jueves, 25 de septiembre de 2014

815.- Si yo fuera palestino



Si yo fuera palestino

Por: Eduardo Galeano



Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir a sus gobernantes.

Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. 

Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamás ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones de El Salvador.

Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras militares. La democracia es un lujo que no todos merecen. Son hijos de la impotencia los cohetes caseros que los militantes de Hamás, acorralados en Gaza, disparan con chambona puntería sobre las tierras que habían sido palestinas y que la ocupación israelita usurpó.

Y la desesperación, a la orilla de la locura suicida, es la madre de las bravatas que niegan el derecho a la existencia de Israel, gritos sin ninguna eficacia, mientras la muy eficaz guerra de exterminio está negando, desde hace años, el derecho a la existencia de Palestina.



Ya poca Palestina queda.
Paso a paso, Israel la está borrando del mapa.
Los colonos invaden, y tras ellos los soldados van corrigiendo la frontera.
Las balas sacralizan el despojo, en legítima defensa.
No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva.
Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania.
Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo.
En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina, y los almuerzos siguen.





Galeano : ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad?


"Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes."

Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas: siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos.

Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones de El Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras militares. La democracia es un lujo que no todos merecen.

Son hijos de la impotencia los cohetes caseros que los militantes de Hamas, acorralados en Gaza, disparan con chambona puntería sobre las tierras que habían sido palestinas y que la ocupación israelí usurpó.

Y la desesperación, a la orilla de la locura suicida, es la madre de las bravatas que niegan el derecho a la existencia de Israel, gritos sin ninguna eficacia, mientras la muy eficaz guerra de exterminio está negando, desde hace años, el derecho a la existencia de Palestina. Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa.

Los colonos invaden, y tras ellos los soldados van corrigiendo la frontera. Las balas sacralizan el despojo, en legítima defensa. No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina, y los almuerzos siguen.

La devoración se justifica por los títulos de propiedad que la Biblia otorgó, por los dos mil años de persecución que el pueblo judío sufrió, y por el pánico que generan los palestinos al acecho. Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las resoluciones de las Naciones Unidas, el que nunca acata las sentencias de los tribunales internacionales, el que se burla de las leyes internacionales, y es también el único país que ha legalizado la tortura de prisioneros.

¿Quién le regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza? El gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a IRA. ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad? ¿O esa luz verde proviene de la potencia mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus vasallos?.

El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error. Mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada diez daños colaterales, tres son niños. Y suman miles los mutilados, víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano, que la industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza étnica. Y como siempre, siempre lo mismo: en Gaza, cien a uno. Por cada cien palestinos muertos, un israelí. Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a cargo de los medios masivos de manipulación, que nos invitan a creer que una vida israelí vale tanto como cien vidas palestinas. Y esos medios también nos invitan a creer que son humanitarias las doscientas bombas atómicas de Israel, y que una potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki.

La llamada comunidad internacional, ¿existe? ¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro? Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más.

Como siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos. Como siempre. Y como siempre, los países europeos se frotan las manos.

La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que otra lágrima mientras secretamente celebra esta jugada maestra. Porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero desde hace medio siglo esa deuda histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas y que nunca fueron, ni son, antisemitas.

Ellos están pagando, en sangre contante y sonante, una cuenta ajena. (Este artículo está dedicado a mis amigos judíos asesinados por las dictaduras latinoamericanas que Israel asesoró.)




814.- El voto femenino y la lucha de clases


El voto femenino y la lucha de clases

Martes 9 de septiembre de 2014. Nodo50 | 
Fuente: Rosa Luxemburg 

«¿Por qué no hay organizaciones de mujeres trabajadoras en Alemania? ¿Por qué se sabe tan poco del movimiento de mujeres obreras?». Con estas palabras Emma Ihrer, una de las fundadoras del movimiento de mujeres proletarias en Alemania, introducía en 1898 su obra Mujeres obreras en la lucha de clases.

Apenas han transcurrido catorce años desde entonces, y el movimiento de mujeres proletarias ha conocido una gran expansión. Más de ciento cincuenta mil trabajadoras sindicadas constituyen el núcleo más activo en la lucha económica del proletariado. Muchos miles de mujeres políticamente organizadas se han alineado tras la bandera de la socialdemocracia: el órgano de las mujeres socialdemócratas [Die Gleichheit, editado por Clara Zetkin] tiene más de cien mil suscriptoras; el voto femenino es uno de los puntos vitales del programa de la social democracia.

Pero es posible que precisamente estos datos lleven a algunos a subestimar la importancia de la lucha por el sufragio femenino. Pueden pensar: aun sin la igualdad de derechos políticos del sexo débil hemos hecho enormes progresos tanto en la educación como en la organización de las mujeres. Por lo tanto, el voto femenino no es ninguna necesidad urgente. Quien piense así, se equivoca. El extraordinario despertar político y sindical de las masas proletarias femeninas en los últimos quince años ha sido posible sólo gracias a que las mujeres trabajadoras, a pesar de estar privadas de sus derechos, se interesaron vivamente por las luchas políticas y parlamentarias de su clase. Hasta este momento, las mujeres proletarias viven del voto masculino, en el que indudablemente toman parte, aunque de forma indirecta. Las campañas electorales son una causa común de los hombres y de las mujeres de la clase obrera. En todos los mítines electorales de la social-democracia las mujeres constituyen ya una gran parte, a veces incluso la mayoría. Siempre están interesadas y se sienten apasionadamente implicadas. En todos aquellos distritos en que existe una fuerte organización socialdemócrata, las mujeres ayudan en la campaña. Y son las mujeres las que llevan a cabo el inestimable trabajo de distribuir panfletos y recoger suscripciones para la prensa socialdemócrata, esa arma tan importante en las campañas.

El estado capitalista no ha podido evitar que las mujeres del pueblo asuman todas estas obligaciones y esfuerzos en la vida política. Faso a paso, el Estado se ha visto obligado a garantizarles los derechos de asociación y de reunión. Sólo les niega el último derecho político: el derecho al voto, que les permita elegir directamente a los representantes populares en el parlamento y en la administración, y que les permita ser, asimismo, un miembro electo de estos cuerpos. Pero aquí, como en todos los ámbitos de la sociedad, el lema es: «¡Ojo con empezar cosas nuevas!» Pero las cosas ya han empezado. El actual Estado claudicó ante las mujeres proletarias al admitirlas en las asambleas públicas y en las asociaciones políticas. Pero el Estado no cedió aquí por voluntad propia, sino por necesidad, bajo la presión irresistible del auge de la clase obrera. Y fue también el apasionado empuje de las mujeres proletarias mismas lo que forzó al Estado policíaco pruso-germano a renunciar al famoso «sector de mujeres» [el «sector de mujeres» instituido en 1902 por el ministro prusiano Von Hammerstein obligaba a reservar en las reuniones políticas una sección especial para las mujeres] en las reuniones y abrir las puertas de las organizaciones políticas a las mujeres. La bola de nieve empezaba a rodar más deprisa. Gracias al derecho de asociación y de reunión las mujeres proletarias han tomado una parte activísima en la vida parlamentaria y en las campañas electorales. La consecuencia inevitable, el resultado lógico del movimiento es que hoy millones de mujeres proletarias reclaman desafiantes y llenas de confianza: ¡Queremos el voto!

Hace tiempo, en la maravillosa era del absolutismo pre-1848, se decía que la clase obrera no estaba lo «suficientemente madura» para tener derechos políticos. Esto no puede decirse de las mujeres proletarias actualmente, porque han demostrado sobradamente su madurez política. Todo el mundo sabe que sin ellas, sin la ayuda entusiasta de las mujeres proletarias, el partido socialdemócrata no habría alcanzado la brillante victoria del 12 de enero [1912], no habría obtenido los 4 1/4 millones de votos. En cualquier caso la clase obrera siempre ha tenido que demostrar su madurez para las libertades políticas por medio de un movimiento de masas revolucionario. Sólo cuando el Emperador por la Gracia de Dios y cuando los mejores y más nobles hombres de la nación sintieron realmente el calloso puño del proletariado en su carne y su rodilla en sus pechos, sólo entonces entendieron inmediatamente la «madurez» política del pueblo. Hoy les toca a las mujeres proletarias evidenciar su madurez al estado ca-pitalista; y ello mediante un constante y poderoso movimiento de masas que debe utilizar todos los medios de la lucha proletaria.

El objetivo es el voto femenino, pero el movimiento de masas para conseguirlo no es tarea para las mujeres solamente, sino una responsabilidad común de clase, de las mujeres y de los hombres del proletariado. Porque la actual ausencia de derechos de las mujeres en Alemania es sólo un eslabón de la cadena de la reacción: la monarquía. En la moderna Alemania, de capitalismo avanzado y altamente industrializada, del siglo veinte, en la era de la electricidad y de los aviones, la falta de derechos políticos para la mujer es un residuo del pasado muerto pero también el resultado del dominio del Emperador por la Gracia de Dios. Ambos fenómenos -el instrumento divino como el poder más importante de la vida política, y la mujer, casta en un rincón de su casa, indiferente a las tormentas de la vida pública, a la política y a la lucha de clases- hunden sus raíces en las podridas condiciones del campo y de los gremios en la dudad. En aquellos tiempos eran justificables y necesarios. Pero tanto la monarquía como la falta de derechos de la mujer, han sido desbordados por el desarrollo del capitalismo moderno, son hoy ridículas caricaturas. Pero siguen en pie en nuestra sociedad moderna no porque la gente olvidara abolirlos, ni tampoco a causa de la persistencia e inercia de las circunstancias. No, todavía existen porque ambos -la monarquía, y la mujer privada de sus derechos- se han convertido en instrumentos poderosos en manos de los enemigos del pueblo. Los peores y más brutales defensores de la explotación y esclavización del proletariado se atrincheran tras el trono y el altar, pero también tras la esclavitud política de las mujeres. La monarquía y la falta de derechos de la mujer se han convertido en los instrumentos más importantes de la dominación capitalista de clase.

En realidad se trata para el Estado actual de negar el voto a las mujeres obreras, y sólo a ellas. Teme, acertadamente, que puedan ser una amenaza para las instituciones tradicionales de la dominación de clase, por ejemplo, para el militarismo (del que ninguna mujer obrera con cabeza puede dejar de ser su enemiga mortal), la monarquía, el sistema fraudulento de impuestos sobre la alimentación y los medios de vida, etc. El voto femenino aterra al actual Estado capitalista porque tras él están los millones de mujeres que reforzarían al enemigo interior, es decir, a la socialdemocracia. Si se tratara del voto de las damas burguesas, el Estado capitalista lo considerará como un apoyo para la reacción. La mayoría de estas mujeres burguesas, que actúan como leonas en la lucha contra los «privilegios masculinos», se alinearían como dóciles corderitos en las filas de la reacción conservadora y clerical si tuvieran derecho al voto. Serían incluso mucho más reaccionarias que la parte masculina de su clase. A excepción de las pocas que tienen alguna profesión o trabajo, las mujeres de la burguesía no participan en la producción social. No son más que co-consumidoras de la plusvalía que sus hombres extraen del proletariado. Son los parásitos de los parásitos del cuerpo social. Y los consumidores son a menudo mucho más crueles que los agentes directos de la dominación y la explotación de clase a la hora de defender su «derecho» a una vida parasitaria. La historia de todas las grandes luchas revolucionarias lo confirma de una forma horrible. La gran Revolución francesa, por ejemplo. Tras la caída de los jacobinos, cuando Robespierre fue llevado al lugar de la ejecución, las mujeres de la burguesía triunfante bailaban desnudas en las calles, bailaban de gozo alrededor del héroe caído de la revolución. Y en 1871, en París, cuando la heroica Comuna obrera fue aplastada por los cañones, las radiantes mujeres de la burguesía fueron incluso más lejos que sus hombres en su sangrienta venganza contra el proletariado derrotado. Las mujeres de las clases propietarias defenderán siempre fanáticamente la explotación y la esclavitud del pueblo trabajador gracias al cual reciben indirectamente los medios para su existencia socialmente inútil.

Económica y socialmente, las mujeres de las clases explotadoras no son un sector independiente de la población. Su única función social es la de ser instrumentos para la reproducción natural de las clases dominantes. Por el contrario, las mujeres del proletariado son económicamente independientes y socialmente tan productivas como el hombre. Pero no en el sentido de que con su trabajo doméstico ayuden a que los hombres puedan, con su miserable salario, mantener la existencia cotidiana de la familia y criar a los hijos. Este tipo de trabajo no es productivo en el sentido del actual orden económico capitalista, a pesar de que, en mil pequeños esfuerzos, arroje como resultado una prestación gigantesca en autosacrificio y gasto de energía. Pero éste es asunto privado del proletariado, su felicidad y su bendición, y por ello inexistente para nuestra sociedad actual. Mientras domine el capital y el trabajo asalariado, sólo el trabajo que produce plusvalía, que crea beneficio capitalista, puede considerarse trabajo productivo. Desde este punto de vista, la bailarina del music-hall cuyas piernas suponen un beneficio para el bolsillo del empresario, es una trabajadora productiva, mientras que el del grueso de mujeres y madres proletarias dentro de las cuatro paredes de sus casas se considera improductivo. Esto puede parecer brutal y demente, pero corresponde exactamente a la brutalidad y la demencia del actual sistema económico capitalista, y aprehender clara y agudamente esta realidad brutal es la primera tarea de las mujeres proletarias.

Porque precisamente desde este punto de vista la reivindicación de la mujer proletaria por la igualdad de derechos políticos está firmemente anclada sobre bases económicas. Hoy millones de mujeres proletarias crean beneficio capitalista como los hombres -en las fábricas, en las tiendas, en el campo, en la industria doméstica, en las oficinas, en almacenes. Son, por lo tanto, productivas en el sentido estricto de la sociedad actual. Cada día aumenta el número de mujeres explotadas por el capitalismo, cada nuevo progreso industrial o técnico crea nuevos puestos de trabajo para mujeres en el ámbito de la maquinaria del beneficio capitalista. Y con ello cada día y cada avance industrial supone una nueva piedra en la firme fundamentación de la igualdad de derechos políticos de las mujeres. La educación y la inteligencia de la mujer se han hecho necesarios para el mecanismo económico. La típica mujer del «círculo familiar» patriarcal ya no responde a las necesidades de la industria y del comercio ni a las necesi-dades de la vida política. Claro que también en este aspecto el Estado capitalista ha olvidado sus deberes. Hasta ahora han sido los sindicatos y las organizaciones socialdemócratas las que más han hecho por el despertar espiritual y moral de las mujeres. Hace décadas que los obreros socialdemócratas eran ya conocidos como los más capaces e inteligentes. También hoy han sido los sindicatos y la socialdemocracia los que han sacado a las mujeres proletarias de su estrecha y triste existencia, de su miserable e insípida vida doméstica. La lucha de clases proletaria ha ampliado sus horizontes, las ha hecho más flexibles, ha desarrollado su mente, y les ha ofrecido grandes objetivos que justifiquen sus esfuerzos. El socialismo ha supuesto el renacimiento espiritual para las masas proletarias femeninas y con ello también las ha convertido, sin duda alguna, en una fuerza de trabajo más capaz y productiva para el capital.

Considerando todo lo dicho, la falta de derechos políticos de la mujer proletaria es una vil injusticia, porque además ha llegado a ser, hoy en día, una verdad a medias, dado que las mujeres masivamente toman parte activa en la vida política. Sin embargo, la socialdemocracia no utiliza en su lucha el argumento de la «injusticia». Ésta es la diferencia sustancial entre nosotros y el socialismo utópico, sentimental, de antes. Nosotros no dependemos de la justicia de la clase dominante, sino sólo del poder revolucionario de las masas obreras y del curso del desarrollo social que abona el camino para este poder. Así pues, la injusticia, en sí misma, no es ciertamente un argumento para acabar con las instituciones reaccionarias. Pero cuando el sentimiento de injusticia se apodera cada vez más de amplios sectores de la sociedad -dice Friedrich Engels, el cofundador del socialismo científico- es siempre una señal segura de que las bases económicas de la sociedad se tambalean considerablemente, y de que las actuales condiciones están en contradicción con el curso del desarrollo. El actual y poderoso movimiento de millones de mujeres proletarias que consideran su falta de derechos políticos como una vergonzosa injusticia, es una señal infalible de que las bases sociales del orden existente están podridas y de que sus días están contados.

Hace cien años, el francés Charles Fourier, uno de los primeros grandes pro-pagadores de los ideales socialistas, escribió estas memorables palabras: «En toda sociedad, el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general». Esto es totalmente cierto para nuestra sociedad. La actual lucha de masas en favor de los derechos políticos de la mujer es sólo una expresión y una parte de la lucha general del proletariado por su liberación. En esto radica su fuerza y su futuro. Porque gracias al proletariado femenino, el sufragio universal, igual y directo para las mujeres supondría un inmenso avance e intensificación de la lucha de clases proletaria. Por esta razón la sociedad burguesa teme el voto femenino, y por esto también nosotros lo queremos conseguir y lo conseguiremos. Luchando por el voto de la mujer, aceleramos al mismo tiempo la hora en que la actual sociedad se desmorona en pedazos bajo el martillo del proletariado revolucionario.





813.- Ébola, sida, malaria, cólera… la herencia de los planes de ajuste estructural



Ébola, sida, malaria, cólera… la herencia de los planes de ajuste estructural

Sábado 13 de septiembre de 2014. Nodo50 
Fuente: Rebelión

Por François Charles (L’autre Afrique)

Mientras no hay duda de que esta enésima epidemia de ébola que se extiende actualmente por el oeste de África es la más grave que hemos conocido de esta enfermedad. Mientras las cancillerías occidentales lloran lágrimas de cocodrilo ante sus muertos y según la fórmula consagrada «toman todas las precauciones de costumbre para proteger a sus ciudadanos». Mientras el paludismo, el sida, el cólera o el sarampión siguen matando en silencio a millones de personas en todos los países pobres y principalmente en África (1). Mientras una vez más con el pretexto de la epidemia actual el continente, que la sufre en silencio, está amenazado de «cuarentena» internacional generalizada, de desaparición de sus últimas condiciones sanitarias, de derrumbe de sus infraestructuras sobre el terreno, de carencias de aprovisionamiento de todo tipo… ¿No es hora de que los que pretenden acabar con la repetición de estas situaciones se planteen la pregunta: «Quién es responsable, y por qué, de tantos muertos?»

Negligencias y «demanda insolvente…»

Después de que numerosas ONG de la salud (los sanitarios africanos, Médicos Sin Fronteras desde el mes de junio, la OMS…) intentan en vano atraer la atención de los poderes públicos tanto en África como en las instancias internacionales, está comprobado que en la actualidad nos hallamos enfrentados a la mayor oleada de esta enfermedad desde su aparición.

Al parecer muy antigua entre los primates, es decir los monos y las personas, sin embargo nunca se consideró mortal para los seres humanos hasta 1976, cuando se identificó como tal en el centro de África y más concretamente en la República Democrática del Congo.

Hasta ahora, antes del desencadenamiento actual, el virus ya apareció varias decenas de veces, especialmente en el centro de África, matando a varios centenares de personas. En general se habla de 1.600 muertos en total. Aunque esa cantidad en realidad se expresa a la baja, comparada con los millones de muertos y víctimas de la malaria y el sida, a los ojos de los «responsables» parecía poco importante. En cualquier caso no lo bastante para movilizar las energías suficientes que permitieran atacar a la enfermedad.

Fue en 1976 cuando se identificó el ébola como una fiebre hemorrágica especialmente peligrosa. En la actualidad, 38 años después, llegamos al «¡Ébola año cero!». 38 largos años que esta enfermedad ha sido ignorada por la comunidad internacional y frente a la que nadie se ha puesto nunca en movimiento para frenarla y erradicarla.

Más allá de cualquier recuento macabro para saber que el sida, la malaria, el cólera o el ébola matan a más personas en África, hay que subrayar que en lo que concierne a esta enfermedad, después de tantos años, ¡todavía no existe tratamiento ni vacuna!

La virulencia de la enfermedad se conoce desde hace mucho y siempre, curiosamente, ha sido negada por las autoridades que pensaban estúpidamente que se quedaría confinada eternamente en la República Democrática del Congo.

Pues no. Señoras y señores responsables, los virus no presentan papeles en las fronteras haciendo cola. Circulan y lo que se preveía llegó. Ahora la epidemia extiende considerablemente su campo de acción geográfico y da la plena dimensión de su molesta capacidad. Nos encontramos claramente frente a una situación especialmente grave, para las poblaciones amenazadas, que sería criminal intentar subestimar u ocultar.

Los comunicados al respecto emitidos regularmente por la RFI, una emisora poco sospechosa de alarmista, son elocuentes: «La OMS prevé que aparezcan rápidamente 20.000 casos en el oeste de África… Respecto a la epidemia de ébola, según la OMS, la situación está fuera de control… El balance de la epidemia no deja de agravarse…».

Según el profesor Peter Piet, presidente la Escuela de Medina Tropical de Londres, las cosas son todavía más obvias: «No se ha cogido a tiempo… Existe un clara subestimación… Falta personal sobre el terreno, los «locales»… Hoy podemos estimar que existen 5.000 personas víctimas de la enfermedad sin contar las víctimas fallecidas por otras razones pero que no se han podido contar por falta de personal, de lugares de acogida, hospitales cerrados…» (2).

Dejando aparte las gesticulaciones habituales de la «solidaridad» mediática en tiempos de crisis, en forma de imágenes televisivas de «blancos en ayuda de los africanos», las ayudas financieras (¡Prestamos complementarios de las deudas!), el parsimonioso envío a la zona de personal médico… está claro que hacen falta tanto tratamientos como vacunas que ningún programa, en ningún sitio, en ningún laboratorio conocido ni en los más vanguardistas se han investigado jamás. ¡Menudo olvido!

El resultado desastroso de esta «negligencia» es que, de momento, se considera que el 50% de las personas afectadas muere.

Pero no hay que llamarse a engaño, la «negligencia» que demuestran en la materia los laboratorios y los países occidentales no es fortuita. Está íntimamente relacionada con los beneficios esperados por las operaciones comerciales. Todavía están grabados en la memoria los casos precedentes que hablan por sí mismos.

¿Quién en África no recuerda que se prohibió a Sudáfrica tratar a sus enfermos de sida?

¿Quién no recuerda que Bill Clinton, presidente demócrata, «joven y progresista…» de Estados Unidos emprendió una batalla implacable de procesos judiciales contra la Sudáfrica de Mandela cuando éste, para hacer frente a la amplitud de la epidemia de sida que azotaba su país decidió recurrir a los genéricos?

Junto a lostrust, apoyando a la industria farmacéutica privada y atacando a Mandela, Clinton impidió que se crease un precedente que habría podido sentar jurisprudencia y bajar los beneficios de los laboratorios occidentales. Y, en el caso del sida, especialmente los de los laboratorios estadounidenses (3).

¿Una defensa de intereses privados ganada al precio de cuántos muertos y nuevos enfermos infectados en el continente?

Los bien informados saben que los amos del comercio internacional consideran que África es un continente con una fuerte demanda… pero una demanda que califican de «insolvente». Y a este respecto, desde el crimen que se cometió contra Sudáfrica en nombre de las leyes del comercio internacional y la OMC, estamos completamente seguros de que no ha cambiado nada.

Un continente arruinado por el chantaje de la deuda

Según todos los indicios, si esta vez la epidemia se extiende de forma más peligrosa que las anteriores, es porque se produce en un momento en el que las condiciones sanitarias de los países afectados están considerablemente deterioradas o incluso han desaparecido.

Al estar comprobado que la forma de transmisión de la enfermedad es esencialmente por el contacto con los fluidos de una persona infectada, es perfectamente factible, en un primer momento, circunscribirla y frenarla, especialmente a través de la información a las poblaciones, que por falta de conocimientos no siempre saben quiénes son los enfermos ni los resultados de esta nueva enfermedad.

Naturalmente, este plan supondría que los sistemas sanitarios todavía estuvieran en marcha, con infraestructuras operativas y suficiente personal especializado. Lo que está lejos de ser el caso. Al contrario.

Desde los años 80 y los tristemente célebres PAS (Planes de Ajuste Estructural), África se ha visto sometida a un auténtico chantaje por parte del Banco Mundial, el «generoso», y del FMI, su «guardián de los presos».

El ejemplo de Camerún es un auténtico manual de los métodos del Banco Mundial y el FMI dirigidos a la extorsión de fondos y al mantenimiento perpetuo de sus víctimas en la miseria*.

El Banco Mundial, con la colaboración de los potentados locales impuestos por los colonizadores, empieza por endeudar gravemente a los países. En primer lugar se debe cumplir con la deuda. Una vez realizados los gastos, todo el dinero gastado y desviado, hay que ir a la caja y precisamente… ¡la caja está vacía! Para reembolsar la deuda, el Banco Mundial tiene la solución más simple: «más préstamos». Entonces se cae en una trampa infernal: Para conseguir un nuevo préstamo del Banco Mundial hay que «portarse bien» y someterse a los «prestamistas expertos», ¡fuera gastos!

Eliminar los gastos públicos, privatizar todos los servicios vendiéndolos, efectuar una liberalización masiva de los servicios de ayuda a las poblaciones… Los primeros sectores afectados en todos los países concernidos, en África y en todas partes, son los sistemas educativos y por supuesto los sistemas sanitarios.

El ejemplo de Guinea, famosa por ser uno de los focos de la epidemia, es particularmente esclarecedor del conjunto del continente.

Hay que saber que mientras la OMS y la y la CDEAO aconsejan un mínimo del 15% de los gastos de un estado para la salud, el Estado guineano asigna… ¡menos del 3%! (4).

También debemos saber que en el momento en el que aparece la enfermedad menos del 3% de la población puede acceder a una cobertura social, también que el personal formado está en la máxima penuria, que las estructuras sanitarias que quedan son, obviamente, de la peor calidad… Todos estos elementos explican la desconfianza de las poblaciones respecto a las estructuras locales y sus pocas posibilidades de acceder a los medicamentos disponibles y a la información preventiva (5).

Siguiendo con Guinea y teniendo en cuenta el contexto de ruina general de los sistemas de salud, el cólera, que aunque no había desaparecido sí había retrocedido ampliamente, ha reaparecido de forma letal y en 2012 se contabilizaron 8.000 casos y 150 fallecidos (según fuentes oficiales).

El sarampión que en la actualidad azota Guinea también está «instalado» en la mayoría de los países del oeste de África. ¿Cómo se puede imaginarque las poblaciones, en 2014, siguen sin programas de vacunación? ¿Es admisible que se considere «normal» que los niños africanos todavía mueran de sarampión?

No olvidemos tampoco el paludismo, herida abierta de las poblaciones africanas subsaharianas, que solo en Guinea mata habitualmente (siempre según cifras oficiales) a más de 30.000 personas al año. Y según la OMS, la tasa de mortalidad del paludismo alcanza 170 fallecimientos por 100.000 habitantes.

Por desgracia Guinea no es un caso aislado, basta con recordar que Liberia, al principio de la epidemia, contaba en todo su territorio ¡Con menos de 50 médicos! (6).

Los africanos pagan muy caro el endeudamiento de sus estados. Estamos muy lejos de los «Objetivos de Desarrollo del Milenio» de las Naciones Unidas que preconizaban medidas y gastos en educación y sanidad para el año 2000 que sabían inalcanzables… ¡por el reembolso de las deudas! El sistema es muy simple: «recupero con una mano lo que te presto con la otra y, por supuesto, lo primero que recupero es lo que te presté. Así te arruino para siempre y te obligo a… endeudarte para sobrevivir».

La hipocresía de los poderosos es absolutamente vergonzosa.

Otra consecuencia de la crisis sanitaria actual es el derrumbamiento de lo que quedaba de los sistemas de salud. Así es, debido a la enfermedad y al temor que inspira, los hospitales que quedan entre los escombros están desiertos, abandonados, vacíos de personal o inoperativos.

Una situación explicada así porAugustine Kpehe Ngafuan, ministro de Sanidad de Liberia: «Todo el sector sanitario está devastado por la crisis. Las personas mueren de enfermedades comunes porque el sistema de salud se está hundiendo» (7).

Con la soga al cuello, una deuda ilegítima «a reembolsar», saqueada hasta los huesos y extorsionada por los bancos, África se muere y continúa siendo para los tiburones comerciales un continente «insolvente».

Ya es hora de que, para encauzar lo que se puso del revés, se empiece a considerar que la propia África se encargue de sus asuntos. Que la gestión de África, su sanidad, sus riquezas, sus poblaciones… vuelva por fin a los africanos.

¿Y si para empezar los países africanos en conjunto decidieran no «cumplir» con esas deudas odiosas? (8).

Notas

*Vea el artículo: « Pourquoifaut-ilréaliser un auditcitoyen de la dette du Cameroun? » de Jean-Marc Bikoko, 28 de agosto. 
(1) 1.700.000 muertos de sida. 
(2) Peter Piet también es codescubridor del virus Ébola. Entrevista en RFI en agosto. 
(3) Se recuerda también que, apresada en el tornado social liberal económico del Congreso Nacional Africano, la administración de Mandela acabó cediendo a las presiones de Estados Unidos. (Naomi Klein, La doctrina del shock).
(4) En los demás países de África la tasa media es de apenas el 5% 
(5) El tratamiento irónico en los medios de comunicación europeos de la desconfianza de las poblaciones frente a los centros sanitarios roza el racismo. Al respecto conviene recordar que en 1976, mientras el ébola se cebaba en la RDC, las víctimas que aparecieron, según una encuesta posterior, ¡eran las personas que más frecuentaban los centros de salud! La enfermedad no la propagaban desde los centros, por supuesto, pero la falta de medidas de prevención sí la propagaba claramente. Y, aunque a veces deformada, la memoria colectiva permanece. 
(6) Nicolás Sarkozy, cuando recordaba «Que los africanos todavía no habían entrado en la historia» se asombraba de ver «más médicos de Benín en los hospitales parisinos que en los benineses. ¿Pero acaso no es el resultado de la «inmigración selectiva»? 
(7) Reproducido por la agencia Reuter, 8 de agosto de 2014. 
(8) Según el principio recordado por EricToussaint (CADTM): «Cuando debes dinero a tu banco tienes un problema con tu banco. Cuando no se lo devuelves, tu banco tiene un problema»

Fuente: http://lautreafrique.info/2014/09/0...

Traducido del francés para Rebelión por Caty R.



812.- El feminismo frena la ley Gallardón



El feminismo frena la ley Gallardón


Jueves 25 de septiembre de 2014. Nodo50 
Fuente: Coordinadora Feminista

Nueva etapa de movilizaciones

Rajoy confirma la retirada del proyecto y anuncia, en su lugar, la reforma de la legislación actual. Desde que el pasado 20 de diciembre de 2013 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentase la reforma de ley del aborto, la movilización feminista no ha cesado para frenar una regulación que supondría una restricción mayor a un derecho fundamental para las mujeres que la primera Ley de 1985.

Después de que el Anteproyecto de Ley Orgá­nica para la protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada haya sido retrasado una y otra vez, atrapado en una burocracia sin límites, las tensiones internas dentro del propio Partido Popular han llevado a que la Ley Gallardón se guarde en un cajón, según ha confirmado hoy Mariano Rajoy a los medios de comunicación, quien anuncia que su intención es reformar la legislación actual sobre el aborto para impedir que las menores de 17 años puedan ejercer el derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo sin el permiso paterno y crear un Plan de Protección de la Familia que podría ver la luz antes de final de año.

"El anteproyecto de ley se retira por la presión ejercida en la calle", dice la activista Justa Montero

A pesar del anuncio de Rajoy, los colectivos feministas temen que el Tribunal Constitucional sea ahora el brazo ejecutor de una batalla perdida en la esfera política desde que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, señalara en un programa de televisión que aún está pendiente un recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley actual. Hasta el momento, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular a la Ley de 2010 estaba en suspenso, en previsión de una posible derogación de la ley y sustitución por otra. El recurso se centra en parte del articulado, no en el conjunto de la ley.



Una puerta de atrás

Adoración Guamán, profesora de Derecho en la Universidad de Va­lencia, cree que “se aprovechará una posible inconstitucionalidad del articulado para afrontar una reforma total o parcial que contente a los sectores más duros, sobre todo en lo que concierne a la objeción del personal sanitario, las menores y la regulación por plazos”. En su opinión, el uso del Tribunal Constitucional como puerta de atrás para entrar a regular una cuestión vinculada a la ética y al derecho a decidir de las mujeres vulnera la independencia de uno de los pilares del Estado de Derecho. “De­muestra la crisis democrática en la que nos hallamos sumergidos y plantea serias dudas sobre la misma legitimidad del Tribunal”, añade Gua­mán, quien destaca que, traspasando el tema al alto tribunal, “el debate se traslada de la mujer y su autonomía como sujeto político de cara a decidir sobre temas éticos o biológicos en los que un tribunal no debe tomar parte”.

Centrar el debate en términos jurídicos deja al margen otras cuestiones fundamentales que la despenalización parcial del aborto que supone la actual ley tampoco afronta. Los recortes en Sanidad están afectando a la prevención de embarazos no deseados, para lo que la información sobre anticoncepción que se da en los centros o la colaboración con institutos de la zona para apoyar la educación sexual es una de las labores más importantes.

C., trabajadora auxiliar del personal sanitario de uno de estos centros y participante en la Marea Blanca, explica a Diagonal las consecuencias en la prevención de los embarazos no deseados que están teniendo los recortes en sanidad. “Si sólo hay dos o tres personas capaces de abordar la prevención y la educación sexual, la carga de trabajo es tal que se queda para lo último”. La reforma en educación, con la entrada de la Lomce, también ha supuesto dejar a un lado la educación sexual-afectiva que se impartía en la escuela pública.

Nueva etapa de movilizaciones

Para las feministas está claro. Justa Montero, de Mujeres ante el Congreso, y activista feminista desde la Transición, subraya que sobran razones para mantener la movilización porque “la amenaza del anteproyecto existe todavía a día de hoy”. Según explica Mon­tero a Diagonal, aunque no se presente el anteproyecto de ley, el 28 de septiembre hay una cita ineludible para reclamar el derecho de las mujeres a decidir. “Es algo que está cuestionado y debemos exigir leyes que lo respeten”, afirma.

El 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, una jornada con más tradición en América Latina, y que en El Salvador se une a la campaña por la excarcelación de 17 mujeres acusadas de haber abortado, algunas de las cuales llevan ya 14 años en prisión. Ana Suaiti, colaboradora de la campaña en el Estado español, destaca que los movimientos antielección en El Salvador están dirigidos por militares o hijos de militares. “En 1997, consiguieron una reforma constitucional para introducir el derecho del nasciturus. Anteriormente teníamos una ley de supuestos. Con la reforma constitucional la penalización es completa”, explica Suaiti, quien señala también cómo las mujeres que están yendo a la cárcel son las más pobres, las que van a hospitales públicos al sufrir abortos espontáneos y son denunciadas por el personal del hospital. “La única mujer que fue denunciada por un hospital privado fue una que no pudo pagar la factura. En América Latina, el aborto inseguro causa el 17% de las muertes de mujeres. Se practican alrededor de 19 millones de abortos al año en países donde se considera ilegal. Los países latinoamericanos donde a día de hoy el aborto es completamente ilegal son Colombia, El Salvador y Chile. Mientras, en Uruguay, donde se despenalizó en 2013, ha dejado de haber muertes por abortos inseguros. En Chile ya se habla de una posible despenalización, pero la reforma de Bachelet es similar a la española de 1985 en cuanto a restricciones.

Montero señala que, desde su colectivo, entienden el derecho al aborto en un contexto mayor, de exigencia de libertades sexuales y reproductivas de todas las identidades sexuales, incluidas las no normativas, y en el contexto de una maternidad libre y deseada. “En la actualidad, nuestro derecho parece la moneda de cambio de negociaciones en un contexto de profunda crisis democrática”, explica Montero. “En cualquier caso, tenemos que tener claro que las movilizaciones han demostrado que sí se puede, porque si al final se retira el anteproyecto de ley es por la presión ejercida en la calle, porque con ella hemos conseguido crear una hegemonía en torno al derecho a decidir de las mujeres sobre los propios votantes del Partido Popular –continúa esta histórica activista–. Eso es algo que hemos conseguido por el movimiento feminista y por otros agentes sociales que han participado en las movilizaciones”.

El debate sobre lo jurídico abre una nueva etapa en las movilizaciones por la despenalización del aborto en las que el movimiento feminista ve la completa despenalización como un objetivo conseguible ya que las calles vuelven a llenarse para reclamar el derecho a decidir.








811.- ¿Por qué nadie busca a los bebés robados en España?


¿Por qué nadie busca a los bebés robados en España?


Jueves 18 de septiembre de 2014. Nodo50 | 
Fuente: Periodismo humano

“No son tantos como dice la televisión. Quitábamos de media un niño al mes en cada hospital. Procurábamos que fuese a familias distintas, aunque a veces la necesidad del negocio era tal que teníamos que quitarle varios a una misma familia, pero nunca más de dos. Llevábamos listas de a quién se le quitaba y a quién se entregaba.” Éste es uno de los testimonios anónimos que una supuesta implicada en la trama de secuestro y venta de recién nacidos en España ha hecho llegar a una de las asociaciones de afectados para intentar ayudarles en su búsqueda.

Introducción

Hasta ahora, nadie más que sus familiares buscan a estos niños y niñas robados, hoy ya adultos. Ni la Justicia, ni el Gobierno, ni las comunidades autónomas, ni el Defensor del Pueblo, ni la Unión Europea, ni la ONU… Ninguna institución los busca, salvo sus allegados, con los escasos medios a su alcance ¿Por qué sucede esto? A muchos de los afectados les parece que tal vez no los quieren encontrar. En ese caso, seguro que la inacción tiene un motivo poco confesable.

Los afectados han denunciados casos, acaecidos principalmente entre 1950 y 1990, en 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencias de todas las comunidades autónomas, y en concreto 34 de Andalucía, 25 de Cataluña, 24 de la Comunidad Valenciana, 22 de Madrid, 18 de Castilla y León, 12 de las Islas Canarias, 9 de Aragón, 7 de Castilla-La Mancha, 6 de Galicia, 4 de Extremadura, 3 de Baleares, los mismos que de Asturias y de Murcia respectivamente, 2 de Cantabria, otros tantos de Navarra y 1 de La Rioja.



Estaríamos hablando pues de miles, o decenas de miles, de ciudadanos, españoles o extranjeros, puesto que muchos fueron dados en adopción en otros países, que actualmente tienen una identificad falsa y que aún hoy día desconocen que fueron secuestrados y vendidos al nacer, puesto que a sus verdaderos padres les mintieron, aduciendo que su bebé había muerto. Son por tanto víctimas de un delito, el de la detención ilegal, que según la doctrina jurídica asentada es imprescriptible mientras permanezca el engaño.

Desgraciadamente, no estamos abordando algo muy extraño. Desde que a mediados del siglo pasado las madres dejaron de dar a luz mayoritariamente en sus casas para hacerlo en centros sanitarios, muchos han sido los casos descubiertos de redes de tráfico de menores. Diversos países, desde China a Ucrania, Marruecos o Argentina, en ocasiones han suspendido temporalmente las adopciones al extranjero por la sospecha de irregularidades generalizadas, sea o no el propio Gobierno nacional quien haya dado la voz de alarma. La Justicia tiene también mucho que decir, persiguiendo los presuntos delitos. Es de hecho lo que venía ocurriendo en España cada vez que se denunciaban casos, o bien por la propia iniciativa de la Policía o la Fiscalía, habiéndose llegado a condenar a algunos médicos y monjas que actuaban como asistentes sociales en las décadas de los ochenta y los noventa… hasta 2010. A partir de ese año, cuando empiezan a presentarse de forma masiva denuncias de presunto robo de bebés en toda España, sospechándose de una gran trama organizada, nada de nada. Ni una sola detención, ni un solo registro, ni una sola sentencia condenatoria y escasísimas imputaciones que al cabo no han llegado a cuajar en procesamientos.

Y eso que, como decíamos, algunas de las personas que aparecen ahora implicadas habían sido ya condenadas anteriormente por parecidos delitos. Por ejemplo, la religiosa Asunción Vivas, a la que la Audiencia de Zaragoza encontró culpable de un delito de sustracción de menores en 1984, y que sin embargo falleció en abril de 2014 sin que prosperara ninguna de las causas contra ella abiertas a partir de 2010. O el ginecólogo Adolfo Montero Peña, condenado por la Audiencia de Granada por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregular en la que intervino en 1989, pero intocado igualmente por la denuncia que apuntaba hacia él de 2010. El propio doctor Eduardo Vela, tristemente célebre en la actualidad por haber dirigido la Clínica San Ramón de Madrid, con decenas de afectados, fue procesado a raíz de varias denuncias en la misma década de los ochenta, aunque la Audiencia de Madrid finalmente sobreseyó su causa. Tampoco progresaron las denuncias en los años ochenta contra la posteriormente muy conocida sor María Gómez Valbuena, de la clínica Santa Cristina, o sor Pura, directora de una residencia para madres solteras en Carabanchel, pero lo cierto es que, ante las fundadas sospechas de su posible proceder delictivo, ya en esa época fueron relevadas de sus cargos o trasladadas, tras presionar para ello la Diputación de Madrid, según algunas fuentes. Incluso en los albores de la democracia, en 1977, la Policía detuvo a la comadrona Margarita Campins, directora de la clínica Benisalem de Mallorca, y le incautó un bebé congelado que enseñaban a las madres para justificar que su hijo había muerto, cuando en realidad era secuestrado y vendido. El mismo método que cuentan se utilizaba en la San Ramón de Madrid.

Muchas actuaciones puntuales de Policía y Fiscalía en las décadas de los ochenta y los noventa, y sin embargo desde entonces hasta ahora, nada de nada. Es decir, cuando apenas se denunciaba, hubo varios condenados, detenidos y procesados, y sin embargo ni uno solo cuando se produce una avalancha denuncias, a partir de 2010, por idénticos hechos acaecidos en la misma época ¿Cómo es posible tal paradoja? Sólo hay dos opciones para contestar a esta pregunta:

La casualidad, porque en los poquísimos casos investigados con anterioridad a 2010 sí se encontraron pruebas inculpatorias suficientes y sin embargo en los miles de casos denunciados posteriormente no fue posible. La mala suerte, el paso del tiempo, que puede hacer que se pierdan pruebas, etcétera. Existen justificaciones varias para apoyar esta hipótesis, siempre girando alrededor del concepto atávico de la fatalidad.
Se está taponando la actuación judicial y policial. En esta segunda hipótesis, es de suponer que quienes ahora intentan tapar la cuestión son las mismas personas que presuntamente cometieron los delitos o bien tienen relación con ellas. En cualquier caso, se les presupone suficiente influencia en medios judiciales y policiales como para contener un movimiento que cuenta además con una clara simpatía social. Y además, deben creerse realmente muy poderosos, casi intocables, porque con esta ocultación o dejación de funciones estarían ellos mismos cometiendo un delito del que barruntan saldrán impunes. En cualquier caso, tendría que existir cierto acuerdo o coordinación entre ellos, por lo que estaríamos hablando entonces de una conspiración.
Para elegir entre una de estas opciones, la de la casualidad o la de la conspiración, es bueno tener en cuenta los factores que pueden prestarle mayor o menor verosimilitud a cada una de estas dos hipótesis. El primero de ellos es de carácter cuantitativo.

Aunque no existen estadísticas oficiales, porque las administraciones públicas no las han realizado, las asociaciones de afectados por el robo de bebés calculan que se han presentado cerca de 3.000 denuncias en juzgados de toda España, pero los casos documentados por estos colectivos de posible sustracción de menores son al menos el doble, es decir, unos 6.000 en total. Sin embargo, la incertidumbre es alta. Mientras que estas asociaciones insisten en que estas cifras son apenas una aproximación, la punta del iceberg, a una realidad mucho más amplia, lo cierto es que por diversas razones los casos no están prosperando en los juzgados. Una de las razones de ello es bastante grosera. Las asociaciones calculan que entre un 40 y un 50 por ciento de los casos han sido archivados por los juzgados por considerar que el delito había prescrito, cuando existe una circular de la Fiscalía General del Estado aclarando algo que es doctrina jurídica asentada; a saber, que el delito de detención ilegal no prescribe mientras persista la comisión del mismo, es decir, el desconocimiento de la víctima de su secuestro y por tanto el falseamiento de su realidad, de toda su vida al fin y al cabo. Pero, salvo los afectados, que siguen recurriendo estos autos de sobreseimiento, nadie hace nada para corregir este ‘error’ judicial. En el resto de casos, las denuncian no prosperan aduciéndose falta de pruebas o bien porque éstas indican hacia la comisión no del delito de detención ilegal, sino de otros, como falsedad documental o suposición de parto, que efectivamente habrían prescrito. Y así la pescadilla se muerde la cola.




La pregunta de esta forma sigue en el aire: ¿casualidad o conspiración? Hace falta acudir a elementos cualitativos para obtener mejores argumentos con los que apoyar la respuesta.

Desde la más pura honestidad intelectual, la mera denuncia, aunque sea masiva, no basta para demostrar ningún acto. A la hora de considerar unos hechos tan graves es necesario contar con pruebas suficientemente verosímiles de que existió una trama delictiva de tanta envergadura. El segundo factor a tener en cuenta es por tanto de carácter empírico: la demostración, aunque sea extrajudicial, de que los hechos ocurrieron.

En este terreno, la prueba más fehaciente a la que podemos recurrir ha de ser forzosamente el reencuentro de familiares, de hijos biológicos con sus verdaderos padres y hermanos que hubieran sido engañados con la falsa puesta en escena de la muerte del recién nacido. Hasta el momento de cerrar la primera versión de este dossier, en nuestro país se habían producido una veintena de este tipo de reencuentros familiares, todos ellos facilitados por las asociaciones de afectados mediante pruebas de ADN realizadas por laboratorios privados. La intervención de la Administración pública ha facilitado otro tipo de reencuentros, fundamentalmente cuando el proceso de adopción habría podido ser irregular pero consciente y voluntario por parte de la madre; nunca en casos que pudieran dar credibilidad a robo de niños.

Algunas familias reencontradas han preferido guardar su intimidad, mientras otras han querido compartir su alegría con el resto de la sociedad a través de los medios de comunicación. Es el caso, por ejemplo, de Enrique Olivert, criado en Huelva por sus padres adoptivos pero nacido en Bilbao en 1965. El análisis de ADN realizado por un laboratorio privado ha confirmado, con un cien por cien de probabilidad, que su familia biológica es la vasca. Enrique siempre quiso averiguar su verdadera identidad, pero no se puso manos a la obra hasta que murieron sus padres adoptivos. Fue entonces cuando descubrió datos “confusos” en sus documentos de adopción, puesto que en algunos de ellos se decía que había sido abandonado por sus verdaderos padres, mientras en otros se omitía tal dato. Sin embargo, en uno de los documentos alguien trascribió el nombre de su verdadera madre. Fue quizás un error, porque en los años sesenta no se exigía legalmente tal requisito.

En una rueda de prensa abierta a todos los medios, Olivert explicó la versión que su verdadera madre le había dado de la historia: Sus padres eran novios pero no estaban casados. Su madre se quedó embarazada y dio a luz en una clínica bilbaína regentada por una orden religiosa. “La llevaron a una habitación en la que estaban siete u ocho mujeres como ella, solteras, a las que sólo le traían los niños para amamantarlos; no tenían la cunita al lado. A los tres días le hicieron firmar un documento para abandonar el hospital y salir a ver a su novio, y ya no la dejaron volver nunca más. Ella regresó con sus familiares para reclamar al niño muchas veces, pero la respuesta de las monjas era que se marchara, que no eran rosquillas para ir a pedir niños allí. Nadie le dijo si estaba vivo o muerto y eso le ha mantenido vivas las esperanzas todos estos años. Mi madre dice que las monjas son las que estaban detrás de todo esto, y que en la maternidad los domingos se veía a gente muy arreglada que era vox populi que venían a por los niños”. De hecho, cuando sus padres adoptivos acudieron a Bilbao “les ofrecieron dos niños para que eligieran y les dijeron que me llevara a mí, que era más morenito y me parecía más a ellos”.



Este caso, por ejemplo, no llegó siquiera al juzgado. La historia es muy parecida a las ocurridas en Irlanda en los años cincuenta, maravillosamente recreadas y llevadas a la gran pantalla por Stephen Frears en la película Philomena. En un clima social de impunidad e indefensión de las madres solteras de clases populares, donde estamentos como las instituciones religiosas o médicas tienen un poder y una capacidad de influencia inapelables, estos hechos ni siquiera eran denunciados, ni públicamente ni mucho menos en los tribunales de justicia.

En el supuesto de que hoy día, en España, el caso de Enrique Olivert fuera de denunciado ante un juzgado, la defensa más lógica que tendrían las personas de la maternidad bilbaína implicadas sería argumentar que su madre le dio en adopción voluntariamente, que no fue forzada ¿Bastaría este testimonio para cerrar judicialmente la causa? Veamos otro ejemplo para comprobarlo.

Más de veinte años después, en 1987, ocurrió en Barcelona un suceso parecido que sí ha llegado a los tribunales. Alfonsa Reinoso, que entonces sólo tenía 15 años, había sido retirada de la tutela de sus padres por los servicios sociales. Estaba embarazada, de un varón, según le dijeron, y fue internada primero en un centro religioso y luego en la Casa de la Jove, también de vinculación católica. Una asistente social la acompañaba a la prestigiosa clínica Instituto Dexeus para controlar el embarazo, donde era atendida por la ginecóloga Victoria López-Rodó, a la sazón familia del que fuera ministro franquista Laureano López-Rodó. Tras dar a luz, Alfonsa asegura que la doctora López-Rodó le comunicó que el niño había muerto por complicaciones durante el parto.

Según su relato a diversos medios de comunicación, Alfonsa fue inmediatamente expulsada de la Casa de la Jove y cayó en una larga depresión. Hasta que conoció a su actual marido, Manuel, con quien tuvo tres hijos. Dos décadas y media después de aquellos hechos recibió una llamada telefónica de una tal Marina que decía ser su hija, porque así se lo habían comunicado en la Dexeus. Alfonsa lo negó porque decía que nunca estuvo embarazada de una niña, sino de un varón. Sin embargo, los análisis genéticos han confirmado la maternidad. Madre e hija se reencontraron y, al enseñarle esta última las fotos de su vida reciente, reconoció como madre adoptiva a la asistente social que la trasladaba en taxi al centro hospitalario, Cristina Rimbau. La hija, Marina, también ha logrado averiguar a través de su padre adoptivo que quienes prepararon e intermediaron en la adopción fueron un matrimonio amigo, formado por Ignasi Gispert, hermano de Nuria Gispert, presidenta del Parlament catalán y secretaria general de Justicia y Gobernación de la Generalitat en la época en que se produjo el parto, y Teresa Cervelló, ya fallecida, conocida jurista que llegó a ser miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ellos ya tenían un hijo adoptado.

Alfonsa he denunciado los hechos. Sin embargo el juez ha archivado el caso, sin tomar declaraciones a nadie, por considerar que el delito de detención ilegal está prescrito. Dado que esta decisión va en contra de la doctrina de la Fiscalía General del Estado, el fiscal encargado del caso en Barcelona ha pedido también el sobreseimiento, pero no por prescripción, sino porque dice tener pruebas de que Alfonsa dio en adopción a su hija voluntariamente, según han publicado los medios de comunicación catalanes. Esas pruebas serían un informe de la directora en la época de la Casa de la Jove (una de las denunciadas) y el testimonio recogido por la Policía de dos amigas de la madre de Alfonsa (a quien se le había retirado su custodia) afirmando todas ellas que la chica quería dar a su hija en adopción. No consta ningún documento firmado por Alfonsa cediendo al bebé. Sin embargo, caso archivado. Bastaron esos testimonios para cerrarlo. Por ahora, puesto que Alfonsa ha recurrido el fallo. “Yo sólo quiero que llamen a declarar a todos los implicados ya que a nivel judicial no se ha hecho y eso para mi significa tener una respuesta a todo esto”, insiste ella.

Al margen de los reencuentros, existen otros medios para probar la veracidad de las denuncias, como por ejemplo las tumbas de supuestos bebés fallecidos que se están encontrando vacías, o bien cuando el análisis de ADN confirma que el cadáver exhumado no pertenece a un hijo biológico de los padres. Han surgido multitud de iniciativas de Internet, en blogs y redes sociales, para la búsqueda entre hijos, padres y hermanos. Se han realizado series de televisión y se han publicados libros recreando los hechos, fundamentalmente los referidos a sor María Gómez Valbuena, la imputada más conocida por el robo de bebés hasta su muerte en 2013. Y, a partir de 2012, también el Ministerio de Justicia tomó cartas en el asunto, reuniéndose periódicamente con los colectivos representativos de los afectados y poniendo en marcha diversas iniciativas que, sin embargo, no han logrado calmar los ánimos de los quesiguen pidiendo no sólo justicia, sino también la búsqueda de los niños perdidos. Por ahora, el Gobierno no ha asumido como obligación tal búsqueda, sobre todo porque ningún tribunal ha dictaminado que se produjera secuestro de recién nacidos en centros sanitarios públicos, ni privados tampoco.

Los afectados sospechan dos causas principales de la parálisis de las investigaciones. La primera es que el reconocimiento de la comisión de estos delitos en centros públicos obligaría a indemnizaciones millonarias por parte del Estado a las familias. Esto presupone una importante preocupación de nuestros administradores políticos por el erario público y por las consecuencias del asunto a largo plazo, más allá de los mandatos de cada legislatura, cosa como mínimo harto discutible. En segundo lugar, los afectados creen que hay quienes estarían intentando proteger a colegas, amigos e incluso familiares directos que podrían estar implicados en los hechos. Esto es plausible en casos como el antes descrito de Alfonsa Reinoso, pero en muchos otros no se cumple esta condición tan claramente.

Los colectivos de víctimas no logran que su problemática trascienda a la opinión pública. Al contrario, las películas, series, vídeos, libros, programas de televisión, etcétera, realizados sobre los bebés robados, distribuidos a través de medios de comunicación masivos e Internet, conforman una amalgama que se ha transformado ya en una especie de folclore, sobre todo a la hora de focalizar la atención del público bien hacia los aspectos de tragedia humana, explotando a veces los aspectos más morbosos con fines solamente de atracción de audiencias, sin tampoco profundizar mucho más, o bien se convierten en un relato histórico de corte sentimental, como si ya hubieran pasado definitivamente y no tuviera mucho que ver con la realidad actual. Esto, al cabo, va en detrimento de los intereses de las víctimas, puesto que desvía la atención de la opinión pública, alejándola del verdadero debate, que básicamente consiste en preguntarse: si tan claro tiene nuestra sociedad que existió un robo masivo de niños y niñas para su venta, ¿por qué no se les busca ahora, que son adultos, para contarles la verdad y darles la posibilidad de reintegrarse a sus familias? ¿Por qué no se castiga a los culpables, si buena parte de ellos siguen vivos?

Además, tampoco existe una respuesta clara a la pregunta que planteábamos al principio: ¿por qué en los años setenta, ochenta o noventa se logró condenar a alguno de los que ahora aparecen implicados y en cambio a partir de 2010 no? ¿Qué pudo ocurrir en ese año, o en los inmediatamente anteriores, que haya cambiado el escenario de forma tan condicionante para las investigaciones? Este informe intenta contestar a esas preguntas, mediante la exposición y análisis de las cuestiones antes referidas sobre la verosimilitud de los casos denunciados como parte de una supuesta trama organizada en toda España, contando con el posible amparo o consentimiento de ciertos poderes públicos y fácticos. Es el resultado de poner en común los múltiples reportajes realizados por el autor sobre estos asuntos para el medio online Periodismo Humano junto a material que se ha quedado sin publicar.

A todo esto, y por empezar por algún lado, ¿qué fue de la oficina de atención a las víctimas cuya puesta en marcha anunció en su día el Ministerio de Justicia? Este organismo iba a censar a todos las víctimas de posible robo de bebés para poner en común su problemática y buscar vías de solución, mediante bases de datos, un banco de ADN, etcétera. Sin embargo, la iniciativa ha fracasado ante la desconfianza de los afectados. No se fían en absoluto de facilitar sus datos a un ente oficial, por el uso que se pueda hacer de los mismos. Lo expresa con claridad un afectado, el gaditano Jesús Alcina: “ni yo ni muchos otros pensamos dar nuestros datos al Gobierno hasta que no se depuren responsabilidades por el caso de Eduardo Raya, al que están injuriando y lo tienen acosado porque es el que tiene las cosas más claras”. Raya es considerado el denunciante pionero de bebés robados en España. Su caso es además paradigmático por otras muchas cuestiones.