miércoles, 9 de abril de 2014

743.- La sanidad pública española, en manos de fondos de inversión y empresas que cotizan en bolsa

Diecisiete fórmulas de gestión sanitaria en busca de la sostenibilidad
El hospital de Alzira, germen del modelo promovido por Ribera Salud.



La sanidad pública española, en manos de fondos 
de inversión y empresas que cotizan en bolsa

El mercado financiero irrumpe en la gestión de hospitales públicos mediante la compra-venta de acciones

Las empresas a las que se les adjudica la dirección de centros cambian de manos, dan entrada a fondos opacos o se retiran del 'negocio' al no cuadrarles la cuentas

Cuando se habla de sostenibilidad del sistema público sanitario, ¿de qué se está hablando? Cuando alguien soporta una espera prolongada para operarse o realizarse una prueba diagnóstica, ¿dónde está el núcleo del problema? Al esgrimir los responsables políticos los "gastos sanitarios", ¿A qué balances económicos se están refieriendo?

Este martes la corporación estadounidense Centene confirmó que se hacía con el 50% de la empresa española Ribera Salud (concesionaria de cinco departamentos sanitarios y cuatro hospitales en la Comunidad Valenciana, además del laboratorio central de la Comunidad de Madrid). Centene se dedica, sobre todo, a gestionar programas de salud de diferentes administraciones en Estados Unidos. Según esta empresa, serán "un accionista de referencia" pero "sin control". El paquete de acciones que ha adquirido corresponde al que poseía Bankia. El otro accionista mayoritario es el Banco Sabadell. Tras conocerse la operación, Centene cerró su cotización en Wall Street el pasado lunes en 58,05 dólares (una bajada del 1,8%).

Ribera Salud ya se deshizo de sus acciones en otro hospital público madrileño (Torrejón de Ardoz) que colocó a Sanitas tras dos años de concesión por parte de la Comunidad de Madrid. Más tarde recibió el contrato para gestionar sanitariamente dos de los hospitales que Madrid pretendió privatizar y cuya adjudicación se frenó este año.

Sin beneficio, se pierde el interés...

Hace poco más de un mes, entre el 5 y el 18 de marzo de 2014, en Bruselas, el director general europeo de la Competencia, Alexander Italianer, firmó dos vistos buenos para que un fondo de inversiones entrara en la gestión de tres hospitales públicos de Madrid.

Con estas operaciones, grupos españoles constructores como OHL y Sacyr –dueñas de Phunciona y HC, adjudicatarias de la parte no sanitaria de esos hospitales– daban cabida a LBEIP BV, un fondo dedicado a "la gestión de fondos de pensiones" y "perteneciente a Lloyd’s Banking Group" – aliado estratégico del Banco Sabadell-, en la dirección administrativa de los centros del Sureste (Arganda del Rey), Infanta Cristina (Parla) y del Henares (Coslada). Era el remate en la aplicación de la lógica del mercado que inspiró la creación de estos hospitales.

La Comunidad de Madrid encargó en 2005 a estas constructoras levantar el edificio, y les encomendó su  mantenimiento y los servicios administrativos a cambio de un canon anual. En 2010 el Gobierno decidió aumentar lo que les pagaba cada año. Entre los hospitales que vieron su canon aumentado de golpe estaba los del Henares (que vio su alquiler de 15 millones millones aumentado en 110.029 euros); Infanta Cristina (que sumó 236.385 euros a sus 14 millones por año)  y Sureste (582.699 euros añadidos a los 10 millones iniciales).

La dinámica del beneficio siempre está presente en estos proyectos que mezclan lo público y lo privado, incluso en la sanidad. Un año después, las concesionarias pidieron por escrito un nuevo incremento global de 80 millones para evitar "el colapso". Tres años después y antes de una década del encargo del Gobierno dirigido entonces por Esperanza Aguirre, algunos de los contratistas se retiran y dejan una buena parte de sociedad en manos del mencionado fondo.

Los fondos de inversión se han extendido en el negocio sanitario público. Además de esta nueva situación, uno de los mayores contratistas de servicios sanitarios a cargo de las cuentas públicas, IDCSalud, pertenece en última instancia a uno de estos fondos.

IDCSalud es el nuevo nombre que adoptó Capio Sanidad. Esta sociedad, que tiene detrás un entramado de empresas, pertenece al fondo holandés HC Investments BV que dirige el fondo de inversión riesgo estadounidense CVC (se da la casualidad de que el grupo al que Sacyr y Villar Mir han vendido sus participaciones, LBEIP BV, también tiene sede en los Países Bajos).

IDCSalud gestiona los hospitales de la red pública Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Villalaba (éste aún sin funcionar por decisión del Ejecutivo regional, y en el que se gasta unos 900.000 euros mensuales por tenerlo cerrado).




Madrid, Cataluña y Galicia, las comunidades 
con más privatización sanitaria

Madrid, Cataluña y Galicia son, por este orden, las comunidades autónomas en las que la sanidad tiene un mayor grado de privatización, mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha presentan el nivel más bajo.

Así se desprende de un estudio realizado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), hecho público hoy, que señala que los fenómenos de privatización, "un hecho que viene de antiguo", han tenido una intensidad variable según las CCAA, atendiendo tanto al partido político en el gobierno como a otras circunstancias.

No obstante, el proceso privatizador "se profundizó y diversificó a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, y se ha acentuado en los últimos años", señala el informe.

Para realizar el estudio se han evaluado aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de fórmulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma.

De acuerdo a estos criterios, se ha puntuado a todas las CCAA, obteniendo un resultado promedio de 15,58 puntos (rango entre 9 y 23), sobre un máximo de 25 puntos posibles.

Madrid (con 23 puntos), Cataluña (21), Galicia (19), Baleares (18) y Canarias (18) son las regiones que presentan un alto nivel de privatización.

Con un grado intermedio se sitúan Aragón (17), País Vasco (17), Castilla y León (16), Murcia (16), Comunidad Valenciana (16), Navarra (15) y Cantabria (14).

En el otro extremo, con un bajo nivel, están Andalucía (12), Asturias (12), La Rioja (12), Castilla-La Mancha (10) y Extremadura (9).

Los datos corresponden fundamentalmente a 2012 y algunos a 2013 por lo que, según los autores, "previsiblemente, se habrán modificado a peor en la mayoría de las comunidades".

Además, no se evalúa el impacto de los últimos recortes presupuestarios y del Real Decreto Ley de medidas urgentes de sostenibilidad del sistema sanitario.

El estudio constata "una gran desigualdad" entre las comunidades (la ratio entre la puntuación máxima y mínima es de 2,55), "lo que es una barbaridad y evidencia diferencias excesivas", que ponen de relieve "una falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud".

Alguno de los datos analizados (gasto de bolsillo en sanidad) está sobre todo relacionado con la riqueza de las comunidades porque identifica el gasto en prestaciones no cubiertas por la sanidad pública, como por ejemplo la odontología.

La FADSP ha resaltado que "como siempre, la gran limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias que dificulta enormemente el encontrar datos homogéneos para todas las comunidades", lo que, a su juicio, "es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos".

El informe precisa que las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están infraestimadas por la presencia del modelo MUFACE (mutualidad de funcionarios) "que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados".

Pero también, según los autores, "porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (pruebas diagnósticas, etc), con lo que estas partidas no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos".




El dinero que la sanidad pública paga a la privada 
ha crecido un 52% en 10 años

La privatización sanitaria tiene múltiples caminos: desde la adjudicación de hospitales hasta los conciertos para hacer pruebas diagnósticas, tratamientos o intervenciones quirúgicas

Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español

Por Raúl Rejón  

La sanidad pública paga cada vez más a la privada. Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.

El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.

La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria (4,5%).

El panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el alcance de la privatización.

Sanidad mixta catalana

En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31 hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria o los servicios socio-sanitarios.

Este esquema obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el 41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en 2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual desde 2002 a 2011.

Los contratistas entran a escena

Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad. Tanto con la concesión de la gestión no médica de centros como los contratos completos que asignan a empresas privadas la construcción, administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red pública española en los últimos años.

La Comunidad Valenciana: es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas. Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas (Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:

Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud): 94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas): 123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera Salud y Asisa): 101 millones.

Las asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%. Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). "A la Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas", ha analizado el director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre estos modelos.

Madrid: el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En 2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto total). El estudio de IDIS habla de "interdependencia" entre los sistemas sanitarios público y privado.

Existen cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).

Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286 millones al año.

Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos

Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el 23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.
En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.
También a la hora de intentar bajar las listas de espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus pacientes.

Los convenios

El sistema de convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja Española. 

Este sistema es el que utiliza el Partido Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano hace poco más de un mes, "está vigente en otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña". El flujo de pacientes andaluces está controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de Gestión.

El informe del IDIS reseña que "no se dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por parte de los grupos privados con estos convenios".  Andalucía gasta 447 millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7% del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Asturias.

La Comunidad de Madrid firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada anualidad.

Eldiario.es




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