678.- Masacre en la embajada española de Guatemala

Imagen de los cadáveres resultantes del asalto militar

Masacre en la embajada española de Guatemala

"Brutos, retírense, soy el embajador de España"

A 34 años de la sangrienta intervención militar contra la embajada española en Guatemala, 'Público' revela un informe secreto que ofrece detalles sobre este caso, en el que 37 personas fueron quemadas vivas

DANILO ALBIN 25/01/2014 Público.es

"Sáquenlos de ahí a como dé lugar". Aquel 31 de enero de 1980, la orden del general Fernando Romeo Lucas García, por entonces presidente de Guatemala, fue clara y concisa. Sus asesores le acababan de informar que un grupo de indígenas mayas había tomado la embajada española para denunciar el exterminio que sufrían en amplias zonas del país. Fiel a su mano dura, García ni siquiera se acordó de que la delegación diplomática era territorio extranjero y que, por tanto, no podía actuar con el mismo grado de impunidad y salvajismo que su gobierno exhibía en las comunidades campesinas.

El "como dé lugar" dio paso a un brutal operativo militar que se saldó con la muerte de 37 personas. A pocos días de que se cumplan 34 años de ese terrible episodio, Público ha tenido acceso a un documento secreto sobre la intervención militar en la representación española. Se trata de un informe elaborado por el entonces embajador de la dictadura argentina en Guatemala, Roberto Tiscornia, un diplomático que se dedicó a reunir distintos testimonios sobre lo ocurrido. Este documento aún no ha sido desclasificado por el Gobierno argentino, que lo mantiene guardado -y completamente olvidado- en una vieja y húmeda oficina del ministerio de Relaciones Exteriores.

Detalle del informe sobre el asalto a la embajada española.

El informe fue elaborado por el entonces embajador de la dictadura argentina en Guatemala

Tal como relatan estos amarillentos papeles, todo comenzó en torno a las 11.00 de la mañana del jueves 31 de enero. El embajador Máximo Cajal acababa de recibir en su despacho a una delegación compuesta por el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres Lenhoff, el ex canciller Adolfo Molina Orante y el profesor universitario Mario Aguirre Godoy, junto a quienes ultimaba detalles relacionados con un acto académico que se iba a celebrar en Madrid. En medio de la reunión, un funcionario le avisó a Cajal que un grupo de campesinos indígenas se encontraba en el interior del edificio.

Alarmado por lo que pudiese ocurrir, el embajador logró comunicarse con el subsecretario de Relaciones Exteriores de Guatemala. De acuerdo a este informe, Cajal le exigió que "las Fuerzas de Seguridad se abstuvieran de intervenir, recibiendo la burocrática respuesta de que lamentaba lo sucedido y que pondría todo ello en conocimiento de la Superioridad". Seguidamente, el diplomático llamó por teléfono al ministro de Exteriores español, Marcelino Oreja, para alertarle sobre la situación que se vivía dentro de la embajada. Minutos después, Oreja contactó con el canciller guatemalteco, el coronel Rafael Castillo Valdés, "requiriéndole que evitara la presencia de fuerzas de seguridad". Sin embargo, nada de ello sirvió para frenar lo que ocurrió a continuación.

"A las 14.30, aproximadamente, el embajador de Venezuela (Jesús Elías Morel) fue testigo de que fuerzas policiales invadieron la misión diplomática española, treparon hasta los balcones y techos y con picos comenzaron a romper vidrios, ventanas y puertas para ingresar en la Cancillería", señala el documento. A partir de ese preciso instante, los hechos se sucedieron de forma vertiginosa. "El embajador español, el ex vicepresidente Cáceres Lenhoff y el ex canciller Molina Orantes, utilizando un megáfono de los ocupantes, pidieron a la Policía -antes de que ingresaran en la cancillería hispana-, que no intervinieran y que se trataría de llegar a una solución pacífica". Amparados por sus jefes, los agentes desoyeron estas súplicas y decidieron continuar adelante con el operativo.

"Varios fueron los policías que manifestaron que procedían obedeciendo órdenes superiores" 

De acuerdo a este informe, los militares y policías que intervinieron cortaron las líneas telefónicas de la embajada, de manera que sus ocupantes quedasen completamente aislados. En ese contexto, Cajal realizó un último y desesperado intento para tratar de impedir la masacre: "Al producirse el ingreso o intrusión policial en los balcones, el embajador español se acercó a una de las ventanas, y a la vez que gritaba ‘brutos, retírense, soy el embajador de España', tuvo por única respuesta un culatazo que uno de los policías le propinó en su mano". Entonces hubo disparos, fuego y un denso humo. El edificio de bandera española había comenzado a arder, y los agentes no harían nada para evitarlo. Al cabo de unos minutos, las llamas habían devorado a quienes se encontraban en el edificio.

Entre los muertos había dos ciudadanos españoles: el funcionario Jaime Ruiz del Árbol y María Teresa de Villa, quien había acudido a la embajada para realizar unos trámites. Otro de los fallecidos fue Vicente Menchú Pérez, padre de la militante indígena que en 1992 se convertiría en Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum. Sólo hubo dos supervivientes: el embajador Máximo Cajal y uno de los indígenas, Gregorio Yujá. Algunas horas más tarde, los policías irrumpieron en el hospital donde ambos estaban internados para llevarse a Yujá. Su cadáver fue abandonado poco después frente a la rectoría de la universidad. Desde ese momento, Cajal -quien actualmente se encuentra retirado de la actividad diplomática- pasó a ser el único testigo directo de la masacre.

"Policías analfabetos"

El documento rescatado por Público destaca que este caso provocó una fuerte indignación entre los representantes diplomáticos acreditados en el país centroamericano. Apenas 24 horas después de la fatídica intervención militar en la oficina española, el nuncio del Vaticano y varios embajadores mantuvieron una discreta reunión con el canciller Castillo Valdés, a quien reclamaron una explicación. En un burdo intento por salvar al régimen, el ministro endilgó toda la responsabilidad a sus subalternos. "Este país, como los señores embajadores bien saben, tiene un elevado número de analfabetos y que las fuerzas policiales, que reconozco que obraron con precipitación, poco o nada saben acerca de la extraterritorialidad de una embajada", argumentó Castillo Valdés ante la atónita mirada de los representantes extranjeros.


El canciller también prometió una "investigación exhaustiva" sobre lo sucedido, algo que nunca ocurrió. Al igual que en otros tantos miles de crímenes cometidos por el régimen del ya fallecido general García, sus autores materiales e intelectuales gozaron de la más absoluta impunidad. "Son concordantes las versiones que los efectivos de seguridad fueron dirigidos por el jefe de Policía, el coronel Germán Chupina Barahona, y que varios fueron los policías que manifestaron que procedían obedeciendo órdenes superiores", subrayaba el informe del diplomático argentino. Tanto Chupina como García murieron sin ser juzgados por este caso. Actualmente, la justicia guatemalteca mantiene un proceso abierto contra un mando intermedio de la Policía del país, Pedro García Arredondo, acusado de haber participado en la masacre. De momento, todos sus compañeros de matanza, desde los que la ordenaron hasta los que la cometieron, continúan a salvo de la justicia.

Matanza en la embajada española de Guatemala

La matanza de la embajada española en Guatemala remite al suceso del incendio y masacre que se produjo en dicho país centroamericano el jueves 31 de enero de 1980.

El motivo fue la movilización en forma de protesta por parte de un grupo de indígenas, secundado por el Comité de Unidad Campesina, la Coordinadora de Pobladores, obreros, cristianos y estudiantes de Secundaria y universitarios miembros del Frente Estudiantil Robin García, organizaciones sociales que tenían influencia del Ejército Guerrillero de los Pobres , con el fin de llamar la atención al mundo sobre las matanzas que cometía el ejército guatemalteco en El Quiché bajo las órdenes del general Fernando Romeo Lucas García, quien ostentó la presidencia del país de 1978 a 1982.

El hecho

«De acuerdo con datos históricos, al filo del mediodía del jueves 31 de enero se reunían en la sede diplomática española el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Cáceres Lehnhoff, el ex canciller Adolfo Molina Orantes y el jurista Mario Aguirre Godoy con el embajador de ese entonces, Máximo Cajal y López. Los ex funcionarios y el jurista guatemaltecos visitaban al embajador por una celebración próxima del Instituto de Cultura Hispánica, cuando irrumpieron aproximadamente 30 guerrilleros y campesinos que anunciaron que ocuparían la sede diplomática, para solicitar la intervención de la misma en los sucesos del noroccidente del país.»

Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el recinto y el saldo fue de 37 fallecidos, incluyendo el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres, el ex canciller guatemalteco Adolfo Molina y el padre de la Premio Nobel Rigoberta Menchú, Vicente Menchú, uno de los líderes de los indígenas ocupantes. Se salvaron, con graves quemaduras, el Embajador de España y un indígena que fue secuestrado el día después del hospital donde convalecía de sus heridas, torturado y asesinado. Su cuerpo, arrojado frente a la Universidad de San Carlos, tenía un cartel colgado del cuello con la frase "Cajal, comunista, te ocurrirá lo mismo". El gobierno español evacuó al Embajador Máximo Cajal, con la asistencia del cuerpo diplomático en Guatemala y rompió relaciones diplomáticas con el país. Unos meses después fue asesinado de 55 disparos Roberto Mertins Murúa, director del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica -actual Centro Cultural de España en Guatemala-, que había criticado en Televisión Española la actuación de las autoridades militares en el asalto a la embajada. Durante los siguientes años, sucesivas comisiones de investigación llegaron a la conclusión, aceptada por el gobierno guatemalteco en 1984, de que las víctimas habían muerto por quemaduras producidas por granadas de fósforo blanco, asumiendo que la Policía Nacional de Guatemala era la responsable de lo acaecido y exonerando completamente a los ocupantes de cualquier responsabilidad en el trágico desenlace. No obstante, hasta el día de hoy, medios afines a la ultraderecha militar siguen defendiendo que los ocupantes se autoinmolaron, y acusan en particular al embajador Cajal de connivencia con la guerrilla.

El resultado

Esquela de Roberto Mertins.

El resultado fue el asesinato de 37 personas (dos más en días siguientes) y la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Guatemala que no se volverían a normalizar hasta el 22 de septiembre de 1984 con un tratado firmado en Bogotá, (Colombia). Tan sólo tres personas lograron sobrevivir a la matanza, el embajador Máximo Cajal y López, el abogado Mario Aguirre Godoy y el campesino manifestante Gregorio Yujá, quien logró salvarse cobijándose bajo los cadáveres calcinados de sus compañeros. Yujá fue asesinado en la madrugada del viernes 1 de febrero de 1980. Algunos nombres de los que perecieron son:

Eduardo Cáceres Lehnhoff: ex vicepresidente de Guatemala y miembro del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica.

Adolfo Molina Orantes: ex canciller (ministro de asuntos exteriores), ex presidente del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica y miembro de honor del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid (actual AECID).

Jaime Ruíz del Árbol: cónsul español y otros dos españoles; Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez.

Los otros muertos en la embajada fueron los indígenas: 

Vicente Menchú, María Ramírez Anay, María Ramírez Anay (hermana), Gaspar Viví, Mateo Sic Chen, Regina Pol Juy, Juan Tomás Lux, María Pinula Lux, Juan Us Chic, Gabina Morán Chupé, Josè Angel Xona Gòmez, Mateo Sis, Juan Chic Hernández, Juan López Yac, Francisco Tum Castro, Mateo López Calvo, Juan José Yos, Salomón Tavico Zapeta, Francisco Chen Tecú, Felipe Antonio García Rac, Trinidad Gómez Hernández, Luis Antonio Ramírez Paz, Edgar Rodolfo Negreros, Leopoldo Pineda, Sonia Magali Welches Valdez. Posteriormente fue asesinado el Gregorio Yujà Xona, único sobreviviente. Y el día del entierro fueron asesinados Gustavo Adolfo Hernàndez y Jesús España.

En septiembre del mismo año, el Dr. Roberto Mertins Murúa, profesor en la Universidad Rafael Landívar y director del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica - CCE/G fue asesinado tras haber condenado públicamente en Televisión Española este suceso.