domingo, 22 de diciembre de 2013

661.- EL TARIFAZO ELÉCTRICO

Instalación eléctrica de Fecsa, filial de Endesa, cerca de Barcelona / ALBERT GEA (REUTERS)

EL TARIFAZO ELÉCTRICO 


Y así el kilovatio se hizo de oro

Una década de fallos regulatorios y empresariales lleva la electricidad a un precio inasumible
Las pujas de brókers y fondos de inversión marcan el recibo

JERÓNIMO ANDREU Madrid 22 DIC 2013
ElPaís


El radiador eléctrico pasó el invierno agazapado, espiándolos como un enemigo. A pesar de los seis grados de media a los que hiberna Madrid, en el apartamento de Juan Presa no quisieron ni olerlo. El frío lo taparon con mantas, y el calentador se reservó para un par de noches muy duras. Con Juan, de 62 años, viven su esposa y sus tres hijos. Ninguno tiene trabajo. Juan, que era cerrajero, lo perdió hace dos años. Sus únicos ingresos son 426 euros de la renta mínima. Los entre 60 y 80 euros mensuales de la factura eléctrica se comen una quinta parte del presupuesto.

El concepto de pobreza energética resume la situación de cuatro millones de españoles que sufren para pagar la electricidad, según el recientemente desaparecido Observatorio de la Sostenibilidad. Cruz Roja ya ha avisado de que el 40% de las familias que recurren a su ayuda, ciudadanos hasta hace poco con renta media, no puede mantener la casa a una temperatura adecuada. La preocupación crece. Las eléctricas cortaron la luz de 1,4 millones de viviendas en 2012 y el PP ha vetado esta semana en el Congreso una iniciativa de ICV para que en invierno no haya cortes por impago.

La familia Presa es una más de las que no entiende por qué España tiene la tercera luz más cara de Europa (según Eurostat, tras una subida del 60% entre 2006 y 2012, solo Chipre e Irlanda, dos islas, pagan más) mientras que los consumidores acumulan una deuda de 30.000 millones con las eléctricas.

El estupor ciudadano creció con las subidas de tarifa en agosto y octubre, y rebosó con la subasta del jueves que concluyó con el incremento del 11% previsto para enero en el recibo y que el Gobierno anuló horas después. La pregunta que recorre el país parece sencilla: ¿en qué punto de su cadena de producción el kilovatio se convirtió en oro?

La electricidad se genera en una central, salta a la red de alta tensión, de ahí pasa a las de media y baja, y termina su ciclo en casas que pueden estar en una gran ciudad, en el campo o una isla. Todos esos pasos cuestan dinero. Pero la cadena de gastos tiene más eslabones: impuestos, deudas, especuladores, intereses empresariales, primas a sistemas de producción de energía que son más limpias (renovables) o imprescindibles para garantizar el sistema (los ciclos combinados de gas).

A ojos del Gobierno está claro dónde se encuentra la fuga que hay que taponar: en esa deuda millonaria con las eléctricas, equivalente al 8% del recibo de la luz, y que representa los gastos que se les han reconocido a las compañías pero que no se les han abonado. Para enjugarla diseñó la gran reforma eléctrica de la legislatura: un paquete de 15 normas con medidas tan polémicas como gravar más al consumidor en los costes fijos de la luz (los que se pagan por tener suministro, independientemente de lo que se consuma) o la cruzada contra el autoconsumo. La reforma fracasó antes de nacer. Iba a acabar con el déficit de tarifa este año pero a última hora Hacienda retiró los 3.600 millones que había comprometido para abonar su parte del déficit.

La del déficit es una historia poco edificante. La figura la creó en 2002 Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía del PP, cuando estableció que la luz nunca subiría más del 2% al año. Como los costes de producir la electricidad eran mayores, optó por embalsar esa diferencia emulando al tendero que apunta las latas de atún fiadas. Las razones para mantener el precio artificialmente bajo eran diversas: desde el controlar la inflación, al electoralismo y la mejora de la competitividad industrial.

La solución nació como temporal, pero luego ningún Gobierno se vio con fuerza para explicarle al votante que debía pagar más. Durante una década los españoles han vivido en una ilusión. La industria y los ciudadanos consumían satisfechos mientras las eléctricas facturaban como nunca.

Este déficit fue asumible hasta que en 2005 los costes se dispararon por la subida del petróleo que arrancó con la inestabilidad en Irak. La tendencia se agravó en 2008 con las nuevas primas a las las renovables, y la crisis hizo que la componenda terminara de estallar.

Para pagar se han ido probando sistemas. El último consistía en emitir lo debido en paquetes y colocarlos en el mercado de valores (la llamada titulización). Las eléctricas ya han cobrado ese déficit y ahora los españoles se lo deben a bancos de inversión en buena parte extranjeros.

España tiene 25.000 megavatios de potencia, pero 6.000 no son necesarios
Los más críticos con esta estrategia de dilación de los problemas aseguran que esa deuda nunca se ha auditado públicamente. Y algunos, como Jorge Fabra, llegan más lejos. Fabra es un economista con aire de profesor tiernogalvanesco, jersey de pico sobre la corbata y pelo peinado hacia atrás. Ha sido consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y ahora una de sus preocupaciones es convencer a la opinión pública de que no hay un déficit acumulado de tarifa, sino superávit en las retribuciones. Es decir, que no es que las eléctricas cobren de menos, sino que los consumidores les pagan de más.

No todos los kilovatios son iguales aunque al encender la lámpara lo parezcan. Cada partícula lumínica se produce de una forma diferente y a un precio diferente. Al pulsar el interruptor, todas se materializan después de haber viajado a la velocidad de la luz desde su central de generación pero, mientras una unidad eléctrica procede del viento, otra lo hace de una presa construida hace 70 años, y una tercera de una central que funciona con un gas cuyo precio depende de mil conflictos internacionales. Y, sin embargo, toda esa energía la paga el ciudadano al mismo precio. Esta disfunción es consecuencia de un sistema de venta peculiar. Fabra la explica delante de una pantalla con un Power Point. “Atento a la exposición, que no es fácil”, avisa.

En un operador de mercado electrónico llamado OMIE, las generadoras van ofertando cada mañana la energía que producirán cada una de las horas del día al precio que les parece más cercano a sus costes. Primero se venden las que tienen los costos variables más bajos (renovables —su fuente es gratuita—, hidroeléctricas y nucleares —el coste de construcción de las centrales ya se recuperó—) y, cuando estas se acaban, se venden las que los tiene más altos (carbón y gas, por el precio del combustible). Para que a todos los actores les interese participar, al final se les abona el mismo precio: el de la producción más cara del día.

Los kilovatios se producen a precios diversos, pero todos se pagan igual: al más alto

La paradoja de este mercado, creado en 1997 con la liberalización del sistema eléctrico, es que pagaríamos lo mismo en nuestra factura si, en lugar de mezclar fuentes baratas y caras, toda la energía se produjera al precio de las costosísimas centrales de gas. “Es como si en una lonja pagas la merluza al mismo precio que la sardina”, explica Fabra. Sé que resulta contraintuitivo decir que la culpa del alto precio de la energía la tienen las más baratas; pero es así, porque lo que las eléctricas ahorran en producción no repercute en precios bajos, sino en que sus ganancias sean mayores. La hidroeléctrica tiene beneficios del 700%, y la nuclear del 200%”, calcula. “Si se les pagara lo que les cuesta la energía, el sistema se equilibraría. El déficit es en realidad esa ganancia excesiva que se embolsan”.

¿Y por qué se diseñó este mercado así? Fabra considera que por un componente ideológico a finales de los noventa, cuando comenzó la liberalización de un sector que hasta entonces estaba controlado por el Estado. Otros entrevistados apuntan que fue para favorecer la diversificación de fuentes de potencia y reducir la dependencia de las energías fósiles. En cualquier caso, Fabra insiste, “parece evidente que un sistema creado en 1997, cuando las tecnologías eran muy distintas, no tiene sentido ahora”.

Pero esto es solo la teoría. Comprender cómo funciona el mercado precisa de una visita a los encargados de vender y comprar el pescado. Axpo es una filial de una compañía suiza que opera en España con unos beneficios anuales de 600 millones. Su sala de control la preside un mapa informático de la Península sembrado de puntos y cifras con sus clientes: parques eólicos en Galicia, fotovoltaicas en Murcia...

Las renovables dicen que sus primas son solo responsables del 22% del agujero
Los técnicos están conectados 24 horas con Red Eléctrica de España (REE, la compañía encargada del transporte por alta tensión y del equilibrio del suministro), pendientes de las necesidades del sistema. Ante las fluctuaciones en la demanda, responden regulando la producción de sus clientes y enviando a la red la energía necesaria. La sincronía tiene que ser perfecta porque si la electricidad no entrara y saliera al mismo tiempo de las centrales de REE las turbinas se ralentizarían y podría ocasionarse un apagón.

Los 50 empleados de Axpo regulan la producción de muchos clientes y la venden en los mercados. Unos traders operan con seis pantallas a la vez; también hay informáticos, comerciales... todos jóvenes. “Yo soy el mayor de aquí”, bromea el presidente de la firma, Ignacio Soneira, un hombre con cuerpo pequeño y empacado de triatleta, como promociona en su perfil de Twitter.


EFE


Vender en el OMIE es muy complejo. Aparte del mercado diario —al que acuden los productores, intermediarios y grandes consumidores—, existe la subasta trimestral del CESUR —a partir de la que se fija el precio para el cliente doméstico que se beneficia de la TUR, la tarifa protegida—. Luego están los mercados intradiarios y de servicios complementarios, en los que se efectúan operaciones a velocidad vertiginosa para ajustarse a la demanda al segundo.

La CESUR suscita recelos. La CNE lo ha investigado ante la sospecha de que los precios se calienten a propósito, y en la madrugada del viernes pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha engullido a la CNE, suspendió por primera vez una subasta. El precio de la energía vendida había subido el 26,5% respecto a la subasta de octubre, y la CNMC detectó “la ocurrencia de circunstancias atípicas”. Desde que hace dos semanas el Gobierno retiró sus 3.600 millones de la reforma eléctrica, el mercado estaba disparado. Aunque hay un 20% más agua en los embalses que hace un año, las eléctricas apenas ofertaban electricidad de origen hidráulico (la más barata). Dos apagones en nucleares terminaron de elevar el precio.

En la CESUR participan las cinco grandes eléctricas y agentes financieros (bancos de inversión y comerciales) que realmente no negocian con la electricidad, sino con el precio que creen que tendrá el trimestre que viene. Estos intermediarios aportan un componente especulativo, pero también ofrecen estabilidad al sistema. Si la energía se vende a 100 y en el mercado internacional sube de repente a 110, o si en un día muy frío se dispara el precio, el cliente doméstico mantiene la tarifa inicial.

Cualquier bróker puede comprar y vender en este mercado, confiando en que el viento o el precio del carbón le concedan un pequeño beneficio. Ofrecen un precio a las comercializadoras por un paquete de energía y, una vez que ganan la puja, van comprando hora a hora la energía en el mercado diario. Para un extraño al sistema, el sobrecoste que introduce esta intermediación parece aberrante, pero Alberto Carbajo explica que es solo “grasilla”: “Puede tratarse de 1.000 millones de beneficios”.

Alberto Carbajo es ingeniero, ejerció de director general de Operación de REE y considera que los problemas más urgentes del sistema son la mala planificación y la sobreproducción. En un día de lluvia espera en la puerta de una cafetería madrileña. Con los ojos muy celestes y una gabardina se asemeja a un espía de Le Carré. Su diagnóstico es rotundo: “Faltan ingresos en el sector, por la caída de la demanda, para el volumen de las inversiones que se han efectuado”.

España acumula 25.000 megavatios de potencia, pero unos 6.000 no son necesarios. Algunas centrales de ciclo combinado se usan solo cuatro horas al día. “Tenemos un exceso de capacidad de generación de más del 30% con costes muy elevados y estancamiento económico”, resume Carbajo. “Y ese exceso, junto a la penetración de renovables con subvenciones muy generosas, ha provocado una pérdida de competitividad”.

Cuando el ladrillo marcaba el paso y la demanda eléctrica crecía desbocada al 3%, el Gobierno y las eléctricas se lanzaron a aumentar el parque energético. “Ha habido cierta miopía acerca de la duración del ciclo económico y de los escenarios financieros que facilitaban el endeudamiento. Se ha metido mucha potencia cara, como las renovables, que habría que haber incorporado solo a medida que fuera madurando. Al mismo tiempo, las empresas han construido demasiados ciclos combinados para hacerse la competencia, y esas centrales enormes están infrautilizadas”.

El problema se podría resumir en un símbolo, la nueva central de gas en ciclo combinado en San Roque (Cádiz). Con una potencia de 800 megavatios, costó 400 millones y se inauguró en 2011, cuando el consumo ya desplomado. Ahora la demanda está en niveles de 2005 por el parón de la industria.

En un panorama en el que han fallado las planificaciones de las empresas y del Estado, parece difícil señalar a un solo culpable. Sin embargo, en la guerra eléctrica todos sus actores son especialistas en acusarse unos a otros. Las grandes eléctricas achacan el boquete a las renovables. Estas sostienen que las primas que reciben son únicamente responsable del 22% del agujero y que las eléctricas quieren distraer de que sus ganancias son excesivas.

La opacidad legislativa impide que los consumidores entiendan cómo funciona el sistema, y esta falta de claridad llega a la propia factura de la luz, imposible de descifrar. Fuentes de las grandes eléctricas, las principales acusadas de este régimen de oscuridad, comparten que se han ido poniendo demasiados parches: “En lugar de una reforma integral hay 300 normas que nadie comprende. Eso tampoco nos interesa”.

Las eléctricas han cobrado el déficit de tarifa gracias a la ‘titulización’
El caso de las renovables es paradigmático. El Gobierno de Zapatero creó una serie de primas reguladas para ayudar a estas tecnologías en sus inicios. Pero incluso los productores reconocen que el sistema ha terminado suponiendo una piedra en el cuello del sector eléctrico. “Estoy de acuerdo en que se fue la mano con la fotovoltaica”, asume Jorge Morales, experto en energía y empresario fotovoltaico, “pero eso es solo una línea en un libro lleno de torpezas y escándalos”.

Instituciones científicas fijaron las remuneraciones razonables (CNE, IDAE, Ciemat…) pero la redacción de la ley fue tan deficiente que permitió que se establecieran en España 2.900 megavatios de potencia fotovoltaica en lugar de los 400 a los que el país aspiraba. El texto dejaba rendijas para la picaresca que permitieron que, además de miles de inversores honrados, en la aventura se implicaran especuladores que escapaban del ladrillo. El resultado fue sobrepotencia de una tecnología cara.

Y para culminar la falta de planificación regulatoria, ahora llega una reacción drástica: un frenazo total a un sector que ha costado miles de millones al contribuyente. “Lo que plantea la reforma es esquizofrénico”, se indigna Morales: “Por una falta de planificación regulatoria se permitió una inversión descontrolada en tecnologías como las fotovoltaicas en un momento en que aún estaban inmaduras, y ahora que están listas para competir con las energías tradicionales se las deja caer”. En su opinión el problema se podría resolver con negociación y una planificación más razonable.“A veces el fotovoltaico ha sido muy talibán pidiendo que no hubiera ninguna modificación de la norma que lo amparaba, pero se podría arreglar el bloqueo con diálogo, comenzando a aplicar las rebajas a las instalaciones a medida que vayan amortizando inversiones”.

La bola de la energía ha llegado demasiado lejos sin que ningún Gobierno pusiera algo más que parches. El sistema está lleno de flecos que suponen millones perdidos en ineficiencias, como los 2.000 de ayudas al carbón o los Costes de Transición a la Competencia (CTC), unas compensaciones que se otorgaron a las eléctricas al liberalizar el sector. Según Fabra, por errores de cálculo se retribuyeron 3.000 millones extra a las compañías por este concepto.

Los inversores defienden que sus pujas aportan estabilidad al sistema
Para salir de este callejón sin salida los expertos aseguran que hay soluciones, todas tan ambiciosas como merece un sector que se vanagloria de su complejidad. De ellas, la más lejana parece un pacto de Estado para fijar una política energética a medio plazo. Las regulaciones más ambiciosas también chocan con la puerta giratoria a través de la que decenas de exministros, secretarios de Estado y altos funcionarios de la Administración de todos los colores han entrado en los consejos de las cinco grandes eléctricas y de compañías con gran peso en las renovables. “Las ganancias son multimillonarias, y las presiones que ejercen los actores más poderosos resultan insoportables: verdaderos chantajes”, explica un ex alto cargo que no quiere dar su nombre. Las eléctricas siempre han jugado fuerte. Hace unas semanas una delegación de las 10 más importantes en Europa visitó al comisario de Energía, Günther Oettinger. Los invitados no pudieron resistirse a deslizar frente a su anfitrión que el continente podría sufrir apagones si sus retribuciones siguen cayendo.

Algunos analistas, como Fabra, sugieren la necesidad de fragmentar los mercados según tecnología para fomentar la pugna técnica y recompensar a los productores más competitivos. Alberto Carbajo considera que, a corto plazo, lo único posible es apretar los dientes y esperar que aumente la demanda para que el sistema deje de ser un pesado reloj al que mover las manecillas le cuesta miles de millones; y por ello es imprescindible acometeruna reforma que vaya más allá de combatir el déficit, consecuencia y no causa del problema.

La patronal eléctrica, Unesa, insiste mientras tanto en que la solución pasa por desregular completamente un mercado que considera que está demasiado intervenido, y eliminar campanas protectoras como la tarifa TUR (llamada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor desde la modificación legislativa), en función de la cual el Gobierno fija las cantidades que deben pagar los consumidores que tiene contratada una potencia por debajo de los 10 kilovatios. Que estos consumidores salieran al mercado libre lo haría mucho más atractivo, asegura la patronal.

El debate se perpetúa en los despachos. Mientras, el invierno regresa a la calle. La factura de la luz continuará siendo un jeroglífico este año. Uno cada vez más difícil de resolver para muchas familias.



Las incógnitas del recibo

La factura de la luz es indescifrable así como los mecanismos para fijar el precio de la electricidad. Estas son algunas claves para descifrarlo.

Habrá tarifazo: el recibo de la luz subirá en enero más del 11%

CRISTINA GALINDO / RAMÓN MUÑOZ Madrid 19 DIC 2013
ElPaís

El recibo de la luz es una incógnita para casi todo el mundo. La única certeza es que no para de subir. Estas son algunas respuestas para comprender la factura de la luz complejo mercado eléctrico.

1. ¿Es la factura de la luz en España de las más caras de Europa? No es la más cara, pero sí que se encuentra entre las más caras y, sobre todo, es la que más ha subido en los últimos cinco años, muy por encima de la media europea. En los últimos cinco años ha subido más del 70%, si se incluye el aumento programado para enero, liderando el ránking de los países de la UE en los que más se ha encarecido y siendo el sexto país más caro de la Unión. En Alemania es más cara porque se pagan muchos más impuestos: el 46% de la tarifa doméstica corresponde al IVA y otros impuestos, como la tasa que abonan los ciudadanos para financiar las energías renovables. En España los impuestos suponen un 26% del total del recibo.

2. ¿Por qué ha subido tanto? La patronal eléctrica, Unesa, asegura que el grueso de la subida se debe a los costes del sistema debido a decisiones políticas, sobre todo las primas que absorben las energías renovables. Las organizaciones de consumidores discrepan y afirman que en España ha subido más el recibo que en otros países por las deficiencias del mercado y el proceso de formación de precios de la energía: sospechan que los precios mayoristas se elevan artificialmente por las compañías en los días previos a la subasta para conseguir una tarifa alta. Otro factor que ayuda a explicar porqué ha subido tanto el recibo es el mecanismo que rige el sistema de formación de precios en el mercado mayorista. Este retribuye a todos los generadores de energía por igual, independientemente de lo que les cuesta producirla, con lo que el precio final tiende a situarse en la banda alta.

3. ¿Qué porcentaje de mi factura depende de mi consumo y cuánto de otros factores? Las facturas del mercado libre se componen principalmente de dos términos: el fijo (término de potencia) que depende de la potencia que tenemos contratada y el variable (término de energía) que depende del consumo energético.  En una de sus últimas medidas sobre la reforma eléctrica, el Gobierno anunció en verano que se aumentaba considerablemente el término fijo y reducido el variable, con lo que los expertos consideran que se desincentiva el ahorro energético, ya que la potencia contratada pesará mucho más que el consumo. Las organizaciones de consumidores aconsejan bajar la potencia contratada siempre que las necesidades lo permitan.


Rafael Ricoy

4. ¿Qué es el déficit de tarifa? Es la diferencia entre los que les cuesta a las eléctricas (o lo que dicen que les cuesta) producir la electricidad y lo que cobran a los usuarios en los recibos. Desde 2003, los consumidores han pagado ya 13.170 millones de euros de ese déficit, pero aun así le deben otros 26.000 millones a las eléctricas, según reconoce el Gobierno. Solo en 2013 se ha generado un déficit de 3.600 millones de euros.Amortizar esa deuda se lleva cerca del 9% de dinero del recibo medio. El Gobierno ha reformado el mercado eléctrico para evitar que siga creciendo este déficit, introduciendo entre otras cosas nuevos impuestos a las compañías.

5. ¿Ganan las compañías eléctricas españolas más que las compañías europeas? Pese a que las eléctricas españolas dicen que su negocio es ruinoso en España y que solo obtienen márgenes en el extranjero, lo cierto es que su nivel de beneficio estás entre los mayores de Europa. Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012, solo por detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF Suez, National Grid, E.ON o Enel, matriz de la empresa presidida por Borja Prado, según datos de la patronal Unesa. EDF lideró el 'ranking' europeo al ganar 3.557 millones de euros, frente a los 2.868 millones de beneficio neto de Iberdrola y los 2.771 millones de Endesa. GDF Suez y National Grid también superaron los 2.700 millones.

6. ¿Quién fija los precios de la electricidad? Aunque se supone que es un mercado liberalizado como el de las telecomunicaciones, a diferencia de las tarifas telefónicas, en el recibo de la luz hay una parte que fija el Gobierno y otra que depende de los precios de la energía. La parte regulada costea los llamados peajes eléctricos, costes como transporte, distribución, primas a las renovables y deuda eléctrica, y tiene un peso del 55% en el recibo final. La parte liberalizada, que pesa un 45% en el recibo, se fija de acuerdo a una subasta que tiene lugar cada trimestre y en el que pujan las compañías eléctricas y otros agentes del sector.

7. ¿Hay manipulación de precios?. La subasta eléctrica se basa en las expectativas de cómo evolucionará los precios mayoristas (pool) en el siguiente trimestre. Organizaciones de usuarios y grandes consumidores sospechan que esos precios mayoristas se elevan artificialmente en los días previos a la subasta para conseguir una tarifa alta. Los mecanismos para esa alteración pueden ser la parada técnica de las centrales nucleares (como las dos ocurridas previas a esta última subasta) o la menor producción de las hidroeléctricas, lo que hace que entren más en juego las de carbón y gas, las más caras. Las sospechas han llevado a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) abrir una investigación por posible manipulación de precios.






Industria quiere frenar el ‘tarifazo’ por sospechas de manipulación

El Gobierno trata de frenar por decreto urgente la subasta que ha disparado el precio un 11% a partir de enero. Mariano Rajoy: "Eso vamos a intentar arreglarlo"

Es la cuarta subida consecutiva del precio de la luz y la quinta en un año

Soria reconoce que el sistema que fija los precios es "inaceptable" y busca cambiarlo

El Gobierno considera “inaceptable” el resultado de la subasta eléctrica










GRÁFICO El precio de la luz en Europa


RAMÓN MUÑOZ / MIGUEL JIMÉNEZ Madrid 20 DIC 2013



Hasta que llegó la crisis se tenía la certeza de que el precio de los pisos nunca bajaba. Pinchada la burbuja inmobiliaria, esa certeza se ha trasladado ahora a la luz que, pese a que la recesión ha erosionado las economías domésticas y el consumo, dispara su precio trimestre a trimestre. En 2014 batirá récords. Si el Gobierno no lo remedia, el próximo mes de enero los consumidores deberán afrontar un aumento récord del recibo de la luz de en torno al 11%, la mayor subida desde que se implantó el sistema actual en el que una parte de la tarifa la fija el Ministerio de Industria y otra depende de una subasta en la que pujan las compañías eléctricas.

El Gobierno parece dispuesto a frenar la incómoda subida, que ha suscitado críticas en todos los rincones, políticos y sociales. El presidente Mariano Rajoy, preguntado por el asunto del tarifazo en la cumbre de jefes de Estado europeos a la que asistía este jueves en Bruselas, señaló: "Eso vamos a intentar arreglarlo", informó Miguel González.

Esa subasta, celebrada este jueves, arrojó un inesperado aumento del 26,5%, que repercutirá en la factura final que paga el consumidor con un incremento del 10,5%. Si se suma el otro componente del recibo, la parte regulada que fija el Gobierno y cuyo aumento se estima en menos del 1%, la factura de la luz subirá a comienzos de 2014 en torno al 11%.

Esa subida desorbitada supone, en la práctica, un desafío al Ejecutivo del sector eléctrico, que ha visto frustrados sus deseos de que le reconocieran los 3.600 millones de euros del llamado déficit de tarifa. Y el Gobierno va a responder a ese reto, con un decreto para reformar el sistema de subasta e invalidar el resultado de la última puja para evitar que tenga esa repercusión desmesurada en el recibo, según señalaron en fuentes cercanas al Ejecutivo. El decreto, con carácter de urgencia, será aprobado previsiblemente en el Consejo de Ministros que se celebra este viernes.

Se trata de la cuarta subida consecutiva del precio de la luz tras las revisiones que tuvieron lugar en octubre (3,1%), agosto (3,2%) y julio (1,2%) y la quinta en un año, si se tiene en cuenta la de enero pasado (3%). En el conjunto de 2013, las tarifas moderaron su aumento hasta un 4,5% de media gracias a que en la revisión de abril hubo un descenso del 6,7%. Incluyendo la subida del próximo mes de enero, la electricidad se ha encarecido el 70% en los últimos cinco años, con la crisis de por medio que ha dejado maltrechas las economías domésticas.

El resultado de la subasta, que se conoció a media mañana, desató un enorme revuelo tanto en el plano social como político. Las organizaciones de consumidores clamaron contra este nuevo “atraco eléctrico”, que “convierte a la luz en un objeto de lujo”. En el Congreso de los Diputados, todos los partidos de la oposición firmaron un manifiesto comprometiéndose a derogar la reforma cuando tengan mayoría. Ante la trifulca parlamentaria y la alarma social, el Gobierno no tuvo más remedio que comparecer. El ministro de Industria, José Manuel Soria, no quiso hablar de manipulación pero tachó de “inaceptable” la subasta porque los resultados que han salido de la misma no se corresponden con los precios mayoristas de los últimos días.

Un decreto urgente evitará que se vuelva a repetir el alza desorbitada

Además, Industria ha instando a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) a que en el plazo de 24 horas emita un dictamen urgente sobre la subasta y dilucide si ha podido ser manipulada por las compañías eléctricas y brokers financieros para elevar artificialmente el precio de la electricidad. Pese al boato de la declaración, en realidad, se trata de un procedimiento de oficio, contenido en una orden ministerial de 2009, que obliga a la CNMC a validar los resultados de todas las subastas para comprobar que han sido limpias.

En esta ocasión, y para justificar su decreto derogatorio, el Ejecutivo tiene interés en que la CNMC, que nunca ha invalidado ninguna subasta, haga públicas sus indagaciones. Y así parece que va a suceder. La CNMC ha encontrado indicios de “irregularidades” en la subasta aunque pedirá más tiempo para investigar lo sucedido y tomar una decisión, informaron en fuentes del sector.

Si se demuestran irregularidades, se invalidaría la subasta y se convocaría otra. Es decir, se frenaría el tarifazo, y el Gobierno podría aparecer como el garante de los derechos de los ciudadanos vendiendo un aumento más limitado, como el que se esperaba de entre el 5% y el 7% antes de la subasta.

Competencia investiga al sector por una posible manipulación de precios
Organizaciones de consumidores, comercializadoras y grandes clientes sospechan que desde que se instauró este sistema que los precios mayoristas se elevan artificialmente por las grandes compañías en los días previos a la subasta para conseguir una tarifa alta. En este caso, se han disparado los precios por la parada técnica de tres nucleares (Vandellós, Trillo y Almaraz) y la escasa producción de las centrales hidráulicas y eólicas (pese a que en esta época suelen estar a pleno funcionamiento), lo que ha hecho que entre en producción el carbón y el gas, las más caras de producir.

Aunque tradicionalmente Gobierno y eléctricas se culpabilizan del encarecimiento de la luz, esta vez se han aliado para desgracia del bolsillo del consumidor. El Ejecutivo porque, contrariamente a lo prometido, ha decidido subir los peajes eléctricos, la parte regulada que cubre costes como transporte, distribución, primas a las renovables y deuda eléctrica, y que tiene un peso del 55% en el recibo final. Tras la subasta, el Gobierno ha decidido rebajar el impacto sobre el recibo de su subida a menos del 1%.

La subasta trimestral, denominada Cesur, y a la que concurren, entre otros agentes, las eléctricas encargadas del suministro regulado (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, HC y E.ON), aporta un 45% del recibo aproximadamente. Como en anteriores ocasiones, los precios del mercado mayorista de la electricidad (pool) se incrementaron notablemente en los días previos a la subasta. Finalmente, se disparó hasta los 61,83 euros por megavatio/hora (MWh), con un aumento del 25,6%, y muy por encima de los 47,58 euros que marcó en la anterior subasta de septiembre.

Las eléctricas guardan silencio. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se limitó a decir que él “también estaba preocupado” por la subida, informa Juan Manuel Játiva. Galán fue el quinto ejecutivo mejor pagado de las empresas del Ibex en 2012, con un total de 9,2 millones.

“Esta es la luz que está al final del túnel”, decía con ironía un consumidor en las redes sociales refiriéndose al tarifazo. En un país en el que a 1,4 millones de hogares les han cortado la luz por impago, la subida de enero puede significar un golpe muy duro. Habrá que cambiar el dicho: “El que llegue primero que apague la luz”.







Las eléctricas preparan la guerra al Gobierno tras el freno al ‘tarifazo’

El sector estudia acciones legales por las acusaciones de que manipulan el mercado
Unesa pide clarificar "urgentemente y con transparencia" el informe sobre la subasta anulada

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA Madrid 21 DIC 2013 


La decisión del Gobierno de anular la subasta trimestral que determinaba que la tarifa eléctrica subiría el 11% en enero ha levantado una sombra de sospecha sobre las compañías eléctricas que estas van a combatir con armas y bagajes. Según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), a la que recurrió el Ejecutivo para apoyar sus actuaciones, existieron “circunstancias atípicas” en la subasta. Esto, en roman paladino, se traduce en que las empresas pudieron haber manipulado el mercado durante los días previos y durante la misma subasta para elevar el precio de la electricidad.

Esas acusaciones —alimentadas, además, por las realizadas por asociaciones de consumidores, grandes clientes y comercializadoras— han sido consideradas como una “declaración de guerra” por el sector, que se guarda la posibilidad de entablar acciones legales contra el Gobierno. De momento, van a esperar a los pasos que dé el Ejecutivo, que deberá determinar si fija el precio por decreto o adopta un nuevo sistema. Es probable que, de forma provisional, repita el aumento de septiembre (un 3,1%, si no cambia el precio de la parte regulada, que supone un 55% del total) para luego corregirlo si se producen desviaciones sobre esta estimación.


Mientras tanto, ha arreciado el cruce de acusaciones. Las eléctricas exigen al regulador “que se clarifique urgentemente y con la mayor transparencia el resultado del informe sobre el análisis de la subasta” y que publiquen los volúmenes registrados en la subasta, así como la lista de los participantes en la misma y las condiciones en que se llevó a cabo.

En opinión de las compañías, “se están creando graves perjuicios de reputación y económicos a unas empresas que realizan una actividad vital para el país y emplean alrededor de 180.000 personas”, según un comunicado de Unesa, patronal que junta a las eléctricas convencionales (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EON y EDP-Hidrocantábrico).

Los ánimos se encendieron todavía más este sábado con las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, al diario Abc, en las que critica la “burda manipulación y actuaciones para modificar los precios” y ataca a las eléctricas porque “no saben como justificar que fue transparente”. Según Unesa, las acusaciones del ministro son “muy graves” y “un claro menosprecio a la honorabilidad de los gestores y miles de empleados al haberse realizado en un tono y unos términos que sugieren que podría haber incurrido en algún género de responsabilidad”.


El presidente de Unesa, Eduardo Montes, salió al paso. “No es admisible que culpe a las eléctricas”, dijo. Las eléctricas subrayan que los supervisores de la CNMC no detectaron in situ ninguna irregularidad y que el informe del Boletín Oficial del Estado publicado este sábado no alude a esa manipulación de precios y sí a errores técnicos. El BOE publica la resolución de la Secretaría de Estado de la Energía, en la que se determina que la subasta fue anulada a todos los efectos y las “circunstancias atípicas” detectadas por la CNMC en las que se dice que se ofertó un volumen inferior del 11,5% a otras subastas, alcanzó diferencias superiores a un 7% en el precio (cuando la media ha sido del 2%) y se llevó a una “temprana finalización”, siendo la más rápida en cerrar (en la ronda siete cuando lo normal es en la 12).

Para las eléctricas llueve sobre mojado después de varios meses de lucha contra una reforma que no ha contentado tampoco a las firmas de renovables (porque les reduce drásticamente las subvenciones) ni a los consumidores. Esa reforma tenía como objetivos fundamentales acabar con el déficit a partir de 2013 y conseguir moderar los precios. Pues bien: el déficit va a aumentar al menos 3.600 millones de euros este año como consecuencia de que las enmiendas introducidas por el PP a última hora en el Senado impiden que se carguen sobre los Presupuestos. Y el precio de la tarifa anda lejos de moderarse.

Para arreglarlo, el Gobierno recurrió a titulizar la deuda para que no recayera sobre las empresas, a las que pidió que retiraran los recursos que tenían en marcha. Esa tregua pedida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una reunión a la que no invitó a los responsables de Industria, duró hasta la decisión gubernamental tras la subasta del jueves, que venía precedida de una subida de precios en la fijación de precios diarios del pool.

Para las empresas, “el incremento de tarifas es la prueba definitiva de que la reforma ha muerto antes de nacer”. “Lo veníamos diciendo hace tiempo: la reforma no podía conseguir ninguno de sus objetivos porque está mal diseñada ab initio. No se puede acabar con el déficit ni con los precios altos si no se atacan los factores que causan el déficit”, subrayan. “Vuelve a someter al sector a una situación de incertidumbre insostenible”, rematan.

Las eléctricas esgrimen que tienen un papel “absolutamente marginal” en la subasta, en las que participan en torno al 10% de la oferta total. Las empresas recuerdan que, en contra de lo que pueda pensarse, los principales protagonistas no son las eléctricas. En la subasta del jueves, por ejemplo, hubo 36 operadores y más de la mitad fueron entidades financieras y brókers.

La presencia de estos en un mercado tan específico se explica porque no deja de ser un negocio, que funciona como el mercado de futuros, en el que evidentemente también asumen riesgos. En definitiva, la tarifa está sometida más a las reglas de un mercado financiero (y, por tanto, especulativo) que industrial, lo que entraña una situación anómala que ni el Gobierno socialista, antes, ni ahora el del PP han sabido corregir, pese a las evidencias de posibles movimientos irregulares y, lo que es más llamativo, de las advertencias de las propias eléctricas.

Asimismo, piden que se modifique el sistema de fijación de precios (la subasta supone un 45% de la tarifa y un 55% sale de los peajes regulados) porque consideran inadecuado que en una subasta de un día se decida el precio de un trimestre. Para ello, han presentado propuestas a Industria para que lo cambie y se establezca un sistema como el de las subastas del Tesoro, que combina precios a distintos plazos. También han barajado otras fórmulas como fijar los precios ex ante y corregirlos después o cruzar oferta y demanda real antes de la distribución, como ocurre en países vecinos. En ese sentido, la antigua Comisión Nacional de la Energía (ahora integrada en la CNMC), advirtió de que podría ocurrir que el precio de un día condicionara toda la demanda de un trimestre. Precisamente, esa Comisión no ha enmendado la plana a las 25 subastas anteriores.

Además, las eléctricas denuncian que casi el 50% de la tarifa se debe a cuestiones que “nada tienen que ver con los costes de producir y distribuir electricidad (subvenciones, déficit de tarifa, impuestos...) y sí con errores de política energética que, en lugar de sufragarse a través del Presupuestos, los pagan los consumidores”. “Por no afrontar los auténticos problemas del déficit y la evolución de precios, está conduciendo al sistema eléctrico a una situación insostenible en la que casi la mitad de lo que pagan los consumidores sirve para costear los errores políticos y no para cubrir los costes del suministro eléctrico”, reseñan. En ese sentido, subrayan que la reforma sólo ha atacado los ingresos regulados, es decir, “la parte de la tarifa que ni crea déficit, ni crece”.







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