentado.

El presidente, que ha comparecido junto al ya exconsejero Fernández Lasquetty, ambos con un semblante muy serio, ha asegurado que el modelo de privatización que pretendían ampliar a seis hospitales de gestión pública ya es legal y efectivo en otros cuatro centros sanitarios de Madrid. A su juicio, la paralización del proceso no es un fracaso, sino que ha servido para "concienciar a toda la sociedad de la necesidad de hacer cada vez una gestión más eficiente" de los recursos públicos y del trabajo conjunto en la reducción del gasto "sin afectar" a los servicios "esenciales".

Lasquetty ha declarado que se marcha por "rectitud y por sentido de la responsabilidad" al no haber podido llevar a cabo un proceso del que se ha hecho responsable y que ha vuelto a defender como garantía de sostenibilidad económica.

A preguntas de los periodistas, González ha añadido que no se van a introducir más recortes en la sanidad madrileña como consecuencia de esta decisión de dejar sin efecto el proceso de privatización, aunque se "seguirán ajustando gastos". Tras la decisión de mantener en suspenso el procedimiento administrativo, la Justicia, ha recalcado el presidente regional, no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si es o no ajustado a la ley entregar a empresas privadas la gestión de centros sanitarios de titularidad pública.

No obstante, este último revés judicial ha decantado una decisión que pone fin a más de un año de movilizaciones impulsadas por la marea blanca de trabajadores y médicos de la sanidad pública, opuestos desde el primer momento a una medida que la Comunidad justificó como la única vía para hacer sostenible el sistema público de salud, un servicio que representa el 45% del gasto en los presupuestos autonómicos.

La privatización de seis hospitales públicos de la región fue el primer gran anuncio político de Ignacio González tras el abandono de Esperanza Aguirre de la presidencia madrileña. Ahora es también uno de sus más sonoros fracasos, lo que se añade al fiasco de Eurovegas, un proyecto con el que el Gobierno regional se comprometió de forma expresa y que se fue a pique a finales de año.

A finales de octubre de 2012, durante la presentación de los presupuestos para 2013, el propio González y el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, hicieron pública la medida, lo que abrió un nuevo frente de protesta social liderado por todos los colectivos profesionales sanitarios y que contó con el apoyo de toda la oposición parlamentaria (PSM, IU y UPyD).




Los médicos celebran la retirada del proyecto de privatización sanitaria


Los facultativos ven con recelo al sustituto de Lasquetty, Javier Rodríguez Rodríguez
Consideran que es otro "gran defensor" del modelo recién anulado
La oposición destaca que la paralización supone un "triunfo ciudadano"
Madrid da marcha atrás a la privatización sanitaria tras el último revés judicial


ELENA G. SEVILLANO / FELIPE BETIM Madrid 27 ENE 2014 - ElPaís


Hubieran preferido que las formas fueran otras, pero les convence el resultado. Médicos, personal sanitario y oposición han celebrado el anuncio de marcha atrás del proceso de privatización sanitaria que ha confirmado este lunes el presidente regional, Ignacio González. Lo consideran "un triunfo ciudadano" pero siguen expectantes. Tras la dimisión recién presentada del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, los médicos recelan del sustituto. Consideran que Javier Rodríguez Rodríguez, portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid, ha sido otro de los grandes valedores del plan que han acabado frenando los tribunales.

Es una pena que este anuncio haya tardado tanto
Fátima Brañas, portavoz de Afem

» Amyts. El secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), Julián Ezquerra, ha manifestado la "satisfacción plena" del sindicato médico mayoritario por "la retirada definitiva del proyecto de privatización" de los seis hospitales públicos. "Queremos entender, pese a que González no lo ha mencionado, que también desiste de privatizar los centros de salud como dijo que tenía previsto. Le pediremos que sea así”, ha añadido. Acerca de la dimisión del consejero, Ezquerra ha recordado que lleva meses pidiéndola, puesto que “ha demostrado sobradamente su incompetencia para llevar a cabo un proceso de diálogo con los profesionales”.


“Hay que darle tiempo”, ha afirmado sobre el sustituto de Javier Fernández-Lasquetty. “Javier Rodríguez al menos es médico y sigue activo en el hospital Gregorio Marañón. La faceta que yo conozco de él, la de portavoz de Sanidad en el Parlamento regional, es muy diferente a la de consejero. Lo que procede ahora es esperar a que se asiente en el cargo y ver qué primeros pasos da. Lo lógico sería que de forma inmediata restaure la comunicación con los profesionales”, ha añadido.


Ezquerra cree que en la decisión de González de suspender su plan ha pesado más la parte política que la judicial: “La decisión final de los tribunales llegará en plena precampaña o incluso campaña para las autonómicas de 2015. Creo que ha intentado evitar eso, puesto que sigue afirmando que su plan es bueno”.


» Afem.  "Es una pena que este anuncio haya tardado tanto cuando hace un año que les ofrecimos ayuda para gestionarlo de otra manera", ha señalado Fátima Brañas, vicepresidenta de Afem (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid). Ha considerado, además, "necesaria" la dimisión presentada por Lasquetty porque "su único interés era llevar a cabo un proceso de privatización al margen de cualquier otro argumento".


Brañas ha mostrado su sorpresa por el nombramiento del sustituto, Javier Rodríguez, porque se trata "de uno de los principales defensores del plan de privatización". La portavoz de Afem teme que sea una señal de que el Gobierno regional pretende retomar estos planes, algo que el presidente González no ha desechado explícitamente durante su intervención.


» ADSPM. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha manifestado, a su vez, que la retirada de la externalización es "una victoria de las movilizaciones sociales y profesionales, que llevan ya un año y medio", según el secretario de la asociación, Marciano Sánchez. Considera que "no hay que bajar la guardia, hay que continuar vigilantes, porque hay muchas cosas que se quieren privatizar, como la extracción de sangre y la lavandería central hospitalaria". La retirada del plan debe ser "motivo de optimismo para los que defendemos la sanidad pública", según Sánchez para quien "es la demostración práctica de que con movilizaciones mantenidas en el tiempo, sí se puede", ha dicho.


No hay que bajar la guardia, hay muchas cosas que se quieren privatizar
Marciano Sánchez, de la ADSPM
» SATSE. El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha mostrado su satisfacción por "mantener un modelo de gestión pública" de la sanidad madrileña, y ha manifestado que cualquier decisión que se tome sea de modo consensuado con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial y los profesionales sanitarios.


» PSM. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, valora que, aunque ha sido un año "duro", ha "merecido la pena dar la batalla". Gómez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada de urgencia tras la decisión de González de paralizar la privatización sanitaria.


"Han perdido en los tribunales y en las calles porque no tenían razón, la razón la tenía la sociedad madrileña", ha añadido, al tiempo que ha criticado al Ejecutivo madrileño por llevar los intentos "hasta las puertas de una campaña electoral".


Aún así, Gómez ha señalado que no confía en que esta paralización sea definitiva. "No creemos que el PP tire la toalla para siempre ni que vaya a renunciar a sus ansias privatización porque está en su ADN", ha dicho. Por ello, ha anunciado que el PSOE mantendrá el recurso que había presentado ante el Tribunal Constitucional, ya que "todas las cautelas y prevenciones siempre van a ser pocas".


El portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha opinado a su vez que el proceso privatizador va a llevar al PP "a perder las elecciones" y ha sostenido que la Marea Blanca ha hecho que "los Gobiernos de otras comunidades, como Castilla-La Mancha, hayan puesto una barrera y hayan dejado aparcados algunos de los planes locos que tenían". "Las elecciones de 2015 las van a decidir la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. No van a ir de otra cosa", ha advertido.


» IU. El responsable de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, considera que el presidente González no tenía "más opción" que retirar la privatización de los hospitales porque la decisión del TSJM le había dejado "solo y desautorizado". Según Bejarano, es "un triunfo de la movilización de los profesionales y de la ciudadanía". El diputado añade que "el método para solucionar los problemas económicos ha sido un fracaso".


» UPyD. El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, cree que el anuncio del Gobierno regional de paralizar el proceso de privatización sanitaria “es un nuevo fracaso" del Ejecutivo. Velasco destaca que González "no ha tenido más remedio que dejar sin efecto esta medida, a la vista del enorme malestar social en todos los estamentos de la sociedad madrileña, desde los médicos hasta los ciudadanos”. El veterano diputado le pide que "a partir de ahora" gestione un plan sanitario "con todos los sectores implicados", según recoge una nota remitida por la formación. 


» CC OO. La secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, Rosa Cuadrado, ha destacado que el proceso de privatización "ha estado plagado de irregularidades". "El que no se lleve a cabo [la privatización de la gestión de seis hospitales] es una garantía para todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid", ha añadido. Sobre el cese de Fernández-Lasquetty, Cuadrado ha recordado que el sindicato lo viene pidiendo desde hace tiempo y ha considerado que era "lo más consecuente" que podía hacer.


» UGT. El secretario del sector de Salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid, Ignacio Hernández, ha considerado a su vez que la dimisión de Fernández-Lasquetty era "lo más justo" porque, en su opinión, "se ha equivocado desde el principio". Asimismo, Hernández ha sostenido que "se ha demostrado" que la Marea Blanca, en la que están los profesionales de la sanidad, los sindicatos y la ciudadanía, "tenía razón" cuando exigían la paralización de la privatización de los seis hospitales públicos.




La Justicia ratifica la paralización de la privatización sanitaria en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia rechaza un recurso de reposición de la Comunidad y de las adjudicatarias de los seis hospitales
Madrid da marcha atrás a la privatización sanitaria

MANUEL ALTOZANO Madrid 27 ENE 2014 - ElPaís


Más de un millón de madrileños (el 18,02% de los que tienen tarjeta sanitaria) y 5.128 profesionales sanitarios y no sanitarios podrían sufrir "perjuicios irreparables" si no se hubiera paralizado la privatización de seis hospitales madrileños, una operación que conllevaría transacciones económicas de casi 4.680 millones de euros. Esas son algunas de las razones esgrimidas por la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para ratificar la suspensión de la externalización aprobada por el Gobierno de Ignacio González (PP). En su resolución, los magistrados han puesto números a "la dimensión extraordinaria del proceso" que, aseguran, podría no tener vuelta atrás en caso de que hubiera seguido adelante.


La decisión llega después de que el expresidente de lo Contencioso del tribunal madrileño y ahora vocal en el Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP Gerardo Martínez Tristán, avocara al pleno de esa Sala todos los recursos contra la privatización al considerar que podían dar lugar a resoluciones contradictorias, lo que parecía poner en peligro la paralización decretada en septiembre por la sección tercera. El 9 de enero, ese pleno, formado por más de 40 magistrados decidió sin embargo dejar sin efecto lo ordenado por el presidente y devolver a las respectivas secciones (tribunales entre tres y cinco magistrados) sus respectivos recursos.

Ahora, la sección tercera resuelve el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la paralización y ratifica esta última especificando con cifras la importancia del concurso, un proceso "de dimensión extraordinaria", como recuerdan los magistrados. Aparte del número de usuarios y profesionales afectados, la sala recuerda que la externalización puesta en marcha por el Gobierno madrileño afectaría a seis hospitales (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo) con 1.149 camas, cuatro centros de especialidades y otros cuatro de salud mental. En total, los municipios afectados serían 92 además de dos distritos de la capital, lo que "engloba a una población sanitaria de 1.151.588 personas".

"En materia de personal hay parte de él que extingue su contrato", recuerda el auto. "Hay plazas que se amortizan, se producirán traslados en masa y cambios de destino en cadena de importante magnitud si se tiene en cuenta el número de profesionales afectados (5.128), por lo que la recomposición del capital hgumano de los equipos de trabajo parece realmente inviable", asegura. "Hay subrogación en 392 contratos y las concesionarias, lógicamente, harán infinidad de nuevos contratos cuando venzan aquellos en los que se subrogan", prosiguen los magistrados, que recuerdan: "Se habría impuesto un nuevo sistema de toma de decisiones y de gestión", por lo que "el director y los cargos directivos" de cada uno de esos centros privatizados "los designarían las concesionarias".

Pero, además, los magistrados adelantan que aprecian "la existencia de una causa de nulidad" de la decisión de la Comunidad de Madrid de modificar la fianza que las concesionarias debían prestar. Solo cuatro días antes del final del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó como "corrección de errores" un cambio sustancial en la garantía del 5% que deben presentar los adjudicatarios. Al añadir la palabra “anual”, redujo en cerca de un 90% este aval —el contrato es por 10 años—, así que los 233 millones que debían aportar se quedaron en 28. Esa modificación podría haber impedido a otras empresas optar a ese concurso, según el tribunal.

Esa drástica reducción de la fianza introducida mediante "corrección de errores", según los magistrados, constituye también "una grave infracción legal que no solo afecta a las condiciones de competencia entre las empresas", sino también "al servicio que van a desarrollar dichas empresas y a los servicios que van a recibir los usuarios", ya que esas fianzas están destinadas a "asegurar que puede afrontarse cualquier tipo de responsabilidad derivada de una mala o incorrecta ejecución del contrato". Los 28 millones a los que quedan reducidas no sirven ni siquiera "para garantizar los pagos anuales adelantados" que la Comunidad iba a realizar a cada concesionario.






679.- El franquismo encerró en manicomios a republicanos que encontraba por la calle

El autor, Juan Sánchez Vallejo, con su libro.
El autor, Juan Sánchez Vallejo, con su libro.- Guerrero



El franquismo encerró en manicomios a republicanos que encontraba por la calle

El psiquiatra Juan Sánchez revela que en el psiquiátrico sevillano de Miraflores muchos carecían de ficha y "no menos de un 10 por ciento" ingresaban con el diagnóstico en blanco: no estaban locos, eran sencillamente republicanos

RAFAEL GUERRERO Sevilla 27/01/2014 Público.es




La asistencia psiquiátrica durante el franquismo era "pervertida y deshumanizada" y estuvo marcada por una "sordidez extrema", en palabras de Juan Sánchez Vallejo, médico psiquiatra que ha escrito el libro ‘La locura y su memoria histórica' (Ediciones Atlantis), en el que analiza la evolución de la especialidad en España desde el franquismo hasta hoy, al tiempo que recuerda a los enfermos mentales a quienes la dictadura arrinconó en manicomios como desechos humanos desprovistos de derechos. El autor se formó como médico y psiquiatra en los años 60 y 70 en la Universidad de Sevilla y en el manicomio de Miraflores, donde comprobó cómo el régimen utilizó también estos hospitales para encerrar de por vida a muchos republicanos que podían causarle molestias.

Juan Sánchez recuerda la enorme influencia académica y profesional entonces de Antonio Vallejo Nájera, director de los servicios psiquiátricos del Ejército, el "psiquiatra del régimen" que importó de Alemania las demenciales técnicas nazis para detectar y desactivar el inexistente "gen rojo" sobre mujeres republicanas. El Mengele español promovió la separación de los hijos de sus madres, su ingreso en orfelinatos y su posterior adopción por "familias de orden" para evitar así la propagación generacional de una "ideología contaminada". Vallejo Nájera -según Sánchez Vallejo, a quien no le une ningún parentesco- abrió la puerta así a las tramas de bebés robados que tanto han conmovido a la sociedad española hasta el día de hoy.

La psiquiatría evolucionó poco en España por culpa del franquismo, que impidió a través de su estructura de poder universitario que penetraran las modernas corrientes internacionales que entroncaban la enfermedad mental con el contexto social, frente al biologismo imperante que se apoyaba en los hospitales psiquiátricos para aparcar a los enfermos, tranquilizarlos y desactivarlos como personas a base de cruentos tratamientos -lobotomía, electroshock, coma insulínico, abscesos de trementina, etc.- y de atiborrarlos con potentes fármacos.

"El sistema manicomial era lo más parecido a una condena de por vida por no hablar de una muerte en vida", afirma Juan Sánchez, precisando que "era peor que la cárcel, ya que de esta se acaba saliendo y no se pierden los derechos". En ese contexto, no resulta extraño que el régimen se aprovechara de ese oscuro túnel del sistema manicomial como instrumento complementario de represión política. Otro más, pero con la ventaja de dejar a los elementos molestos desactivados para siempre hasta su muerte, convirtiendo a opositores marginales en locos irrecuperables.

No estaban locos, eran sencillamente republicanos, pero los encerraban en el manicomio.

Durante su dura experiencia como médico alumno en prácticas de psiquiatría en el manicomio sevillano de Miraflores -un inmenso edificio donde en los años sesenta vegetaban entre 1.200 y 1.500 enfermos mentales-, Juan Sánchez Vallejo pudo comprobar no sólo que muchos internos carecían de ficha, "como si no existieran", sino que había un "nada despreciable porcentaje nunca inferior al 10 por ciento" de fichas con la casilla del diagnóstico en blanco.

"Mosqueado por este hecho -escribe textualmente en el libro-, le pregunté a uno de nuestros profesores adjuntos de cátedra por aquel detalle aparentemente menor y que, inicialmente, achaqué ingenuamente a algún descuido en la transcripción de la historia clínica. Pero la respuesta que me dio, me dejó helado. El profesor me vino a decir queno tenían diagnóstico porque no entraron al manicomio como enfermos, sino como medio delincuentes y medio vagabundos del otro banco de la guerra civil y que les habían metido allí por no saber a dónde llevarles".

No estaban locos, eran sencillamente republicanos, pero los encerraban en el manicomio. "Te lo decían ellos", dice Sánchez Vallejo que recuerda a uno que le comentó: "Mire usted, yo estaba vagabundeando porque no tenía donde caerme muerto. Un día la Guardia Civil me recogió, se enteró de quien era, de cuál era mi ideología y me trajo aquí. Y aquí llevo veintitantos años".

La paradoja es que la dictadura se sirvió de la legislación republicana para encerrar de por vida a esos opositores en situación personal marginal y para desactivarlos como personas. Concretamente, del decreto sobre asistencia a enfermos mentales de 1931 -"que permitía internamientos manicomiales involuntarios de personas locas o cuerdas, mediante una simple orden judicial o gubernativa, un mandato de un alcalde o comisario, o simplemente por indicación médica o familiar"- y de la tristemente famosa ley de vagos y maleantes de 1933. Es decir, normas que fomentaron la discrecionalidad y el abuso, arruinando la vida a miles y miles de españoles.

Muchos de ellos acabaron sus días en el manicomio tras décadas de internamiento, adaptados a la fuerza a aquella sórdida vida, colaborando en labores de limpieza y otros menesteres. "Diríase que habían conseguido galones y un extraño estatus al que ya no querían renunciar".

El autor de ‘La locura y su memoria histórica', Juan Sánchez Vallejo, se vio forzado a emigrar y tuvo que buscarse trabajo fuera de Andalucía hasta que se estableció a comienzos de los años setenta en el País Vasco. ¿El motivo? Porque fue represaliado - junto a otros compañeros- por las autoridades académicas de la Universidad de Sevilla tras haberse atrevido a fotografiar -con la discreta complicidad de algunas monjas enfermeras- y a denunciar públicamente el trato inhumano y vejatorio que padecían los enfermos mentales del manicomio de Miraflores.