miércoles, 22 de octubre de 2014

826.- El PP nunca ha expulsado a militantes por corrupción




El PP nunca ha expulsado a militantes por corrupción

Rato, Bárcenas o Naseiro pidieron la suspensión de militancia, un camino intermedio para evitar al partido la apertura de expedientes de salida definitiva.

ANA PARDO DE VERA Madrid 22/10/2014 


Existe una fina línea entre la expulsión y la entrega voluntaria del carné del partido que el PP nunca ha traspasado en el ámbito de corrupción, pues, hasta ahora, y con más o menos dureza, ha conseguido que todos aquéllos implicados en escándalos de este tipo hayan pedido la suspensión de militancia, un recurso que, generalmente, queda sin resolver en el limbo del olvido.

El último en romper termporalmente su afiliación ha sido Rodrigo Rato, muy presionado por la calle Génova, pero también lo hicieron en su día los exgerentes del partido Rosendo Naseiro o Luis Bárcenas, que se dieron de baja en el partido de forma voluntaria o pareciéndolo; esto es, sin que el PP  tuviera que abrir un expediente de expulsión en el seno del Comité de Derechos y Garantías, el órgano sancionador interno de la formación que actualmente preside el secretario general del PP de Castilla y León y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Del mismo modo ocurrió con Jaume Matas, el expresidente de Illes Balears y exministro de José María Aznar que abandonó su militancia de 17 años en marzo de 2010 junto a algunos de sus consellers, como Josep Juan Cardona, que se fue voluntariamente del partido tras su implicación en el caso Scala.

Rehabilitación o suspensión indefinida

¿En qué queda la suspensión de militancia? En el caso de Rosendo Naseiro, tanto él como los otros implicados en la operación que llevaba su nombre en los noventa, que entregaron asimismo su carné de afiliados (Ángel Sanchís, extesorero de AP, y Salvador Palop, exconcejal de Valencia), fueron rehabilitados en 1992. Es decir, el PP acordó devolverles el carné de militantes al admitir el Tribunal Supremo que no podía procesarles por presunta financiación ilegal del partido debido a la falta de pruebas.

Luis Bárcenas, por su parte, entregó a su partido el carné de forma temporal hasta que se resolviesen sus implicaciones judiciales en 2010, un año después de que fuera imputado en el caso Gürtel por el juez Baltasar Garzón. El extesorero del PP está en la cárcel y sigue suspendido temporalmente de militancia, pues nunca se le abrió un expediente del expulsión. En realidad, según decretó un juzgado de Madrid el pasado mes de julio, tampoco ha sido despedido del PP por el PP, sino que está en excedencia.

Todo está dirigido, pues, en el Partido Popular a hacer el menor ruido posible con un asunto que cada vez preocupa más a los ciudadanos, según la última encuesta del CIS: la corrupción política. La suspensión temporal de militancia, particularmente si es solicitada voluntariamente, es el recurso más sencillo y rápido frente a la apertura de un expediente de expulsión, además de que puede ser alargada indefinidamente. Rato se resistió a entregar su carné -en Radio Nacional aseguró la semana pasada que no lo haría sin explicarse primero-, pero finalmente, muy presionado por los mensajes que le llegaban desde la calle Génova para que renunciase y con Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal sin ponerse en contacto con él, el exvicepresidente de Aznar anunció ayer a última hora que se iba temporalmente hasta resolver su situación en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Para un sector del PP, esta renuncia -que seguramente quede en eso de forma indefinida- es un gesto "poco contundente" y Rato debería de haber sido expulsado del partido inmediatamente, pues aunque los tribunales lo absuelvan, el comportamiento del exdirector gerente del FMI es "inadmisible" en un alto cargo frente a la opinión pública. Por ello, la opinión mayoritaria entre los conservadores es que Rato "no será rehabilitado" y el PP actuará al más puro estilo Rajoy: dejar pasar el tiempo y dejar actuar a los tribunales con Rato apartado ya del partido.

Motivos de expulsión 

Con todo, en el PP sí ha habido expulsiones, aunque ninguna de ellas ha afectado a los implicados en casos de corrupción política. A saber, se expulsó al miembro de Nuevas Generaciones de Toledo, Jaime Ferrero, cuyas fotografías con gatos muertos coparon las redes en 2008; se expulsó en enero de este año al alcalde de San Juan de la Rambla (Tenerife) tras ser condenado por conducir ebrio, o se expulsó en 2007 al concejal Francisco Rey por apoyar una iniciativa que pretendía quitar el nombre de la localidad de Ermua al Foro de este nombre.





Los miembros del Gobierno de José María Aznar posan en La Moncloa tras anunciar éste los cambios en julio de 2002. De izq. a drch. y de delante hacia atrás, Trillo, Palacio, Rajoy, Aznar, Rato, Michavila, Montoro, Arias Cañete, Del Castillo, Acebes, Álvarez-Cascos, Zaplana, Arenas, Matas, Pastor y Piqué. EFE

El 75% del Gobierno Aznar está imputado, cobró sobresueldos o duerme en prisión

El presidente y once de los 15 ministros del penúltimo Gabinete del PP en la época del presidente de Faes están en la cárcel, imputados o figuran en la contabilidad del PP investigada en el 'caso Bárcenas' por presunta financiación ilegal.

ANA PARDO DE VERA Madrid 21/10/2014 

Los miembros del Gobierno de José María Aznar posan en La Moncloa tras anunciar éste los cambios en julio de 2002. De izq. a drch. y de delante hacia atrás, Trillo, Palacio, Rajoy, Aznar, Rato, Michavila, Montoro, Arias Cañete, Del Castillo, Acebes, Álvarez-Cascos, Zaplana, Arenas, Matas, Pastor y Piqué. EFE
La foto del antepenúltimo Gobierno de José María Aznar (julio de 2002) es el mejor reflejo del momento en que se encuentra hoy el Partido Popular: el 75% de ese Consejo de Ministros -incluido el jefe del Ejecutivo- está implicado en temas judiciales en distinto grado; desde Jaume Matas (ministro de Medio Ambiente), que está en la cárcel, hasta Ana Palacio (ministra de Asuntos Exteriores), que presuntamente cobró un sobresueldo del PP (6.000 euros) que podría proceder de la caja B manejada por el extesorero Luis Bárcenas, según la documentación que obra en poder del juez Pablo Ruz, instructor del caso Bárcenas.

- JOSÉ MARÍA AZNAR: expresidente del Gobierno entre 1996 y 2004; la contabilidad del PP en poder del juez Ruz lo señala como receptor de sobresueldos por valor de 782.695 euros entre 1990 y 1996. Actualmente, preside el think tank del PP, la fundación FAES y es presidente de Honor del PP.

- MARIANO RAJOY: fue nombrado por Aznar ministro en varios departamentos y vicepresidente primero del Gobierno entre 1996 y 2003. Figura en la documentación investigada por Ruz en el caso Bárcenas como receptor de 1,58 millones de euros como sobresueldos del PP entre 1990 y 2011. Aparece en los papeles manuscritos de Bárcenas también como receptor de 322.231 euros (1997-2008) en distintas aportaciones de dinero y de 33.207 euros en gastos de ropa (2003-2008). Hoy es presidente del Gobierno y del Partido Popular (PP)

- RODRIGO RATO: vicepresidente y ministro de Economía en los gobiernos de Aznar; posteriormente, fue nombrado director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), con rango de jefe de Estado, y presidente de Caja Madrid y de Bankia. Recibió sobresueldos del PP entre 1990 y 2011 por valor de 36.247,26 euros y figura en las anotaciones de Bárcenas como destino de 216.711 euros (1997-2004). Además, está IMPUTADO por la operación de salida a bolsa de Bankia y por el uso de una tarjeta opaca de Caja Madrid. Hoy es consejero de Telefónica y tiene la militancia en el PP suspendida temporalmente a petición propia.

- JAVIER ARENAS: fue ministro y vicepresidente en los gobiernos de José María Aznar, así como secretario general del PP. Según la documentación en poder de Pablo Ruz, recibió 1,15 millones de euros de sobresueldo del partido entre 1990 y 2011. En las notas de Bárcenas, figura como receptor de 225.762 euros (1997-2004). Actualmente, es vicesecretario general del PP para asuntos territoriales.

- FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS: fue ministro y vicepresidente en los gobiernos de Aznar, además de secretario general del PP. Según las anotaciones de Luis Bárcenas que obran en poder de Ruz, habría cobrado 321.391 euros de sobresueldos del PP entre 1990 y 2004. Según la contabilidad investigada del partido, podrían ser 575.795 euros entre 1990 y 2011. Actualmente y tras su salida del PP por no haberle hecho Rajoy candidato a la Presidencia del Principado de Asturias, preside el Foro Asturias. 

- ÁNGEL ACEBES: fue ministro de Aznar y secretario general del PP. Según la documentación aportada a la Justicia en el caso Bárcenas, cobró más de un millón de euros en sobresueldos entre 1990 y 2011. En los papeles del extesorero, están anotados 107.100 euros de 2004 a 2008. Ayer martes 21 de octubre fue IMPUTADO por presunta apropiación indebida en la compra de acciones de Libertad Digital con el dinero negro del partido y revelada por Bárcenas.

- JAUME MATAS: ministro de Medio Ambiente de Aznar entre 2000 y 2003 y presidente de Illes Balears. Está en la CÁRCEL desde este mes de julio, condenado por tráfico de influencias. Figura en los papeles de Bárcenas como receptor de una entrega de dinero (8.400 euros) en 2003 con el concepto "para piso".

- FEDERICO TRILLO-FIGUEROA: fue presidente del Congreso y ministro de Defensa durante los gobiernos de Aznar. Cobró sobresueldos del PP de 187.650,28 euros entre 1990 y 2011, según la documentación investigada por Ruz. Bárcenas anotó en sus papeles entregas de dinero a Trillo entre 2001 y 2006 por valor de 185.256 euros. Hoy, quien fuera el máximo responsable de los asuntos jurídicos del PP durante la etapa de oposición del PP de Rajoy, es el embajador de España en Reino Unido.

- PILAR DEL CASTILLO: ministra de Educación, Cultura y Deporte en el Gobierno Aznar de 2000 a 2004, figura en los papeles de Bárcenas como receptora de 9.000 euros en 2004. Actualmente, es eurodiputada del PP.

- ANA PALACIO: ministra de Asuntos Exteriores en el Gobierno Aznar entre 2002 y 2004. Figura en los papeles de Bárcenas como receptora de un pago de 6.000 euros en 2004. Palacio es abogada defensora del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi y es consejera electiva del Consejo de Estado.

- MIGUEL ARIAS CAÑETE: ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación entre 2000 y 2004 y entre 2011 y 2014. Según los datos que investiga Ruz en el marco de la presunta financiación ilegal del PP, Arias Cañete habría cobrado 318.199 euros entre 1999 y 2011. Acaba de ser nombrado comisario de Clima y Energía de la Comisión Europea tras liderar las listas del PP a las europeas del pasado mes de mayo.

- CRISTÓBAL MONTORO: ministro de Hacienda en el Gobierno de Aznar entre 2000 y 2004. Figura en la documentación que investiga Ruz como receptor de sobresueldos por valor de 296.263 euros entre 1993 y 2011. Actualmente, Montoro es ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el Gobierno de Rajoy.




¡Que vengan imputados de casa!

Juan Carlos Escudier
22 oct 2014

Parecía imposible superar el grado de higiene democrática alcanzado hasta que el PP ha ejecutado un triple salto mortal con tirabuzón y doble pirueta en medio del delirio de la concurrencia. Hasta ahora, lo normal venía siendo que el partido presentara un candidato y que, tras un tiempo en el desempeño de sus funciones, fuera imputado por corrupción. Como el asunto podía prolongarse más de lo necesario, los de Rajoy han patentado un nuevo sistema mediante el cual el llamado a tomar posesión ya viene imputado de casa, lo que facilita mucho el trabajo.

Es el caso de Felipe del Baño, exconcejal de un pueblo de Valencia, San Antonio de Benagéber, imputado por prevaricación junto al alcalde del municipio por el encargo de unos libros cuyo paradero se desconoce que costaron 50.000 euros y por un contrato verbal para un trabajito de jardinería que se llevó otros 50.000 del ala. Del Baño toma posesión del escaño de diputado autonómico de Juan Cotino, todo un símbolo en Valencia, que deja la política decepcionado por no haber logrado aún ser imputado pese a las habilidades que había demostrado para ser acreedor de tal distinción.

El PP lo tenía todo previsto. Por si a Del Baño, en un acceso de vergüenza torera, le hubiesen dado ganas de renunciar al acta, el siguiente en la lista era el alcalde de Enguera, Santiago Arévalo, también imputado por prevaricación. Eso sí, para no distraerse y dedicarse en cuerpo y alma al escaño, Del Baño ha renunciado a su puesto en el comité de derechos y garantías de la organización en Valencia, que es el órgano que se encarga de aplicar el código ético de los populares.

Todo apunta a que el partido de la regeneración está ensayando un nuevo sistema de cuotas para golfos, primer paso antes de establecer la obligatoriedad de listas cremallera en las que la paridad sea absoluta. En las Corts valencianas, con Del Baño son tres los imputados, aunque Ricardo Costa y Yolanda García lo sean por el caso Gürtel.

Como tres parecieran pocos, otra diputada del PP, Elisa Díaz, decidió hacer la guerra por su cuenta y en una disputa a cuenta de una pelea entre perros dio un mandoble a una británica que la dejó sorda. El fiscal le pide año y medio de cárcel. Díaz es hija del excalde de Alicante Luis Díaz Alperi, quien, tontamente, dimitió hace meses como diputado justo cuando tenía abierto juicio oral por tres delitos contra Hacienda y uno de cohecho impropio, además de estar implicado en el caso Brugal por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz en el Plan de Ordenación Urbana de la ciudad.

El PP parece bien situado en Valencia para conseguir su objetivo, aunque hay que reconocer que Baleares aún tiene ventaja con sus docenas de imputados y condenados gracias, fundamentalmente, a la impronta de Jaume Matas, el hombre que popularizó las escobillas de váter de 300 euros que hasta ese momento eran las grandes desconocidas del interiorismo. Un estudio del Círculo Catalán de Negocios concluía recientemente que Baleares fue entre 1984 y 2013 el territorio con más casos de corrupción por millón de habitantes (31), con una querencia irresistible de sus protagonistas a militar en el PP.

Gran parte del trabajo constante realizado por los populares puede verse ahora felizmente culminado, donde no hay día que un exministro no pase por el juzgado y enseñe el DNI. Tal y como publica hoy en ese diario Ana Pardo de Vera, el 75% de los ministros de uno de los Gobiernos de Aznar está imputado, cobró sobresueldos o, como es el caso del ya citado Matas, cumple condena entre rejas.

Sin embargo, ha tenido que pasar demasiado tiempo para que los frutos estén a la vista. De ahí que la idea de que los cargos electos sean ocupados directamente por imputados sea revolucionaria. Enhorabuena al ideólogo.






martes, 21 de octubre de 2014

825.- España, el tercer país con más pobreza laboral de Europa


España, el tercer país con más pobreza laboral de Europa

El 12,3% de las personas con un empleo están por debajo el umbral de la pobreza, una cifra que solo superan Rumanía y Grecia

La exclusión casi se triplica en el caso de los autónomos: llega al 35,3%

Ana Requena Aguilar  
20/10/2014 

España lidera dos de los ranking más preocupantes de Europa, uno bien conocido -el de paro- y otro cuya importancia ha ganado peso en los últimos años, el de pobreza laboral. Los últimos datos disponibles sitúan a nuestro país como el tercero con más trabajadores pobres (un 12,3% de las personas con empleo lo son), solo superado por Rumanía (un 19,5%) y Grecia (un 15,1%), según recoge el último informe de la Fundación Primero de Mayo, vinculada al sindicato CCOO. Por el contrario, Finlandia, República Checa, Países Bajos y Bégica apenas alcanzan un 5% de pobreza laboral.

Más allá del dato general, el informe señala varias circunstancias que agravan la exclusión social de las personas con empleo. El autoempleo es, por ejemplo, un factor que aumenta la vulnerabilidad: el riesgo de pobreza entre autónomos es mayor que entre asalariados. Si la tasa de pobreza entre las personas ocupadas es del 12,3%, entre los trabajadores por cuenta propia llega al 35,5%. Solo Rumanía, con un 54%, supera a España en número de autónomos pobres.

La temporalidad y los contratos a tiempo parcial son otros dos factores que condicionan la pobreza laboral. El 16,2% de las personas con contrato temporal están bajo el umbral de la exclusión, una cifra que se reduce al 5,4% en el caso de las que están contratadas de forma indefinida. "Es una tendencia similar, aunque más acusada, de lo sucedido en el conjunto de Europa, donde las personas con contrato temporal registran una tasa de pobreza del 14% y aquellas que tienen un contrato indefinido muestran una tasa del 5,5%", dice el informe. 

Tal es la tendencia, que las previsiones para el año 2013 subrayan que la pobreza entre los trabajadores fijos se reducirá "ligeramente" mientras que aumentará entre los temporales. En el caso de los contratos parciales, el riesgo de pobreza llega al 19%, una cifra nueve puntos mayor que para las personas que trabajan a tiempo completo.

Bajos salarios

"Las diversas estadísticas que registran la estructura de los salarios en España muestran que existe un proceso de empobrecimiento de la población asalariada en España, vinculado al aumento de los bajos salarios", afirma también el documento. Ha aumentado, por ejemplo, el porcentaje de población que cobra el salario mínimo (645 euros al mes), según el INE: si en 2010 era el 10,3% de la población asalariada, dos años después representaba ya el 12,3%.

Otras estadísticas muestran datos aún más elevados. Es el caso de la estadística de la Agencia Tributaria, que señala que el 33% de las personas asalariadas en España (5,6 millones de personas) cobra un sueldo igual o inferior al salario mínimo. En cualquier caso, el informe de la Fundación subraya que en los últimos años ha crecido el número de trabajadores que tiene salarios más bajos, mientras que aquellos con sueldos más altos "son menos y sus salarios crecen mucho más que el resto".

A más formación, menos pobreza

La formación es otra de las claves que inciden en la probabilidad de que un trabajador caiga en la pobreza. Las personas ocupadas que no superaron la primera etapa de la educación secundaria tienen cinco veces más probabilidades que las que alcanzaron los estudios universitarios. "Si se relaciona la elevada tasa de abandono escolar con la mayor incidencia de la pobreza en las personas con menor formación se puede señalar que la peor situación de España en la comparación internacional está lejos de solucionarse y que perdurará en el tiempo", apunta el informe.

La existencia de personas dependientes en el hogar condiciona también la pobreza laboral. Los ocupados que viven en hogares donde hay menores dependientes tienen una tasa de pobreza que duplica a la de aquellos que están en hogares donde no existe esta circunstancia.

Por otro lado, las familias donde una mujer trabaja de forma remunerada presentan menos tasas de pobreza. De hecho, el informe resalta que aunque las mujeres están más afectadas por la parcialidad, la temporalidad o los bajos salarios, tienden a presentar menores tasas de riesgo de pobreza que los hombres en su misma situación.




La desigualdad en España, en el nivel más alto de la democracia

España, junto a Lituania y Bulgaria, es uno de los países con más desigualdad de Europa.

El impacto de la crisis sobre el empleo, un sistema fiscal poco distributivo, los recortes en sanidad y educación, y una red de protección insuficiente, algunas de las causas. 

Ana Requena Aguilar   

Una de cada cinco personas en España es pobre

La crisis y, sobre todo, las políticas de austeridad sin concesiones están pasando factura a España. La desigualdad está en el nivel más alto de la democracia; unos niveles de desigualdad tan altos que en Europa solo encuentran parangón con Lituania y Bulgaria. Lo constata un estudio de la Fundación Alternativas que alerta sobre una brecha social que no ha dejado de crecer en los últimos años.

"La tendencia es inequívoca, en todos los países de la OCDE ha aumentado la desigualdad desde los años ochenta", asegura Luis Ayala, catedrático de Economía en la Universidad Rey Carlos y uno de los autores del informe. En España esa desigualdad ha avanzado de forma fulgurante en los últimos años: en los dos primeros años de la crisis, el índice de Gini -la diferencia entre los que más tienen y los que menos- aumentó un 10%.

"La ralentización de la actividad económica y el vertiginoso aumento del desempleo dieron lugar al mayor aumento de la desigualdad desde que se dispone de información anual sobre los ingresos de los hogares. Los hogares con menos ingresos han sido también los que durante el desarrollo de la crisis han visto más mermados sus recursos. Lo contrario, sin embargo, parece haber sucedido en los hogares más ricos, que registran los mayores incrementos", dice el informe. La primera parte de la recesión habría tenido, por tanto, "un efecto regresivo" sobre la distribución de las rentas, lo que habría ocasionado el aumento de la desigualdad "sensiblemente superior al registrado en promedio por los países de la Unión Europea".

¿Por qué? Belén Barreriro, directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas, apunta tres factores clave: el desempleo, la debilidad del sistema fiscal, y un sistema de protección y bienestar social que ha resultado insuficiente. El informe señala que el efecto de la crisis sobre el empleo ha sido muy superior que en el resto de países. No solo por el aumento desorbitado del paro, también por el impacto que ha tenido en las personas que funcionan como 'cabezas de familia' y por su efecto entre los jóvenes y entre una parte de la población poco cualificada.

Además, y en contra lo que puede parecer, la época de bonanza y crecimiento económico que vivió España en los años anteriores a 2007 no se tradujo en una reducción de la desigualdad. El país entró en la recesión poco preparado para resistir los embates de la crisis. Las prestaciones sociales, por ejemplo, no crecieron al mismo ritmo que lo hacían las rentas medias. "Conforme avanza el estado de desempleo, las prestaciones se reducen drásticamente. En España no tenemos un último nivel de protección social. En las comunidades sí existen rentas mínimas, pero con criterios diferentes", señala Luis Ayala.

Esa, junto al creciente número de trabajadores pobres (que a pesar de tener un empleo, tienen salarios y condiciones que no les permiten salir de la exclusión) es una de las razones que explica el hundimiento de las clases bajas y el empeoramiento de las clases medias. El estudio señala que la flexibilización de las relaciones laborales y el recorte de la negociación colectiva empeora también la brecha entre unos ciudadanos y otros.
"Los estados del bienestar han perdido capacidad para corregir las desigualdades", asegura Ayala. Para el catedrático, el sistema español es "poco redistributivo, menos que la mayoría de países de la OCDE". "Se enfatiza el carácter recaudatorio de los sitemas impositivos, y menos su faceta distributiva de la riqueza", dice el catedrático, que señala el aumento de los impuestos indirectos -como el IVA- como un factor que empeora las desigualdades.
Educación y sanidad

El informe señala que la sanidad y la educación son fundamentales para asegurar la igualdad y, por tanto, los recortes en estos dos pilares del bienestar disparan las diferencias. "El gasto sanitario beneficia en gran medida a los grupos sociales más desfavorecidos y de forma considerable a las clases medias", destaca el texto, que señala el gasto farmacéutico y el de atención primaria como los más importantes, ya que "contribuyen en mayor medida a la progresividad de este gasto". Precisamente, en el último año se ha puesto en marcha el copago farmacéutico y varias comunidades autónomas han cerrado o reducido el horario de centros de atención primaria. Los autores concluyen también que cuando la gestión de centros sanitarios o educativos se transfiere al sector privado "se aumentan las desigualdades". 
"El informe deja claro que ante la desigualdad hay remedios, y quien puede corregirla son los poderes públicos, las políticas. La relación de los ciudadanos con la política es especialmente mala, con un nivel de desafección que es insólito en la democracia. Y si hay una causa es la desigualdad: los españoles son de los ciudadanos europeos que más creen en la igualdad", asegura Belén Barreiro.


824.- Benedicto XVI se negó a participar en un complot contra el papa Francisco


El papa emérito, Joseph Ratzinger y el actual pontífice, Jorge Bergoglio, se saludan. /EFE





Benedicto XVI se negó a participar 
en un complot contra el papa Francisco

El papa emérito rechazó las presiones del lobby ultra del Vaticano para frenar las reformas del actual pontífice

Un grupo de cardenales conservadores pidió a Benedicto XVI que se opusiera a la apertura de Francisco a los gays, divorciados y parejas de hecho

"Yo no soy el papa, no se dirijan a mí", contestó Ratzinger, quien después informó de estas intrigas a Bergoglio

Jesús Bastante

20/10/2014


"Yo no soy el papa, no se dirijan a mí". Esta fue la respuesta del pontífice emérito, Joseph Ratzinger, cuando la pasada semana media docena de cardenales del sector más ultraconservador de la Iglesia romana visitaron a Benedicto XVI. 

Le pedían que alzara la voz contra las posturas "cismáticas" del papa Francisco sobre la apertura de la Iglesia a los gays, los divorciados y las parejas no conyugales.

La escena, que responde a los cánones clásicos de las intrigas vaticanas, se produjo en el interior del monasterio Mater Ecclesiae, entre los muros del Vaticano, donde reside el papa emérito desde que hace un año y medio decidiera renunciar a su cargo por primera vez en la historia de la Iglesia moderna, y donde se dedica a la escritura, la oración y a recibir a contadas visitas.

Según informaba el domingo el diario italiano La Repubblica, un grupo de cardenales pidió audiencia con el papa emérito. Algunas fuentes han apuntado a eldiario.es que, entre ellos, podrían estar el prefecto de Doctrina de la Fe, Gerhard Müller; el cardenal Raymond Burke (posiblemente, el que con más fuerza ha criticado a Bergoglio); y el otrora responsable de la Legión de Cristo, Velasio de Paolis.

Tras preguntar por su salud, los purpurados comenzaron a hablar de su malestar ante el rumbo "progresista" que estaba tomando el Sínodo de Obispos sobre la familia, donde por primera vez se ha hablado con libertad de la posibilidad de volver a conceder la comunión a los divorciados vueltos a casar, avalar las convivencias  ad experimentum (antes del matrimonio), reconocer los aspectos positivos de las parejas no matrimoniales o, incluso, acoger en su seno a los homosexuales.

Uno de los cardenales se atrevió a pedir a Benedicto XVI que se posicionara públicamente contra esta apertura, lo que supondría un cisma de facto, con un papa yendo en contra de otro papa. Una situación que no se ha dado desde el Cisma de Occidente. En ese momento, Ratzinger rechazó con firmeza las presiones de los conservadores, y les despidió, nos cuentan, con rapidez. "Yo no soy el papa, no se dirijan a mí".

Acto seguido, y a través de su secretario personal –también secretario de la Casa Pontificia, y encargado de la agenda del nuevo Papa –Benedicto XVI hizo llegar un mensaje a Francisco informándole del complot urdido en su contra y poniéndose a su disposición. Cabe señalar que, aunque Ratzinger y Bergoglio no comparten el mismo modelo de Iglesia –el emérito es mucho más conservador que el actual pontífice–, mantienen una relación muy cercana, hasta el punto de que Francisco consulta con Benedicto XVI algunas de las decisiones más difíciles.

"Cuando habla Benedicto XVI, siempre es para apoyar a Francisco", destacaron unos "atentos observadores" citados por La Repubblica. En contrapartida, Bergoglio trata a su antecesor con respeto y afecto, como pudo comprobarse este domingo, durante la beatificación de Pablo VI, cuando Francisco se saltó el protocolo para abrazar, antes y después de la ceremonia, al papa emérito, quien quiso participar en la ceremonia.

Con todo, son muchos los que, todavía hoy, consideran que la elección de Francisco es un fraude y que el auténtico papa continúa siendo Benedicto XVI, pese a su renuncia consciente. Esos mismos, minoría en retirada –como se pudo ver en las votaciones del Sínodo, apenas llegan a un tercio de los padres sinodales–, están dispuestos a todo para evitar cualquier apertura en la Iglesia. Aun a riesgo de un cisma. Y utilizando todos los medios –legítimos o no– que estén a su alcance. Aunque a veces el tiro sale por la culata, como sucedió en el caso de Benedicto XVI. El alemán se niega a que lo utilicen contra su sucesor.




El papa abre la puerta de la Iglesia 
a divorciados, gays y parejas de hecho

Francisco obligó a los obispos a votar punto por punto el documento de trabajo de un histórico sínodo

Todos fueron aprobados por mayoría absoluta y solo tres no lograron los dos tercios de apoyos

La Relatio Synodi será la base sobre la que el año que viene se harán los cambios doctrinales necesarios

El texto abre la puerta a otras formas de familia y sugiere acoger a los homosexuales "con respeto"

Jesús Bastante
18/10/2014 


Un día histórico. El Sínodo de Obispos aprobó la publicación de una Relatio Synodi (documento de trabajo), con una amplia mayoría -los 62 puntos fueron aprobados por mayoría absoluta, y sólo tres no obtuvieron dos tercios-, en el que se acuerda seguir trabajando por el acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar, se reconocen los "elementos positivos presentes en los matrimonios civiles y, con las debidas diferencias, en las convivencias", y se insta a acoger a los homosexuales "con respeto y delicadeza".

Consciente de la fuerte oposición, Bergoglio dispuso que cada uno de los puntos fueran votados individualmente, y que se publicaran los resultados de todos los escrutinios. Sin llegar a ningún acuerdo final -para ello habrá que esperar a octubre de 2015-, la mayoría moderada, con el apoyo del Papa Francisco -quien pronunció un "discurso maravilloso", en palabras del cardenal Federico Lombardi-, ha logrado mantener en el debate todos y cada uno de los temas que aparecieron el pasado lunes en la relatio postdisceptationem: la denuncia contra la violencia a las mujeres, la cercanía a los que sufren problemas derivados de situaciones familiares (divorcios, rupturas, enfrentamiento con los hijos) y, especialmente, tres cuestiones a debate: la aceptación de otras formas de convivencia no canónicas; el acceso de los divorciados vueltos a casar a los sacramentos; y la acogida a los homosexuales.

Estos tres aspectos generaron, a lo largo de la semana, una furibunda crítica por parte de los sectores ultraconservadores, quienes criticaron -directamente, o a través de sus terminales mediáticas- al Papa Francisco y a sus estrechos colaboradores, especialmente al cardenal Walter Kasper.

El primero de los tres puntos obtuvo un reconocimiento superior a los dos tercios, mientras que la petición del acceso a la comunión de algunos casos de divorciados vueltos a casar tras un "camino penitencial" tuvo el voto favorable de 104 padres sinodales y 74 en contra. La acogida a los homosexuales cosechó 118 votos a favor y 62 en contra.

Un cambio histórico e imparable

Hay puertas que tardan siglos en entreabrirse. Pero que, cuando lo hacen, no se vuelven a cerrar. Esto es lo que ha sucedido durante las dos últimas semanas en el Vaticano, donde 191 obispos han debatido en sínodo extraordinario sobre la actitud de la Iglesia ante los homosexuales, los distintos tipos de matrimonio, las uniones no conyugales, la violencia contra las mujeres o el acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar.

En su mensaje al Sínodo, Francisco habló de las dos tentaciones de los obispos: "la rigidez hostil y el bien destructivo", y aclaró que su papel como líder de la Iglesia es "garantizar la unidad". "La Iglesia no mira a la humanidad desde una torre de cristal para juzgar o clasificar a las personas", incidió Francisco, quien también quiso dejar claro que una apertura a otras realidades "no pone en entredicho la verdad fundamental del sacramento del matrimonio: la indisolubilidad". Sus palabras cosecharon una ovación de más de cinco minutos, apuntó Federico Lombardi.

158 padres sinodales aprobaron este mediodía el mensaje final del Sínodo, en el que reconocen la necesidad de que la Iglesia sea "una casa con la puerta siempre abierta, recibiendo a todos sin excluir a nadie", y donde se plantean, por primera vez en la historia de esta institución, la posibilidad de reconocer la existencia de "nuevas uniones y nuevos matrimonios" fuera del canónico, así como la posibilidad de dar la comunión a los divorciados que vuelven a casarse por lo civil.

El mensaje final, y antes de aprobarse la Relatio final, es un consenso de mínimos al que se ha logrado llevar después de que la minoría ultraconservadora amenazara con abandonar las reuniones si se mantenía el documento de trabajo aprobado el lunes, mucho más progresista de lo esperado y en el que se reconocían "aspectos positivos" en las parejas que no se casaban por la Iglesia y que hablaba de una acogida a las parejas homosexuales.

En los llamados "círculos menores" de esta semana, los ultraconservadores lograron "suavizar" el contenido del mensaje, aunque en la Relatio final sí se hace un hipotético reconocimiento del matrimonio gay. En cualquier caso, el  debate abierto sobre cuestiones fundamentales sigue vivo. Así, y a expensas de lo que pueda suceder de aquí a octubre de 2015, se atisba un cambio histórico en la doctrina.

Un cambio muy estudiado, en el que el papa Francisco está marcando los tiempos de manera precisa. Primero, convocando un sínodo y enviando un cuestionario previo a todos los fieles que quisieron contestar, algo que jamás había ocurrido en la historia de la Iglesia. Después, dejando la introducción al cardenal Kasper, antaño perseguido por defender la comunión a los divorciados o la acogida a los homosexuales y a los distintos tipos de familia. En tercer lugar, invitando al Sínodo a "hablar con total libertad".

El papa ha estado presente en todas las reuniones, sin intervenir, y ha sido testigo de las discusiones -algunas de ellas virulentas- entre los ultraconservadores y los más moderados. Finalmente, ha "obligado" a los padres sinodales a ponerse de acuerdo en un "mínimo común" de temas que serán abordados dentro de un año -esta vez sí, con decisiones definitivas-, y en el que ya se incluyen cambios que se antojan imparables.



El papa Francisco se la juega

¿Cambio o ruptura? El pontífice lanza un órdago a los ultraconservadores convocando un sínodo

El objetivo es debatir sobre divorciados, matrimonios gay, anticonceptivos, aborto, violencia machista o pobreza

Jesús Bastante
04/10/2014 


¿Cambio o ruptura? ¿Revolución o cisma? Francisco se la juega a partir de este domingo, con la celebración de un inédito Sínodo sobre la Familia, en la que obispos, laicos y matrimonios debatirán, sin límites, sobre temas que hasta ahora eran considerados tabú en la Iglesia católica. No ha quedado ningún tema sin tocar: divorciados vueltos a casar, anticonceptivos, matrimonios gay, parejas interreligiosas, aborto, relaciones fuera del matrimonio, violencia doméstica, abusos a menores en el seno de la familia, la inmigración, la globalización, los distintos tipos de pobreza...

"Hay una puerta que hasta ahora estuvo cerrada y el Papa quiere que se abra. El Papa quiere que el pueblo de Dios se exprese y diga lo que piensa", afirma Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo, que por primera vez en la historia reciente de la Iglesia católica ha contado con la opinión de laicos, mujeres y matrimonios, y que también se ha encontrado con una dura contestación por parte de los sectores más radicalmente conservadores, que han llegado a acusar a Francisco de ser un Papa ilegítimo.

Las puertas abiertas del Papa pretenden que entre el aire en la Iglesia, que se cree una nueva conciencia, basada en la misericordia y la apertura, y no en la condena y la persecución de aquellos que no comulgan al cien por cien con la Tradición, y que ha provocado la huida de millones de creyentes que no han visto reflejada su fe en Jesús en la institución vaticana. "No es el Evangelio el que hay que interpretar según el Código de Derecho Canónico sino el Código según el Evangelio de la paz y del perdón", señala a este diario el prestigioso canonista jesuita José María Díaz Moreno.

Y, sin embargo, el órdago lanzado por Francisco no ha sido bien recibido por buena parte de la Curia romana. Los mismos cardenales que, desde el comienzo de su pontificado, han organizado una "silenciosa oposición" a las reformas del Papa, ahora dan la cara y arremeten directamente contra algunos de los puntos más polémicos -y que se van a abordar en el Sínodo-, como la atención a los menores de familias rotas, los matrimonios entre creyentes y no creyentes y, especialmente, el caso de los divorciados vueltos a casar.

Después de que, por encargo de Francisco, el cardenal Kasper hablara de la necesidad de buscar soluciones para permitir que aquellos que han fracasado en su primer matrimonio puedan tener la oportunidad de rehacer su vida y seguir formando parte de la Iglesia a todos los niveles, algunos cardenales han abierto la caja de los truenos. Cinco de ellos, entre los que se cuenta el mismísimo prefecto de Doctrina de la Fe, cardenal Müller, contraatacaron atacando las tesis de Kasper, quien abundó -en un discurso que Francisco alabó públicamente- en que "todo pecado puede ser absuelto, todo pecado puede ser perdonado. También el divorcio".

Algunos han ido más allá. Sectores ultraconservadores en Italia o España han llegado a dudar de la legitimidad de Bergoglio como Papa, aduciendo a una supuesta duplicidad de votos en una de las elecciones del cónclave y, sobre todo, a una "pérdida de legitimidad" por sus actuaciones, desde su decisión de abandonar el Palacio y vivir en Casa Santa Marta hasta su cercanía a los inmigrantes, el hecho de que lavara los pies en Jueves Santo a mujeres, una de ellas musulmanas -el rito exigía que sólo fueran hombres, como los doce Apóstoles-, o se mostrara a favor de una mayor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en la Iglesia.

Los críticos son los mismos que atacan al Papa por ser inflexible contra los curas pederastas, por haber procesado, por primera vez en la historia de la Iglesia, a un arzobispo que abusó de niños, y quienes cuestionan su capacidad porque se arrodilla ante los musulmanes y pide construir juntos una sociedad mejor. No ven con buenos ojos sus palabras al diálogo y por la paz en Siria, Israel, Palestina, Irak, que le han hecho ser uno de los favoritos a recibir este año el Premio Nobel de la Paz, algo que jamás consiguió el Papa de Roma. Son los mismos "lobos" que denunció el Papa Benedicto antes de tener que renunciar.

Francisco también ha declarado que el celibato sacerdotal "no es un dogma de fe", y que, por tanto, se puede discutir. Como la acogida a divorciados, o la participación de todos en el gobierno de la Iglesia. De hecho, la importancia de este Sínodo -más allá de que se tomen unas u otras decisiones en cuanto a la doctrina- es la recuperación de la "sinodalidad" como modo de gobierno. Francisco no es un papa que gobierne a golpe de preceptos -podría hacerlo, y declararse "infalible"-, sino que se ha dotado de un grupo de nueve cardenales que le asesora y ha convocado este Sínodo, en el que participan cardenales, obispos, laicos -y hasta 14 matrimonios-. No podemos soñar con que la Iglesia se convierta en una institución democrática pero sí que al menos escuche y tenga en cuenta la opinión de todos.

Ahora, del 5 al 19 de octubre, el Vaticano abre un período de reflexión y debate, con el objetivo de actualizar su doctrina sobre temas que afectan, y mucho, a millones de fieles en todo el mundo. Y que podrían servir para hacer de la Iglesia católica una institución más accesible, menos oscura y en consonancia con un mundo en cambio. O también para provocar un cisma, si los ultraconservadores continúan poniendo palos en la rueda del carro que, con dificultades, quiere seguir conduciendo Francisco.








lunes, 20 de octubre de 2014

823.- España financió a la dictadura de Videla


Documentos de la reunión  de 1976 entre los ministros de economía argentinos y españoles, a los que ha tenido acceso Público.

España financió a la dictadura de Videla


Archivos secretos revelan que el rey Juan Carlos, banqueros de la talla de los Botín y los principales funcionarios del gobierno de Suárez firmaron acuerdos económicos millonarios con el sangriento régimen argentino  

DANILO ALBIN Bilbao 20/10/2014 Público.es

El exterminio de seres humanos no sólo conlleva una serie de prácticas abominables, capaces de reducir a miles de personas "a la diezmillonésima parte de una mierda", tal como le gustaba decir a uno de los más crueles carceleros del franquismo. Ya fuese en la Alemania de Hitler, en la España de Franco o en la Argentina de Videla, las políticas represivas absorbían una parte sustancial del presupuesto estatal. Desde el soldado que activaba las cámaras de gas en Auschwitz hasta el torturador que hacía retorcer de dolor a sus víctimas en Buenos Aires, pasando por el verdugo español que destrozaba a sus condenados en el garrote vil... Todos, absolutamente todos, cobraban religiosamente a final de mes. 

En mayo de 1976, cuando aún no se habían cumplido dos meses del golpe de Estado en Argentina, los cuerpos policiales que aterrorizaban a los habitantes ya habían gastado un 70% de su presupuesto anual... y aún quedaba mucha gente por morir. En vísperas de un invierno austral que prometía sangre y dolor, los jefes policiales se vieron obligados a pedir una inyección de 12 millones de dólares. Según los cálculos realizados entonces, las tareas represivas iban a costar, al menos en 1976, unos 400 millones de billetes norteamericanos.

Videla necesitaba dinero fresco, pero antes tenía que encontrar países que quisieran socorrerle. Entonces, aquel general de bigotes y mal genio se acordó de la Madre Patria, que acababa de enterrar al dictador Franco y que empezaba, con muchas dificultades, a experimentar el camino de la democracia. Exactamente al revés que en Argentina, donde las desapariciones se habían convertido en moneda diaria. La comunidad internacional conocía ese extremo, algo que parece no haber importado mucho en Madrid: según consta en una gran cantidad de expedientes secretos localizados por Público, España firmó acuerdos económicos que dieron aire a la maltrecha dictadura y sus terribles tácticas de exterminio.   
Los archivos en poder de este periódico demuestran que el rey Juan Carlos fue el encargado de facilitar los acuerdos entre la España de la transición y la Argentina de los vuelos de la muerte. El 1 de julio de 1976, el monarca recibió en su despacho al embajador de Videla en Madrid, el general Leandro Enrique Anaya. De acuerdo al informe reservado elaborado por el diplomático, el rey tuvo "expresiones de beneplácito por el éxito con que nuestro Gobierno está afrontando los problemas económicos coyunturales que éste vive", al tiempo que se mostraba muy generoso ante la próxima visita a España del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los máximos defensores del ultraliberalismo en Sudamérica.

Ante un Anaya que se salía de su uniforme, el rey Juan Carlos prometió que el responsable de Economía argentino "tendría la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales, para concurrir al encauzamiento y solución de los problemas que pudieran plantearse y/o proponerse. En tal sentido, dijo que España estaba en el mejor estado anímico para concretar operaciones comerciales y financieras con la República Argentina". A lo largo de las semanas siguientes quedaría claramente demostrado que no se trataba de simples elogios.

Documentos Videla

De las palabras a los hechos

La primera buena noticia para Videla tenía un irresistible olor a parrilla. Cuatro días después de la reunión entre Anaya y el rey, Argentina anunciaba que había firmado un convenio con España para retomar la venta de carne a este país europeo, paralizada desde hacía seis años. El acuerdo se había cocinado durante una visita realizada a Madrid por los responsables de la Junta Nacional de Carnes de Argentina y traía como consecuencia inmediata una primera remesa de cuatro mil toneladas de piezas vacunas para el mercado español, lo que reportaría tres millones ochocientos mil dólares de ganancias para Buenos Aires. 

Cuatro días después de la reunión, Argentina anunció un convenio con España para retomar la venta de carne, paralizada seis años antesEl ministro Martínez de Hoz llegó a España pocas semanas después de este acuerdo, exactamente un 22 de julio de 1976. Durante su visita, el funcionario pudo moverse con total libertad por los despachos más importantes e influyentes del país. Entre las personalidades que le abrieron la puerta se encontraban el rey Juan Carlos, con quien se reunió en la mañana del 23 de julio, y el gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Palma, que además ostentaba el título de Marqués de Tejada. También tuvo tiempo para reunirse a solas con el banquero Alfonso Escámez —presidente del ya desaparecido Banco Central— a quien le prometió que la dictadura argentina le devolvería la sucursal que había sido expropiada por el Gobierno peronista de Héctor Cámpora en 1973. 

En su intensa campaña por encontrar amigos con dinero, la Junta Militar también contactó con el poderosísimo Emilio Botín (padre) para anunciarle que su Banco Santander recuperaría las dos filiales que le habían quitado los peronistas. Coincidiendo con la visita de Martínez de Hoz, el diario Informaciones reveló que "en la última Junta General de Accionistas" del Santander Botín se había referido al "futuro y perspectivas económicas en la Argentina". "Después de los recientes acontecimientos políticos acaecidos en aquel país, tenemos fundadas esperanzas de que se volverá a la prosperidad del pasado, pudiendo asegurar que nuestra organización allí, que incluye cerca de 500 empleados y nueve sucursales, está plenamente preparada para participar en el resurgimiento de aquella gran nación. El nuevo Gobierno argentino nos ha ofrecido devolvernos las sucursales de Córdoba y Rosario que nos fueron expropiadas en 1973. Estamos en estos momentos concretando las condiciones en que ha de efectuarse dicha devolución", declaró el presidente del Banco Santander.

"Después de los recientes acontecimientos políticos, tenemos esperanzas de que se volverá a la prosperidad del pasado", dijo BotínEl mismo día en que la prensa hacía público el apoyo de Botín a los dictadores, tanto él como otros banqueros se sentaban a comer con Martínez de Hoz. Ante la apretada agenda del ministro argentino —que tenía menos de 48 horas para tratar de consolidar las relaciones económicas con políticos y empresarios españoles—, el Marqués de Tejada, haciendo gala de su cargo de gobernador del Banco de España, se encargó de prepararle un multitudinario almuerzo, en el que logró reunir en un mismo comedor a lo más selecto del sector público y privado. De acuerdo a la nómina de invitados que poco después fue enviada a la Junta Militar, en aquella comida de trabajo estaban presentes 64 personalidades españolas, entre las que figuraban los ministros de Comercio, Industria y Hacienda, así como los presidentes de los principales bancos de la época y un buen número de empresarios. El principal tema de conversación fue la relación entre España y Argentina, así como las posibilidades de negocios para ambos estados.  

Los representantes de ambos países se volvieron a ver las caras el 1 de diciembre de 1976, bajo el agobiante calor de Buenos Aires. Ese día comenzaron las conversaciones secretas entre Martínez de Hoz y el ministro de Comercio español, José Lladó, quien había sido designado por el presidente Adolfo Suárez para negociar un millonario acuerdo con la dictadura. Las negociaciones duraron 72 horas, al término de las cuales ambos ministros rubricaron un documento conjunto. De acuerdo al contenido de esos papeles secretos, ambos estados acordaron "poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera" por el cual España vendería a Argentina "bienes de equipo, barcos de características especiales, dragas y otros elementos flotantes, así como equipos de carga y descarga para puertos, locomotoras y demás material ferroviario, y otros equipos y plantas industriales" por un valor global de 290 millones de dólares.



Documento sobre las conservaciones entre los ministros de economía de España y Argentina a los que ha tenido acceso Público

Para facilitar las cosas, el Banco Exterior de España se comprometía a establecer "una línea especial de crédito" que permitiría "amparar compras argentinas por un valor máximo de 150 millones de dólares". Además, España accedía a otorgar a Argentina "un crédito en condiciones concesionarias por valor de 50 millones de dólares". "Parte de este crédito —añade el documento reservado— será utilizado para colaborar en el desarrollo de la industria naval argentina".

Ese mismo 3 de diciembre, ambas delegaciones firmaron el "Protocolo de Cooperación Comercial y Financiera entre la República Argentina y el Gobierno de España" (ver PDF), un documento que llevaba el sello de "confidencial" y en el que se establecían los pasos a dar por cada país. Por un lado, la dictadura se comprometía "en el plazo más breve posible" a firmar contratos con la empresa Astilleros Españoles para la construcción de "dragas y remolcadores de diversos tipos y eventualmente otro tipo de buques a sugerencia de la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos", por un valor aproximado de 140 millones de dólares.

Además, el Gobierno Militar garantizaba que se otorgarían "las máximas facilidades" para que las instituciones y empresas del sector público o privado argentino adquiriesen a España "bienes de capital por un valor de 150 millones de dólares" que serían financiados mediante la línea de crédito otorgada por Madrid.

Las otras cifras

Sólo durante los tres días que duró la visita del ministro español a Buenos Aires —entre el 1 y el 3 de diciembre— desaparecieron más de 100 personas. Los ciudadanos españoles, a pesar del apoyo económico que este país prestaba a la dictadura argentina, tampoco escaparon del horror. De hecho, pocas semanas después de rubricar el pacto financiero con el gobierno de Suárez, los subordinados de Videla no tuvieron ningún inconveniente en secuestrar, torturar y asesinar a un joven gallego que vivía en Buenos Aires. Se llamaba Urbano López Fernández, tenía 28 años, era auditor contable y en pocos meses iba a ser padre por segunda vez. El 31 de diciembre de 1976, mientras algunos brindaban, Urbano era fusilado junto a otros cuatro jóvenes.

Pese al apoyo, los subordinados de Videla secuestraron, torturaron y asesinaron a un joven gallegoLa desaparición de este ciudadano español no pareció inquietar demasiado al Gobierno de Suárez, que decidió continuar adelante con los negocios previstos. Entre el 22 y el 27 de abril de 1977, una delegación militar argentina, encabezada por el capitán de navío Raúl Francisco Bondoni, se trasladó a Madrid con el objetivo de firmar varios contratos "para la provisión por parte de Astilleros Españoles de un tren de dragado, dique seco, seis remolcadores de diversos elementos flotantes y material portuario de apoyo por un valor aproximado a los 220 millones de dólares", señala otro de los documentos reservados.  

De acuerdo a distintos informes elaborados por la embajada de Argentina en España, las relaciones comerciales entre ambos países alcanzaron su máximo histórico en plena dictadura. Por ejemplo, en 1977 se produjo "un notable incremento del comercio global que alcanza los 450,8 millones de dólares, cifra que no registra precedentes hasta el presente", destacaba la Consejería Económica de la Embajada en un informe. También resaltaba que el comercio entre España y Argentina "ha mantenido, en general, una tendencia creciente, que se ha producido por el aumento conjunto de las importaciones y exportaciones españolas a nuestro país. En este periodo, el comercio global pasó de 14,7 millones de dólares en 1961 a 450,8 millones de la misma moneda en 1977, lo que representa un ritmo de crecimiento anual promedio del 23,8%".

Falsa caridad

Los negocios secretos entre España y Argentina no habrían tenido un final feliz, al menos desde la óptica de los funcionarios de la dictadura. En abril de 1983, cuando ya faltaba muy poco para que el régimen se desvaneciera, el nuevo consejero comercial de la embajada argentina en España, Sebastián Iturrioz, elaboró un informe en el que desmontó la supuesta caridad de políticos, empresarios y banqueros españoles. En su nota de carácter "reservado", el funcionario advertía que "España hizo su negocio sin otorgar ninguna concesión". 

Entre otros puntos, Iturrioz  advertía que los acuerdos alcanzados entre ambos países en materia pesquera "permitió a la flota española desembarazarse de numerosas unidades —algunas obsoletas— que habían quedado inactivas". Además, el Gobierno de Suárez "desequilibró la relación societaria entre las partes y sometió al socio argentino (mayoritario) al arbitrio de la voluntad de aquél". "Otro gran acierto de España —añadía el consejero— consistió en su intensa participación en obras públicas que le fueron adjudicadas sin contrapartidas y —a veces— en perjuicio de las propias empresas argentinas", destacaba. Las reuniones con la Madre Patria, siempre bañadas en whisky y canapés, ya eran parte del pasado.







La madre de desaparecidos Noemí Gianotti de Molfino.



Videla mató en Madrid… 
y España ocultó las pruebas

Noemí Gianotti de Molfino, una madre de desaparecidos argentina, fue asesinada en julio de 1980 en un hotel madrileño. La justicia argentina investiga su caso, en el que aparecen complicidades de la Policía española  

DANILO ALBIN 28/04/2014 

Paciencia, coraje y, sobre todo, una fuerza brutal contra el olvido. Así podría resumirse la vida de los Molfino, una familia argentina que lleva más de tres décadas esperando algo tan elemental como humano: saber quiénes fueron los asesinos de Noemí Gianotti de Molfino, una madre de desaparecidos que quería encontrar a los suyos en el Buenos Aires de Videla y acabó hallando la muerte en la España de Adolfo Suárez. Una muerte extraña e impune, registrada en el mismísimo corazón de un Madrid que seguía apestando a franquismo. 

"Queremos saber quiénes la mataron, pero también quiénes encubrieron el crimen", afirma a Público Gustavo Molfino. Al igual que otros tantos miles de argentinos, este hombre proviene de una familia desgarrada por la última dictadura cívico-militar de ese país (1976-1983). En octubre de 1979, uno de los siniestros grupos de tareas del régimen secuestró a su hermana Marcela y su esposo Guillermo Amarilla, un militante peronista que estaba en la diana del terrorismo de estado. Nadie lo sabía, pero Marcela se encontraba embarazada de apenas un mes.

Otro de los Molfino, Miguel Ángel, había sido encarcelado algún tiempo antes, tras soportar todo tipo de torturas. Alejandra, otra de sus hermanas, había tenido que abandonar el país por su militancia en el sindicato de maestros. Con estos dolorosos antecedentes, Noemí se entregó en cuerpo y alma para tratar de salvar a sus hijos. Con ese objetivo, la "madre coraje" se trasladó a Europa, recorrió despachos y llegó a la propia Comisión Europea, donde advirtió sobre el genocidio que sufrían sus compatriotas. De allí marchó a Perú, un país que estaba por retornar a la democracia, para seguir con sus denuncias. Su voz era la de miles de asesinados. Sin embargo, ella tampoco escaparía del horror.


Morir en España

12 de junio de 1980, Lima, Perú. Un comando de la dictadura de Videla desplegado en la capital peruana secuestra a Noemí y a otros dos ciudadanos argentinos, que pasan a engrosar las largas listas de desaparecidos. Cinco semanas más tarde, Noemí era trasladada por sus captores a Madrid. De esa manera, la dictadura pretendía montar una operación propagandística que desacreditase las denuncias sobre la terrible realidad que vivía Argentina, alegando que los desaparecidos, en realidad, habían huido a Europa.

El plan fue trazado casi a la perfección. Noemí llegó al aeropuerto de Barajas el 18 de julio de 1980, custodiada por dos integrantes del Batallón 601 de Inteligencia, uno de los cuerpos más temibles del videlismo. Otros dos agentes que ya se encontraban en Madrid la trasladaron hasta el apartotel Muralto, situado en la calle Tutor. Allí la envenenaron mediante pastillas, cubrieron su cadáver con mantas para acelerar su putrefacción -lo que permitía eliminar cualquier rastro de la sustancia empleada para su envenenamiento- y huyeron por la puerta principal. Antes de partir, los asesinos de la habitación 604 colgaron el cartel de "No molestar".

El asesinato formó parte de una operación propagandística para desacreditar las denuncias de los argentinos
Tres días después, una de las empleadas de la limpieza decidió entrar al dormitorio, alarmada por el mal olor. Entonces descubrió una escena dantesca: el cadáver de Noemí, visiblemente hinchado, yacía sobre la cama. Junto a ella había algunos pasaportes falsos y un ejemplar del periódico Cambio16. Según consta en la documentación judicial de la época, la Policía española comprobó que los asesinos habían tratado de limpiar hasta la más mínima huella de ese escenario. Sin embargo, los peritos encontraron restos dactiloscópicos en un vaso y en unas colillas de tabaco. Todo indicaba que el crimen se aclararía en cuestión de días... Pero ocurrió exactamente lo contrario.

Pruebas olvidadas

Casi 34 años más tarde, aún se desconoce de quiénes eran aquellas huellas. Tal como ha podido comprobar Público, el juez que estuvo a cargo de este caso en 1980, Luis Lerga, decretó el cierre de la causa algunos meses después, sin preocuparse por estas pruebas. El caso volvió a ser reabierto en 1997 por el juez Baltasar Garzón, que por entonces investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina. El magistrado realizó algunas gestiones ante el CESID -el entonces servicio secreto del ministerio de Defensa-, pero no sirvió de nada: al igual que había ocurrido en 1980, las huellas dejadas por los asesinos siguieron sin ser cotejadas.

Fuentes conocedoras de este caso han señalado a Público que las huellas continuarían guardadas en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid. "En principio, alcanzaría con acceder a ellas para realizar las comprobaciones correspondientes en Argentina y España", comentaron. Sin embargo, todos los intentos realizados hasta ahora por encontrarlas han resultado infructuosos. Gracias a ello, los asesinos continúan -tres décadas después- en las tinieblas.




Noemí Gianotti de Molfino, madre de desaparecidos de la dictadura argentina. Imagen cedida por su familia

A pesar de tantos años de impunidad, la familia Molfino confía en que la verdad pueda estar algo más cerca. Actualmente, el asesinato de Noemí forma parte de una causa judicial conocida como Contraofensiva, en la que se investigan las desapariciones y asesinatos de más de 100 ciudadanos argentinos entre agosto de 1979 y septiembre de 1980. La jueza argentina a cargo del expediente, Alicia Vence, se negó a hablar con este periódico sobre el caso de la madre de desaparecidos asesinada en España.

Su silencio no es casual. Aún son muchas las preguntas que rodean este crimen y que la jueza Vence, si así lo decide, podría aclarar. Para ello, alcanza con sumergirse en los papeles amarillentos que se escribieron durante aquellos aciagos días, en los que la justicia, tanto en Argentina como en España, brillaba por su ausencia. En aquellos viejos folios aparecen varias claves que ayudan a comprender este asesinato, el único cometido por la dictadura argentina en territorio europeo.

Entre otros aspectos, Público ha accedido a varios documentos que demuestran que el gobierno de Estados Unidos siguió de cerca las investigaciones realizadas en España tras el hallazgo del cadáver de Noemí. A través de distintos cables, las embajadas americanas en Madrid y Buenos Aires intercambiaron información sobre este caso, comparado por los diplomáticos estadounidenses con una "buena novela de espionaje".

El penúltimo capítulo de esta suculenta historia se escribió a finales de 2009, cuando los Molfino recibieron una noticia impactante: antes de ser asesinada, Marcela -una de las hijas de Noemí que habían sido secuestradas por el régimen- había dado a luz un niño. Al igual que en otros cientos de casos, la criatura fue apropiada por un agente de la dictadura, que le cambió el apellido y lo crió como propio.

Gracias a la incesante lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, el joven logró recuperar su verdadera identidad. Su nombre es Guillermo Amarilla Molfino. Hoy es uno de los miembros de esta familia que sueñan con conocer, por fin, quiénes mataron a Noemí.


'No me olvides', la historia de cómo Videla mató en España

El documental ahonda en la historia de la familia Molfino, cuyos miembros sufrieron de primera mano la dictadura en Argentina 

PÚBLICO Madrid 




El rey Juan Carlos junto al dictador argentino Jorge Rafael Videla.

Noemí Gianotti de Molfino fue una madre de desaparecidos argentina. La asesinaron en 1980 en un hotel de Madrid . La razón: intentó salvar a sus hijos trasladándose a Europa, sola, y llegando hasta la Comisión Europea con intención de transmitir y concienciar del genocidio que se estaba cometiendo en su país.

Su hija Marcela había sido secuestrada y nadie conocía su paradero. Otro de los Molfino, Miguel Ángel, había sido torturado y encarcelado poco tiempo antes, y otra hija, Alejandra, había tenido que abandonar el país debido a su militancia en el sindicato de maestros.


Cuando Noemí llegó a España en busca de ayuda, nunca volvió a salir. Fue asesinada en Madrid, como parte de una operación propagandística de la dictadura para desacreditar las denuncias de los argentinos. La secuestraron y la llevaron en secreto a un hotel de la Calle Tutor, donde, tres días más tarde, una empleada encontró su cadáver.

Su muerte, a día de hoy, continúa impune, a pesar de que en la habitación de hotel donde apareció el cuerpo se encontraron huellas dactilares que permanecen sin cotejar. La familia de Noemí quiere saber la verdad y la justicia argentina investiga su caso.

El periodista Danilo Albin, en colaboración con el director vasco Karlos Trijueque, ha elaborado el documental No me olvides, que trata la historia de Noemí Gianotti y la familia Molfino, un reportaje de investigación sobre su asesinato en el que se cuenta que las huellas de los asesinos fueron archivadas por la justicia española y que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto del caso.